La decisión adoptada por el Gobierno de Donald Trump de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas despertó una enérgica reacción diplomática en Washington.
En una comunicación pública, la Embajada de Colombia en Estados Unido rechazó la medida, tildándola de “unilateral y discrecional”, y comentó que dicha evaluación desestima los avances verificables logrados entre 2024 y 2025 en materia de incautaciones históricas, destrucción de laboratorios y aumento de extradiciones.
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Como destacó la sede diplomática, estas acciones han impactado las finanzas de las redes criminales, producto de la colaboración estrecha entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la cooperación judicial con EE. UU.
Desde el lado del gobierno colombiano, la respuesta estuvo definida más por una defensa a los esfuerzos realizados y una recriminación directa hacia los cuestionamientos implícitos contra el presidente Gustavo Petro.
El comunicado, que además fue difundido por la entidad diplomática en sus redes sociales, reza que, oficialmente, “en el marco de esta decisión unilateral y discrecional del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia rechaza categóricamente la afirmación de que el país haya incumplido sus obligaciones internacionales, desconociendo los avances sustantivos alcanzados en materia de interdicción, cooperación judicial y transformación de los territorios afectados por economías ilícitas”.
Incluso, se anotó que “Colombia rechaza las alusiones dirigidas al liderazgo político del presidente Gustavo Petro y aquellas que sugieren permisividad o concesiones al narcotráfico en Colombia”.
La administración colombiana recalcó que la lucha contra el narcotráfico ha sido asumida con “determinación, alto costo humano e institucional y un firme compromiso democrático”.
Esta polémica surgió en un momento en que, por primera vez en casi tres décadas, Estados Unidos ha situado de nuevo a Colombia en la lista de países que no cooperan en la guerra contra las drogas.
Estados Unidos atribuye la descertificación a Petro
De hecho, la postura del país político norteamericano es responsabilizar al gobierno colombiano de permitir la descertificación, en medio de un tenso panorama entre las autoridades norteamericanas y el presidente Gustavo Petro, que ha encarado fuertes disputas en contra de los estadounidenses por temas migratorios y con respecto al régimen de Nicolás Maduro.
Petro, incluso ha negado la existencia del Cartel de los Soles, ese frente terrorista y narcotraficante venezolano, que es liderado por el dictador Maduro.
De tal manera, el secretario de Estado Marco Rubio atribuyó esta situación de forma directa a la gestión del mandatario colombiano, y lo calificó de “errático” y afirmar que “Colombia es buen aliado, pero tiene un presidente que no es buen socio en lucha contra cárteles”.
A través del comunicado, el Gobierno enfatizó que el éxito en el combate al narcotráfico no depende solo de las acciones nacionales. “El Gobierno de Colombia subraya que el éxito en esta lucha depende de una corresponsabilidad real que incluya la reducción de la demanda de drogas ilícitas en los países consumidores y el combate al tráfico de armas que fortalece a las organizaciones criminales. La cooperación internacional debe ser entendida como un esfuerzo compartido, orientado a la seguridad regional y global”, expuso la Embajada.
Así, se reiteró la necesidad de replantear la política global de drogas y evitar mecanismos unilaterales de evaluación entre países socios.
Colombia afirmó que Estados Unidos debe considerar a los países consumidores
El pronunciamiento de la casa diplomática hizo especial énfasis en que Colombia continuará con su lucha antidrogas por “convicción e interés nacional” y afirmó que su compromiso de trabajar con aliados, incluido Estados Unidos, para fortalecer estrategias integrales frente al flagelo del narcotráfico.
No obstante, pullaron a la Casa Blanca por cuenta de las aparentes altas tasas de consumo de sustancias ilícitas por parte de sus habitantes. En el comunicado se leyó que “la lucha contra el narcotráfico requiere una visión integral y una corresponsabilidad real entre países, especialmente entre aquellos con altas tasas de consumo. Seguimos considerando indispensable la reducción de la demanda de drogas ilícitas en los países consumidores, así como el combate efectivo y contundente al tráfico de armas que fortalece a estas organizaciones”.
Paralelamente, voces de la opinión pública han calificado la decisión de Washington como un “castigo de carácter político”, como mencionó la internacionalista Sandra Borda en declaraciones a Caracol Radio, que afirmó que se trata de la dimensión diplomática y la tensión entre las administraciones de ambos países.
