El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar al exministro José Luis Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Así consta en un auto, dictado este mismo lunes y recogido por Europa Press, en el que el instructor da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares –lideradas por el PP– para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias.
Para Puente, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
El instructor considera que los tres «se concertaron, muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro del Gobierno de España, para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia».
Puente ha dado este paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
En aquel momento, el magistrado advirtió de que la investigación sobre las obras públicas estaba en fase «muy incipiente», pero la relacionada con los contratos de mascarillas estaba muy avanzada, «siendo previsible la pronta terminación de la fase de instrucción correspondiente» a esa parte.
Ahora, el instructor sostiene que «existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que De Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados Ábalos y García, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos».
Indica que también hay indicios de que Ábalos y Koldo «recibieron dichas retribuciones económicas, en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía, y como contraprestación a dichas conductas desleales», añadiendo que García pudo recibir algunas vía República Dominicana.
Según Puente, De Aldama –empresario y presunto conseguidor del ‘caso Koldo’– estaba encargado de «la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí».
De Koldo señala que, «aprovechando su condición de asesor del ministro y la confianza absoluta de éste», se encargaba «de realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables».
DESCARTA QUE ÁBALOS NO SUPIERA LO QUE HACÍA KOLDO
El magistrado apunta que Ábalos, en connivencia con ellos, podría haber determinado la adquisición, durante la pandemia y a través de entidades dependientes de Transportes como Puertos del Estado y Adif, de partidas de mascarillas a cambio de recibir una «indebida compensación económica» del empresario.
Respecto al empresario añade que, «aprovechando la relación personal que le unía con Ábalos y García, «pudo haber obtenido información previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia» que le permitió hacer «una oferta para asegurar la perfección del contrato» a favor de la empresa Soluciones de Gestión.
La oferta fue «promovida en el ámbito de sus responsabilidades profesionales por el propio ministro, sirviéndose para las gestiones ordinarias de los oficios de su asesor», según el auto.
Y fue «aceptada» tanto por Puertos del Estado, que adquirió ocho millones de mascarillas, como por Adif, que compró cinco millones, siendo Koldo «quien trasladó a los responsables de Puertos del Estado la oferta y quien desbloqueó la situación en favor de los intereses que indebidamente promovía, siempre con el conocimiento y aprobación de Ábalos».
El instructor indica que las empresas públicas elegidas fueron «aquellas que el ministro entendió que se encontraban en mejor situación de liquidez financiera».
Además, incide en que la orden ministerial para comprar a través de Puertos del Estado, dictada el 20 de marzo de 2020, fue proyectada inicialmente para cuatro millones de mascarillas, pero el pedido se duplicó media hora después «por imposición de De Aldama, contando con la aprobación de Ábalos y García». Y agrega que, días más tarde, se hizo con Adif «el mismo procedimiento y bajo idéntico impulso».
El magistrado considera «enteramente descartable» que el exministro, «a quien realmente correspondía la capacidad de decisión», no tuviera conocimiento y no aprobase la actuación de su asesor.
Y menciona que al empresario se le intervino una «hoja de Excel» con anotaciones sobre los gastos que se generarían en la operación y en la que «se consignaba junto a al nombre ‘El Gran’ la cantidad de 2.000.000», que era «el beneficio que reclamaba Ábalos por la adquisición de las mascarillas», y junto «a la expresión ‘Gobblins casa’ la cifra de 500.000 euros, las pretensiones económicas que en aquella operación tenía García».
DE LA EX DE ÁBALOS A LAS GESTIONES SOBRE AIR EUROPA
El instructor del Supremo apunta al «pacto» entre los tres investigados para «la comisión de sucesivos hechos delictivos» y entre los indicios por los que propone sentarles en el banquillo sitúa que De Aldama «entregaría periódicamente determinadas cantidades de dinero a García y Ábalos», lo que «viene también corroborado por la investigación patrimonial realizada» tanto al exministro como a su exasesor, con ingresos no justificados.
Puente ve «muy relevante» la «muy estrecha y extraordinariamente inusual conexión» entre los patrimonios de Ábalos y Koldo, recordando que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil plasmaron en el informe patrimonial del exministro que García «habría venido haciéndose cargo de gastos que inequívocamente correspondían de forma personal al que fuera ministro», como los relativos a la pensión de alimentos de uno de sus hijos, viajes, regalos, pagos a una empleada, aportaciones a la fundación Fiadelso, «todos ellos por un importe final de 94.883,63 euros».
«Los injustificados pagos, efectuados por García o personas de su entorno familiar en beneficio personal de Ábalos, como se ha dicho, no consta fueran reintegrados de ningún modo por éste a aquél», según la documentación de sus cuentas bancarias, expone.
El instructor añade que, «de haberlo sido en metálico, la procedencia de este dinero cohonestaría plenamente con la existencia de una fuente irregular de ingresos que derechamente enlaza con las referidas declaraciones de De Aldama» en sede judicial.
También incluye como indicios el alquiler del piso en Plaza de España para Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos; la contratación de la joven y de otra mujer, Claudia Montes, en empresas públicas, y la tramitación de certificados de movilidad para conocidos para eludir las restricciones por la pandemia.
Asimismo, incluye las «gestiones» para el rescate de Air Europa, otras en favor de la empresa de hidrocarburos Villafuel y para el disfrute del chalet de La Alcaidesa (Cádiz), y para el fraccionamiento de una deuda tributaria que mantenía una empresa de De Aldama.
