La sentencia definitiva del Tribunal Supremo italiano en el caso Open Arms generó reacciones contundentes dentro y fuera del país, principalmente de la organización humanitaria Open Arms, que denunció la ausencia de responsables legales por las condiciones a las que estuvieron sometidos 147 migrantes durante casi tres semanas en aguas del Mediterráneo. Según consignó AdnKronos, la ONG remarcó que “la sentencia definitiva del Tribunal Supremo italiano ha establecido que nadie es responsable del infierno que vivieron esas 147 personas, que durante 19 días permanecieron en el mar sin un puerto seguro donde desembarcar”, subrayando que para la organización judicialmente puede cerrarse el proceso, pero su labor y reivindicación continúan abiertas.
El fallo del Tribunal Supremo de Italia ratificó la absolución de Matteo Salvini, actual ministro de Transporte, por los hechos ocurridos en agosto de 2019, cuando como ministro del Interior impidió el desembarco de los migrantes rescatados por el barco de la ONG española frente a la isla de Lampedusa. El proceso, que se prolongó durante cinco años, había adquirido amplia notoriedad tanto en la arena nacional como internacional por representar un episodio emblemático de la política migratoria italiana y por involucrar los límites de actuación ministerial en la gestión de fronteras, de acuerdo con la información de AdnKronos y medios internacionales.
Durante aquella crisis, Open Arms había demandado la asignación de un puerto seguro para desembarcar más de 160 personas, de las cuales 27 eran menores, tras rescates realizados en tres operativos distintos en el Mediterráneo central. El buque quedó retenido en el mar durante cerca de veinte días, con siete de estos a la espera en las cercanías de Lampedusa, en plena confrontación política y judicial con el gobierno italiano, que aplicaba una política de “puertos cerrados” bajo el liderazgo de Salvini.
Según explicó AdnKronos, la decisión del Supremo fue consecuencia directa del recurso presentado por la Fiscalía de Palermo, que buscó saltar etapas intermedias de apelación para que el máximo tribunal abordara el caso dada la gravedad de lo que consideraban daños a los migrantes afectados. Esta fiscalía había solicitado una condena de seis años de prisión para Salvini, centrando sus argumentos en la supuesta desproporción de la medida adoptada y en la falta de un riesgo real que justificara mantener a los migrantes dentro del barco durante tanto tiempo.
La defensa liderada por la abogada Giulia Bongiorno, según citó AdnKronos, sostuvo que el juicio “ni siquiera debería haber comenzado”, y que la resolución confirma la postura de defensa nacional impulsada durante toda la causa. Bongiorno afirmó: “Este es un juicio que ni siquiera debería haber comenzado, y esta resolución definitiva pone de manifiesto lo que argumenté en mi defensa: la apelación de la Fiscalía estaba completamente fuera de lugar”.
Por su parte, Matteo Salvini se expresó tras la sentencia a través de la red social X, donde escribió: “Cinco años de juicio: defender las fronteras no es un delito”, acompañando el texto con una fotografía levantando el puño. La reacción buscó remarcar su línea política y confirmar que, según su interpretación, la labor de un ministro en defensa de las fronteras nacionales se situó dentro del marco legal.
El medio AdnKronos detalló que la resolución del Supremo se sustentó en la consideración de que Salvini actuó en ejercicio de sus competencias ministeriales, y que dichas acciones no constituyeron delito según la jurisprudencia italiana vigente. Esta decisión ratificó el veredicto previo de un tribunal de Palermo, que a finales de 2023 había rechazado la petición fiscal y eximido a Salvini de responsabilidad penal en el manejo de la crisis provocada por el Open Arms.
En el ámbito político, la primera ministra Giorgia Meloni también se pronunció valorando la confirmación judicial, indicando que el fallo ratifica “un principio simple y fundamental: un ministro que defiende las fronteras italianas no comete un delito, sino que cumple con su deber”. La postura del Ejecutivo italiano continúa alineada con una política migratoria restrictiva, que durante aquellos años reforzó los controles y limitó la operatividad de las organizaciones involucradas en tareas de rescate en el Mediterráneo, conforme describió AdnKronos.
La ONG Open Arms expresó su desacuerdo al considerar que la resolución judicial deja impune “la elección de la propaganda y el poder en lugar de la humanidad”. La organización insistió en que “se puede ser absuelto en un tribunal, pero no de la responsabilidad de haber elegido la propaganda y el poder en lugar de la humanidad”.
La cobertura de AdnKronos describió el contexto del enfrentamiento entre el gobierno italiano y Open Arms, enmarcado en el debate sobre el alcance de las competencias estatales en materia de migración, la gestión de los flujos migratorios y la defensa de los derechos fundamentales de quienes quedan en situación de vulnerabilidad en el mar. Las ONG y organismos internacionales subrayaron durante el incidente las consecuencias que la negativa de desembarco tuvo para los migrantes y llamaron reiteradamente tanto a instancias italianas como europeas a encontrar vías de solución humanitaria.
El caso también adquirió relevancia internacional, pues durante las jornadas de espera se generaron presiones diplomáticas y movilizaciones civiles para que los migrantes pudieran desembarcar. La intervención de la justicia italiana, que finalmente permitió este desembarco y dio origen a la investigación sobre Salvini, ilustró las tensiones existentes entre los deberes de protección de personas y las prerrogativas gubernamentales respecto al control de fronteras.
El fallo que sella el proceso deja como precedente la validación de la política de las autoridades italianas en un contexto de endurecimiento de posturas frente a la llegada de migrantes y refugiados por vía marítima, un escenario que ha marcado la agenda nacional en materia de seguridad frontera y respuesta humanitaria. Según AdnKronos, el debate sobre este equilibrio continúa presente en la sociedad y la política italiana, reflejando la complejidad que episodios como el del Open Arms mantienen en la escena pública y jurídica.
