La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha imputado este lunes tres cargos de crímenes contra la humanidad al expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por su supuesta implicación en la muerte de más de 70 personas en el marco de las operaciones contra las drogas durante su mandato como mandatario (2016-2022) y como alcalde (2013-2016).
«Duterte y sus cómplices compartían un plan o acuerdo común para ‘neutralizar’ a presuntos delincuentes en Filipinas (incluidos aquellos percibidos o presuntamente asociados con el consumo, la venta o la producción de drogas) mediante delitos violentos, incluido el asesinato», reza un escrito del organismo con fecha del pasado 4 de julio y difundido este lunes.
El exmandatario de 80 años, que se encuentra detenido en La Haya desde el pasado marzo, ha sido acusado formalmente de haber sido «coautor indirecto» de 19 asesinatos entre 2013 y 2016, cuando fue regidor de la localidad de Dávao, mientras que los otros dos cargos imputados se refieren su etapa al frente del país.
En este sentido, los fiscales han relacionado a Duterte con 14 asesinatos denominados «objetivos de alto valor» en 2016 y 2017, y con otros 43 en operaciones de «limpieza» de presuntos delincuentes entre esos años y 2018. Estas operaciones incluyeron «miles de asesinatos, que se perpetraron de forma sistemática a lo largo de todo el periodo», han señalado en el documento.
La vicepresidenta del país e hija de Duterte, Sara Duterte, ha acusado horas antes al TPI de «sustraer de forma forzosa» al exmandatario en vez de facilitar que «fuera juzgado» en el país, respaldando la postura del detenido, que asegura que el caso es «una caza de brujas».
La defensa de Duterte ha alegado que el expresidente filipino carece de acceso a un abogado y no es más que el objeto de una serie de medidas puestas en marcha por la actual Administración para «neutralizar» su «legado».
Filipinas, cabe recordar, se incorporó al TPI en noviembre de 2011, pero en 2018 presentó una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019. No obstante, la corte ha mantenido la competencia respecto de los presuntos crímenes que se habían cometido en Filipinas mientras era Estado Parte, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.
