El futuro legal de los condenados quedará definido una vez que el Tribunal Supremo Federal publique la sentencia definitiva, cuya fecha aún no se ha señalado y que determinará el momento y lugar de reclusión de Jair Bolsonaro y otros implicados en la trama de 2022. Según informó el medio, el exmandatario brasileño fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión como principal responsable de la tentativa de golpe de Estado que buscaba mantenerlo en la presidencia, junto con la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta ocho años después de cumplir su pena, lo que prolongaría la exclusión política de Bolsonaro hasta el 2060.
De acuerdo con la información presentada por el Tribunal Supremo Federal (STF) y replicada por diversos medios, las solicitudes de aclaración impulsadas por la defensa de Bolsonaro y de los exministros Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto (Defensa), Anderson Torres (Justicia) y el exalmirante Almir Garnier, también acusados en el mismo proceso, no recibieron el apoyo de ninguno de los jueces de la Primera Sala del STF. Esta decisión adoptada el domingo, detalla la nota, ratifica las penas dictadas para el grupo y cierra la vía de los recursos ordinarios, dejando pendiente únicamente la formalización de la sentencia ejecutoria, la cual habilitará las detenciones.
El medio precisó que la audiencia se llevó a cabo tras el plazo legal para analizar los recursos y luego de que los magistrados habían hecho públicas sus opiniones la semana anterior. De los cinco miembros de la Primera Sala, sólo votaron cuatro magistrados debido al traslado de Luiz Fux a la Segunda Sala, que, tras haber defendido la absolución de Bolsonaro, dejó de formar parte del tribunal competente para el caso.
El rechazo de los recursos presentados incluía no sólo solicitudes para anular la condena, sino también para modificar algunas de las condiciones de cumplimiento, entre ellas la opción de un régimen abierto o limitar las penalizaciones. Todas fueron desestimadas, manteniendo intactas las acusaciones recogidas en la sentencia original emitida por el Supremo. Tal como reportó la fuente, la formulación de la acusación vinculó al exgobernante Jair Bolsonaro con los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, creación de una organización criminal armada, daños agravados y deterioro de bienes públicos y patrimonio histórico.
Uno de los aspectos destacados por el STF y consignado por los medios, radica en la extensión de la inhabilitación de Bolsonaro para ejercer funciones públicas, que dependerá del cumplimiento íntegro de la pena principal. Según estos cálculos, si la sentencia se mantiene en los términos actuales y sin futuras reducciones, Bolsonaro quedaría fuera de la vida política hasta cumplir 105 años. Dentro del grupo de procesados figuran altos exresponsables civiles y militares del gobierno previo, lo que extiende las consecuencias judiciales a varios rangos del aparato estatal.
El caso sentó un precedente por la magnitud de la condena y por el rechazo frontal a intentos de alterar el orden constitucional luego de los hechos registrados en 2022. Las acciones judiciales se han concentrado en el papel de Bolsonaro y su círculo en la organización de una estructura para retener el poder a través de medios ilegales, considerando agravantes como el uso de la fuerza y el deterioro de bienes públicos emblemáticos.
El proceso se ha desarrollado en un marco de máxima atención mediática y seguimiento internacional, dado el perfil de los condenados y la relevancia de la intentona de 2022. Según detalló el medio, las próximas etapas dependerán de la publicación de la sentencia definitiva, que se espera incluya instrucciones sobre la ejecución de las penas y el destino de los acusados, aunque aún no hay un cronograma disponible. Desde el fallo, las penas impuestas, sumadas a la inhabilitación, cierran por largos años las oportunidades políticas para Bolsonaro y someten a escrutinio los movimientos futuros de los integrantes del exgabinete, quienes también deben cumplir las sanciones impuestas en este dictamen de primera instancia.
