Es una orden convalidada por Javier Milei. Luis Caputo y todos los ministros que tienen vinculación con el proceso de formación de precios deben tomar decisiones que tiendan a eliminar la intermediación. La promesa de cambio, todavía en estado inicial, es ambiciosa: promete reformar la manera en la que se compran las cosas en la Argentina para generar una especie de democracia comercial directa.
El ministro de Economía se lo toma en serio. Desde principios de año discutió en reuniones semanales de seguimiento con Pablo Lavigne (coordinador del área de Producción), Javier Cardini y Esteban Marzorati, entre otros, la alternativa para que los consumidores puedan comprar productos sin IVA fabricados en Tierra del Fuego.
El objetivo es que paulatinamente, entre el 10 y el 15 de agosto, los fabricantes les vendan de forma directa a los consumidores celulares, heladeras y aires acondicionados mediante courier a un 20% menos que el precio actual. Es el nacimiento del sueño de un Amazon criollo que permita comprar por Internet, más barato, productos locales que compitan con los internacionales en una pelea despiadada por las ventas.
Los funcionarios que participaron del diseño de esta norma, de hecho, se imaginan un aluvión de productos fueguinos comercializados a través de Mercado Libre. Saben, sin embargo, que llevará tiempo.
El cambio de época es total. A los funcionarios de Economía les gustaría que cada vez más argentinos tengan instalada en su teléfono la aplicación de la empresa de Jeff Bezos, algo que aún no se generaliza pese a las medidas de apertura. Lo toman como un indicador de normalidad en un país acostumbrado a vivir con restricciones en el comercio.
Es una mirada opuesta al modelo dominante de los últimos 20 años, con la interrupción del macrismo. Donde Cristina Kirchner y Axel Kicillof ven un industricidio, Milei y Caputo observan la creación de una oferta más amplia, heterogénea y directa que ayudará al control de la inflación.
A tal punto están convencidos de eso, que lo miden semana a semana. Lavigne es el encargado de centralizar un monitor periódico que analiza la convergencia de los precios de la Argentina con el mundo. El documento muestra un acercamiento paulatino de ciertos valores al contexto internacional.
Aunque la Argentina sigue cara en dólares, ciertos productos están bajando en moneda dura. La expectativa oficial es que, por los mecanismos de transmisión de la economía, la apertura colabore.
Hay motivos para pensar que la receta tiende a funcionar. El mes que acaba de terminar fue el peor para el peso desde la salida parcial del cepo cambiario, en abril pasado. El dólar subió 13%. Sin embargo, la expectativa es que la inflación de julio, que se conocerá en los próximos días, casi no lo haya notado y ronde el 2%, en la línea de las últimas cifras. Nadie puede asegurar que esa tendencia se mantenga en agosto, pero no hay tampoco demasiado temor oficial.
Así, julio puede haber empezado a abrirle la puerta a un fenómeno infrecuente en el país. El propio Caputo celebró a mediados de la semana este desacople, embrionario y sin un futuro garantizado. Lo mencionó como una “daga” para la oposición.
Más allá del juego político permanente, la convivencia entre salto cambiario y desacople de precios le permitió al equipo económico llevar al peso a un nivel menos lascivo para la producción local.
¿Qué hay detrás de este fenómeno de valores insensibles ante el aumento del dólar? Desde empresas de consumo masivo hasta vendedores de productos tecnológicos creen que no hay espacios para aumentos sustanciales por las dificultades para vender que enfrentan. Para el Gobierno, en cambio, se debe al ordenamiento libertario y la apertura de importaciones.
Incluso algunos empresarios consideran que a principios del año próximo se extinguirá la discusión por los precios locales en comparación con los internacionales por la reducción de impuestos y la convivencia con una oferta mundial infinita.
El incipiente desacople del dólar con los precios, sin embargo, está lejos de darle tranquilidad al Gobierno, que profundizó su pelea contra la divisa, cisne negro habitual de los oficialismos, en especial en períodos electorales. Es una lucha sin tregua, pero la Casa Rosada espera que dure poco.
A mediados de la semana, Economía convalidó tasas de interés mensuales de 4,28%. Dicho brutalmente, está otorgando un premio que duplica a la inflación para evitar que los pesos vayan al dólar y terminen aumentando aún más el tipo de cambio. No lo está logrando en la dimensión que le gustaría.
El Gobierno se entusiasma con que la pelea solo se extienda hasta las elecciones de octubre. Incluso, podría tener un respiro en septiembre, si es que saca un resultado positivo frente al presidenciable opositor Axel Kicillof. La lógica subyacente es que las variables que hoy están bien mejorarán con la ayuda de la política y corregirán a otras más rebeldes, como el tipo de cambio. Un tropiezo nacional, en cambio, profundizaría la tendencia contraria.
Julio dejó otra evidencia. Aún es muy temprano para desechar la ortodoxia económica, según acumular reservas es importante para el país. Esa necesidad trasunta por diversas terminales. Una de ellas provocó cambios en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una entidad que iba camino a la desaparición hasta que Diego Chaher, encargado de privatizar empresas designado por Santiago Caputo, rescató parcialmente porque quiere sumarle algunas tareas.
Hace algunos días se fue envuelto en un clima de tensión Marcelo Posse, que en la gestión de Mauricio Macri había conducido Casa de Moneda y cuyo retorno a la función pública fue habilitado por Juan Pazo, hombre de confianza de Luis Caputo.
Si bien Pazo dejó el Ministerio de Economía para manejar ARCA, el estratégico organismo recaudatorio, aún controla los destinos del BICE. Habilitó la llegada de Wálter Ramos en lugar de Posse como gerente general. En el enroque asumió Maximiliano Voss como presidente. En el establishment lo mencionan como una persona de confianza de Pazo más allá de sus anteriores intereses políticos, ya que fue funcionario del Frente de Todos en Pilar.
Ramos y Voss llegan con una misión concreta: hacer que el banco de inversión se convierta en un tasador preciso, eficiente y rápido para ponerle un precio de venta a las empresas del Estado que el Gobierno se quiere sacar de encima a cambio de dólares. Es una de las murallas con las que se encuentra el equipo designado por Caputo para acelerar las ventas.
Chaher tocó varias puertas para ofrecer el trabajo. Fue primero al Tribunal de Tasaciones de la Nación. Allí le dijeron que solo pueden evaluar stocks (es decir, bienes concretos), pero no flujos (una estimación de cuántos recursos puede generar un negocio), un elemento clave para sacarles más rédito a las compañías. También cosechó un rechazo en el Banco Ciudad. Por eso, terminó insistiendo con el BICE.
La búsqueda de una sintonía fina con respecto a la venta de empresas, que el Gobierno parece no haber encontrado aún, pone en evidencia su necesidad de sumar dólares a sus reservas. Hasta hace muy poco tiempo, integrantes sobresalientes del equipo económico negaban esa necesidad. Su mirada parece haberse modificado tras los sucesos cambiarios de los últimos 45 días.
Con una suba rápida del dólar, el ministro Caputo priorizó otro tipo de comunicación. Avisó que el Tesoro compró US$1500 millones en un mes y anticipó un cambio en las metas de reservas con el FMI que, a su entender, sería bien tomado por el mercado. Quedaron atrás los tiempos en que se desestimaba la utilidad de que el país tuviese un mayor nivel de reserva.
Se trata de un reconocimiento doble. El Gobierno toma sus precauciones para convivir con el cisne negro de casi todos los procesos electorales y seguirá más de cerca algunas recomendaciones técnicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El último informe del organismo arroja pistas cruciales sobre el futuro de la Argentina: empeoró su pronóstico con respecto al resultado de la cuenta corriente a fines de este año. Pasó de un déficit de US$2.700 millones a casi US$12.000 millones, entre otras cosas, por el aumento de importaciones con las que la Casa Rosada, en algunos casos, busca combatir los precios.
Si se le suman otras obligaciones del Estado, es cada vez más claro que el Gobierno deberá seguir golpeando nuevas puertas para conseguir divisas. Es, también, la confirmación de que el dólar, en sentido amplio, seguirá siendo una incomodidad para el proyecto libertario durante los próximos años.
