El Tribunal Supremo de Israel ha solicitado al gobierno de Benjamin Netanyahu que justifique la decisión de crear una comisión integrada principalmente por miembros del propio gabinete para investigar el ataque del 7 de octubre de 2023. Según la información difundida por el medio, la máxima instancia judicial del país requirió que se argumenten las razones por las cuales no se ha optado por una comisión independiente, como prevé la Ley de Comisiones de Investigación de 1969, lo que ha generado un debate en torno a la transparencia y autonomía del proceso investigador.
De acuerdo con la cobertura publicada, el Supremo ha recordado que la legislación israelí indica que las comisiones encargadas de revisar incidentes de gravedad deben formarse de manera que garanticen independencia, profesionalismo e imparcialidad. Además, la misma normativa designa al presidente del Tribunal Supremo para seleccionar a los miembros de estos paneles, a fin de evitar conflictos de interés. No obstante, el enfoque adoptado por el ejecutivo establece una comisión liderada por el ministro de Justicia, Yariv Lenin, del partido Likud, e incorpora a ocho ministros, entre los cuales figuran los dirigentes de partidos ultranacionalistas, Itamar Ben Gvir de Poder Judío y Bezalel Smotrich del Partido Nacional Sionismo Religioso.
Tal como detalló la fuente, la composición de la comisión ha recibido críticas por parte de la oposición israelí y de asociaciones que representan a víctimas del ataque, quienes argumentan que estos ministros eran miembros del gabinete en ejercicio el propio 7 de octubre, situación que, a su juicio, compromete la objetividad de cualquier investigación sobre la gestión y las decisiones del gobierno antes, durante y después del ataque ejecutado por milicias palestinas.
El medio subraya que la polémica se alimenta porque la única figura dentro del panel que no formaba parte del gobierno al momento del ataque es una excepción dentro de un grupo homogéneo cuyas decisiones y responsabilidades resultarán objeto de la investigación. Las organizaciones y familiares afectados por los acontecimientos han señalado que este diseño institucional limita la credibilidad y la autonomía de los resultados que pudieran arrojarse.
El Tribunal Supremo ha fundamentado su requerimiento en el objetivo de impedir posibles conflictos de interés y de satisfacer la demanda ciudadana de una revisión exhaustiva y transparente sobre los hechos del 7 de octubre. Según reportó la publicación, la corte ha dado plazo a las autoridades para que presenten los argumentos oficiales que respalden la decisión gubernamental ante las crecientes voces que exigen una investigación al margen de cualquier influencia política directa.
Entre los elementos destacados por el reporte figura que la Ley de Comisiones de Investigación de 1969, citada por los jueces, fue concebida precisamente para que los procesos fiscales de este tipo cuenten con garantías legales de imparcialidad, siendo esta una de las demandas centrales de la sociedad tras un suceso que marcó la seguridad nacional israelí.
Además de las críticas expresadas por los partidos de oposición, agrupaciones de familiares y víctimas han comunicado su preocupación ante la posibilidad de que las conclusiones del panel resulten condicionadas por la pertenencia de sus miembros al gobierno evaluado. Según ha subrayado el medio, sectores relevantes de la sociedad consideran que se requiere una revisión independiente y con plena potestad de convocar a testigos, acceder a documentación y someter a escrutinio las decisiones del gabinete en funciones.
El anuncio de la comisión se realizó a principios de la semana y, desde entonces, la controversia ha ido en aumento. Reportes consignados por el medio mencionan que el nombramiento de figuras identificadas con la línea de defensa política emprendida tras el ataque, así como por su pertenencia a formaciones ultranacionalistas, ahonda la preocupación por la falta de diversidad de perspectivas dentro del organismo.
La intervención del Tribunal Supremo se interpreta, según analistas consultados por el medio, como un llamado institucional a seguir los procedimientos legales establecidos y a garantizar la confianza pública en las investigaciones sobre incidentes que afectan la seguridad y la integridad del Estado. Los próximos pasos dependerán de la respuesta formal del gobierno, la que tendrá que incluir una explicación detallada sobre los motivos para privilegiar una investigación bajo control ministerial en vez de una comisión independiente.
La cobertura destaca que la exigencia del Supremo no determina aún la composición final del panel, pero establece un precedente al cuestionar la idoneidad de los mecanismos propuestos por el ejecutivo. Los debates continuarán desarrollándose en la arena política y judicial de Israel en tanto crecen las reclamaciones por una indagación que logre satisfacer las expectativas de rigor e imparcialidad de la opinión pública.
