Quedan 90 días y los involucrados en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires empiezan a mostrar ansiedad y, también, preocupación. Por primera vez en 42 años de democracia, los bonaerenses irán a las urnas para votar exclusivamente cargos provinciales y municipales. Es una experiencia inédita, histórica y que demanda una serie de definiciones que, algunas, todavía no se tomaron.
Hay cuestiones de organización, pero también definiciones políticas que parecen sumergidas en el barro de las internas que atraviesan al oficialismo y a la oposición. Pero el tiempo corre y las decisiones clave siguen a la espera. El foco está en la Junta Electoral bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof y en los partidos, que permanecen ensimismados en sus lógicas, mientras 15 millones de votantes aguardan que se empiecen a despejar incertidumbres.
Infobae accedió en exclusiva a los detalles de un convenio tripartito que es central para la puesta en marcha de la organización de las elecciones y que todavía no se puso en marcha. Lo deberían firmar, protocolizar y empezar a ejecutar la Junta Electoral, que preside la jueza Hilda Kogan; el Ejecutivo bonaerense; y el Juzgado Federal con competencia electoral de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla.
Ese convenio macro, que permite activar decisiones organizativas, no es lo único que permanece en stand by. La Junta Electoral recién esta semana convocará a los responsables de los partidos para ponerse de acuerdo en algo tan básico como el formato de las boletas. Y es una cuestión que promete abrir una batalla política si, como trascendió, el peronismo propone el blanco y negro.
“Es una estafa a los votantes si pretenden hacer eso. La Libertad Avanza va a presentar todos los recursos que sean necesarios para que se permita usar el color violeta. Toda la vida se votó con colores, más allá de que esta vez las elecciones sean desdobladas, si el peronismo quiere hacer trampa, vamos a hacer todas presentaciones que correspondan”, reveló a este medio uno de los dirigentes de LLA bonaerense.
Fuentes de la Junta Electoral de la provincia -que este lunes difundió un comunicado con la obligatoriedad de garantizar el cuarto oscuro accesible para personas con discapacidad- anticiparon que el formato de las boletas y el uso o no de colores se va a resolver esta semana.
Aunque parece una cuestión menor, es un detalle que, a escala, explica el conjunto. Y que empieza a preocupar a los expertos en materia electoral, que están observando el devenir de un proceso único y que supone un alto riesgo.
“Podemos estar ante un problema serio si las elecciones no salen bien. El desdoblamiento es una aventura y veremos cómo termina”, reconoció en diálogo con este medio una fuente calificada involucrada en la organización. El temor principal es que una experiencia negativa en la Provincia -que concentra el 35% de los votantes del país- puede convertirse en un antecedente que agudice el ausentismo en los comicios nacionales del 26 de octubre.
El convenio y la votación
En las últimas semanas, la Junta Electoral bonaerense solicitó cooperación y asistencia al Juzgado Federal N° 1 de La Plata para organizar las elecciones. Fue el mismo camino que, antes, había hecho el gobierno de Kicillof, que fue a la Casa Rosada para pedir ayuda en la seguridad de los comicios, y se llevó el compromiso de que Gendarmería ayudará a la Policía Bonaerense.
De acuerdo con lo que pudo confirmar Infobae, la Junta bonaerense pidió asistencia y el juzgado se comprometió a darla, previa autorización de la Cámara Nacional Electoral. “El juzgado dijo ‘puedo hacerlo’, pero hubo una advertencia de que esa colaboración no implique una intervención federal en una elección provincial; en eso hay que tener mucho cuidado”, aclararon las fuentes.
Así, el ámbito de la Justicia Federal con competencia electoral no actuará ni como responsable del proceso -desde la organización, la logística, la seguridad y el escrutinio- ni como tribunal de alza o como “dirimente” sobre lo que ocurra antes, durante ni después de las elecciones del próximo 7 de septiembre.
Lo único que estableció el acuerdo es una colaboración y cooperación, a pedido de la Junta Electoral y con aval del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y se definió de manera precisa cada una de las funciones y tareas que desarrollará el personal que aportará la Justicia Electoral Nacional.
El acuerdo, según pudo confirmar Infobae, estableció que se pondrán a disposición las bases de datos de los padrones de los electores depurados, corregidos y consolidados, la convocatoria de autoridades de mesa, la capacitación, y la contratación de personal para una serie de actividades esenciales para la votación.
Más allá de las cuestiones materiales, todo el proceso electoral implica la movilización de recursos humanos, con conocimiento y experiencia en la materia. Para eso, el convenio fijó la convocatoria de unas 280 personas que estarán a cargo del armado de las urnas con toda la documentación y boletas correspondientes, y el control inicial -una vez que se replieguen esos elementos- de la integridad de esas urnas para iniciar el escrutinio. También, se dispondrá de unos 6.000 delegados para cada centro de votación, que serán el nexo con la Junta Electoral.
Dentro de las urnas se deben “llenar” con las boletas, las boletas testigo, los padrones impresos y el material de librería que se les manda a las autoridades de mesa para poder controlar y cotejar lo que corresponden también a los fiscales.
Asimismo, el acuerdo debe determinar la designación de los inmuebles a ser utilizados como centros de votación -que serán los mismos de los últimos comicios- como así también otras dependencias de mayor superficie para la concentración de las urnas y su posterior repliegue y recuento. Estos lugares deberán ser distintos a los que ya están contratados para la elección del 26 de octubre próximo. “No se pueden mezclar urnas de una elección con otra elección”, aclararon.
El convenio, que se autorizó la semana pasada, involucra unos 6.500 millones de pesos, que se deberían pagar en tres tramos y de cuyo desembolso -a cargo de la administración Kicillof- depende su puesta en marcha.
Ese monto, de todos modos, no contempla el costo de la seguridad, ni la impresión de los padrones, de las boletas, las urnas propiamente dichas, los biombos, material de librería y los otros gastos que demanden los centros de votación y de escrutinio, como tampoco los viáticos de los presidentes de mesa.
“Hay ansiedad de poder empezar a trabajar, porque es mucho lo que hay que hacer. Deberían contemplar si van a tener la suficiente oferta de papel para las boletas y los padrones, por ejemplo. A la hora de establecer un presupuesto, entre la escasez y la urgencia, pueden aparecer las dificultades”, explicaron a Infobae.
“Se va a ayudar con la entrega de los padrones, a armar las urnas, a capacitar, a convocar autoridades de mesa, pero la Justicia Nacional no asume responsabilidad alguna y eso quedó expresamente claro en el convenio. La provincia va a trabajar con los equipos, que estarán enteramente a su disposición”, indicaron.
Hay que tener en cuenta que se trata de una elección muy compleja, porque son 135 municipios que eligen concejales y consejeros escolares. Y que además se votará diputados y senadores provinciales en ocho Secciones Electorales, con candidatos diferentes y, encima, con boleta partidaria de papel. Y todo esto, sin experiencia previa en 42 años de democracia.
La aclaración de debe a que en las elecciones nacionales del 26 de octubre la provincia de Buenos Aires votará con boleta única de papel y una sola categoría, de diputado nacional. “Es más fácil, aunque tampoco hay antecedentes”, admitieron.
Se prevé que la gente va a ir a votar en el mismo lugar que la elección pasada, salvo casos muy puntuales que hayan realizado con suficiente anticipación cambios de domicilios o exista fuerza mayor para reemplazar una escuela o centro de votación. “El objetivo es que la gente se encuentre con la mesa, en lo posible, idéntica el 7 de septiembre y el 26 de octubre”, indicaron las mismas fuentes.
