El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno la urgente adopción de medidas en relación con los menores no acompañados radicados en Canarias -más de un millar- y que están interesados en solicitar asilo. En caso de incumplimiento de lo ordenado advierte sobre la imposición de medidas coercitivas a quienes sean responsables de la adopción de las medidas.
La Sala, tras la vista celebrada el día 29 de mayo, constata el “claro incumplimiento” de la medida cautelar acordada el 25 de marzo pasado al no haberse evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos, ni elaborado una relación completa y precisa de los mismos, con desconocimiento de los derechos que la legislación relativa a la protección internacional reconoce a los solicitantes de asilo, muy especialmente a los que se encuentran en situación de “vulnerabilidad y necesidad”.
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