No dejan de crecer los problemas para Vito L’Abbate, sus cuatro hijos y el exapoderado de Induplack detenidos y acusados de una megaestafa inmobiliaria con la venta de departamentos de pozo que o no se construían o se vendían en más de una ocasión antes de la finalización, maniobra que dejó cientos de damnificados en una defraudación que supera los 25 millones de dólares.
La jueza Paula González hizo lugar a un requerimiento de la fiscal Mónica Cuñarro y ordenó el embargo preventivo de 60 inmuebles y el secuestro de 17 vehículos con la finalidad de «asegurar la restitución de los bienes que fueron objeto del delito y la reparación económica a las víctimas de la maniobra“. Este embargo comprende 80 nuevos casos documentados y verificados judicialmente.
Además, ya se fijaron las fechas para las nuevas indagatorias que deberán afrontar el jefe del clan; sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago, y Patricio Gastón Flores, apoderado de Induplack Fiduciaria SA y habitual encargado de la firma de los boletos de compraventa, que están procesados con prisión preventiva desde el 10 de abril pasado, y siguen detenidos en la Comisaría 1B de la Ciudad.
En esta ocasión también deberán enfrentar la audiencia prevista en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación los empresarios inmobiliarios Gabriel y Pablo Brodsky, cuya indagatoria había sido solicitada en abril por la fiscal Cuñarro, que cuenta en el caso con la asistencia de la auxiliar fiscal Andrea Martínez, y con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai) y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, respectivamente.
Según informó el Ministerio Público en su portal fiscales.gob.ar, “la decisión judicial fue adoptada el 26 de mayo pasado con base en los bienes identificados por la fiscalía y que se encuentran registrados a nombre de los cinco hombres procesados y de las firmas Induplack Fiduciaria S.A., Icons Tech S.A., Induplack S.A., Cotifun S.A. y Premium S.A. -integradas por los imputados- hasta cubrir la suma de 905 millones de pesos.
Además, la jueza congeló la cuenta bancaria de Induplack Fiduciaria S.A. y dispuso el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, el impuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el de los sujetos obligados del sistema preventivo de lavado de activos respecto de nueve personas y 23 empresas -entre quienes se encuentran los procesados y las firmas investigadas-, al tiempo que ordenó la prohibición de innovar sobre la composición societaria y las participaciones accionarias de otras dos personas jurídicas.
La magistrada consideró, en los términos del artículo 144 del Código Civil y Comercial de la Nación, que la personalidad jurídica no es oponible cuando se la utiliza como “un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona”, por lo que la ley autoriza afectar los bienes inscriptos a nombre de las sociedades utilizadas para cometer los delitos.
El caso
De acuerdo a la investigación desplegada por la fiscalía, los imputados habrían organizado e integrado una asociación ilícita, económicamente sofisticada y jerárquicamente organizada.
Según la imputación, a través de la firma Induplack Fiduciaria S.A -de la cual cuatro de los procesados eran representantes legales y el restante, su apoderado y a su vez presidente de Icons Tech S.A.- administraban fideicomisos para la construcción de inmuebles de propiedad horizontal. Y, con ese esquema, ofrecieron a la venta -por sí o por intermediarios- unidades bajo la modalidad de “venta de pozo”, para lo cual recibieron pagos anticipados y cuotas de los compradores que debían destinar a la construcción de inmuebles.
Cuando se vencieron los plazos convenidos y debieron entregar las unidades, las obras no habían concluido y tampoco se habían realizado los trámites para escriturar los departamentos, lo que perjudicó gravemente a las víctimas, quienes no solo sufrieron pérdidas económicas sino también daños morales significativos, según se precisó en fiscales.gob.ar.
Para la Fiscalía, la conducta de los imputados evidenció un plan de negocios destinado a generar ganancias ilícitas a partir del desvío de los aportes de los compradores.
En mayo de 2023, tres de los integrantes de Induplack Fiduciaria S.A. fueron procesados por siete hechos de desbaratamiento de derechos acordados -maniobra donde existe un negocio válido por la que una persona otorga un derecho sobre un bien a cambio de un precio, pero el trato se ve frustrado por un acto posterior- y, en agosto de ese año, nuevamente se los procesó junto al apoderado -quien intervino en una de las maniobras- por siete hechos de estafa reiterada. En esa ocasión se embargaron sus bienes hasta cubrir la suma de 190 millones de pesos.
La investigación también evidenció que los imputados no solo cumplían funciones en Induplack Fiduciaria S.A. sino que también integraban, al menos, otras veinte empresas del rubro de la construcción, que fueron constituidas tras las denuncias de las víctimas.
Desde diciembre de 2024 hasta la actualidad, ingresaron al juzgado más de cien causas con denuncias contra los mismos imputados. Para la fiscalía esa situación revela que el complejo societario creado por los imputados no tuvo como único fin asegurar el provecho del delito, sino también la continuidad de su ejecución, dado que desplegaron múltiples conductas para evitar las limitaciones derivadas de las medidas cautelares oportunamente adoptadas, tanto en las causas que tramitan ante los fueros civil y comercial como en la investigación en sede penal.
Procesamientos
El 7 de abril pasado, a instancias de las representantes del Ministerio Público Fiscal, la jueza González entendió que los cinco implicados organizaron y tomaron “parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo”, por lo que los procesó por asociación ilícita -a uno de ellos como jefe y a los restantes como miembros- y como coautores del delito de estafa reiterado en 16 oportunidades.
“Con esas preventas, Induplack Fiduciaria S.A. se aseguró la rentabilidad de cada proyecto, atrayendo a los compradores, quienes utilizaban sus ahorros para aprovechar los planes de pago en cuotas que les eran ofrecidos para la adquisición de alguna de las unidades resultantes de la concreción de esos proyectos inmobiliarios. Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para cubrir el costo de la construcción, los imputados desviaron el dinero recibido en su propio beneficio y/o de terceros, perjudicando los derechos de los beneficiarios, que nunca pudieron tomar posesión ni escriturar en término las unidades funcionales que habían comprado”, indicó la jueza en la resolución.
En esa oportunidad también embargó los bienes de cada uno de los imputados hasta cubrir la suma de 905 millones de pesos y dispuso su inhibición general de bienes, en línea con lo solicitado por la fiscal Cuñarro junto a la Sifrai y la Dgradb.
