El Tribunal Supremo de Israel ha dictaminado que las autoridades penitenciarias no están alimentando adecuadamente a los denominados «presos de seguridad» palestinos y le insta a tomar medidas para que tengan alimentos suficientes «para poder cubrir sus necesidades básicas».
La denuncia fue presentada en abril de 2024 por la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ADCI) y por la organización Gisha y en ella alegan que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, y el Servicio de Prisiones de Israel habían reducido deliberadamente las raciones de los presos para que pasaran hambre.
Los jueces Daphne Barak-Erez, Ofer Grosskopf y David Mintz han aprobado por unanimidad que el Servicio de Prisiones de Israel tiene la obligación legal de proporcionar alimentos a los presos para garantizar «un nivel básico de existencia», aunque Mintz cuestiona que se esté incumpliendo esta obligación.
«Hay que recordar los dolorosos testimonios de los rehenes (israelíes) liberados que demuestran que un régimen alimentario más estricto (para los presos palestinos) no mejora la situación de nuestros hermanos secuestrados que siguen en cautividad e incluso la agrava», ha apuntado Barak-Erez. Mintz, por contra, considera que tienen un nivel aceptable de nutrición.
ADCI ha recordado que esta práctica ha durado casi dos años en los que «las prisiones de Israel se han convertido en campos de torturas», lo que, según testimonios de rehenes israelíes liberados en Gaza «ha provocado que sufrieran más abusos», ha argumentadoun abogado del grupo, Oded Feller. «Un estado no hace pasar hambre a nadie», ha remachado.
«EL SUPREMO PROTEGE A LOS TERRORISTAS»
Tras conocerse la sentencia, el propio Ben Gvir ha cuestionado que los jueces firmantes sean «de Israel» y ha denunciado que el tribunal «por desgracia protege a los asesinos y abominables violadores de Nujba», las fuerzas especiales de las milicias de Hamás.
«Se van a respetar las condiciones más mínimas contempladas por la ley» para los presos, ha indicado el ministro y líder del partido ultranacionalista Poder Judío, que se ha lamentado por que los 48 israelíes secuestrados en la Franja de Gaza no tengan a un Tribunal Supremo que los defienda.
También el ministro de Justicia, Yariv Levin, ha cargado contra la sentencia «de dos jueces del Supremo que obligan a dar más comida a los peores terroristas mientras los rehenes pasan hambre en los túneles».
El estado demacrado y visiblemente famélico de los presos palestinos liberados por Israel en los intercambios previos por rehenes secuestrados en la Franja de Gaza tras el ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 provocaron críticas de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.
