El Tribunal Supremo de Brasil (STF, por sus siglas en portugués) ha criticado este martes «los intentos de injerencia política, nacional o internacional», que ha tachado de «injustificables», tras las sanciones por las que Estados Unidos ha retirado el visado al juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes –encargado del proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro– así como a sus «aliados» en el Tribunal y sus familiares.
«La injerencia interna o externa en la libre actuación del Poder Judicial contraviene los pilares del Estado de Derecho, ya que significaría erosionar la independencia, la imparcialidad y la honradez que se exige a los jueces», ha defendido la mesa directiva de la corte en una nota difundida en su web, donde ha destacado que «son injustificables, desde cualquier punto de vista, los intentos de injerencia política, nacional o internacional, en su funcionamiento y en la actuación independiente de sus miembros».
El mensaje –firmado, entre otros, por el presidente del Tribunal, Antonio Herman Benjamin– ha llegado apenas cuatro días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenara la revocación del visado al juez Alexandre de Moraes, a sus «aliados» en el Tribunal y sus familiares, después de que el magistrado ordenara la imposición de medidas cautelares contra Bolsonaro por la financiación de una trama en Estados Unidos para defender su inocencia.
En este sentido, la cúpula del aparato judicial brasileño ha subrayado que «presionar o amenazar a los jueces (y a sus familiares) con la esperanza de que cambien o distorsionen la aplicación de la ley debilita y deslegitima la esencia de un modelo de justicia basado en la máxima de que la ley vale y debe valer, con el mismo peso, para todos». En consonancia, destacado que el «proceso civil y penal prevé una amplia gama de recursos», por lo que «existen sólidos mecanismos de controles y contrapesos que garantizan la integridad y la seriedad del sistema judicial».
El texto defiende de esta forma la soberanía del país, «condición innegociable en Brasil y en todo el mundo», y ha destacado que » Los jueces federales y estatales brasileños son elegidos por mérito, tras aprobar un difícil concurso público nacional». «El Poder Ejecutivo no controla –y sería impensable que lo intentara– el funcionamiento del Poder Judicial, ya sea para paralizar juicios o para orientar el resultado de los mismos», ha subrayado.
«En las relaciones con otros países, según los términos de la Constitución de 1988, nuestro comportamiento se rige por la igualdad entre naciones, la no intervención y la solución pacífica de conflictos», reza la nota publicada, que refleja que, «entre los principios consagrados en la Constitución, se encuentra, en el artículo 1, el respeto a la soberanía, la nuestra y la de los demás».
