Dos proyectos de ley en Carolina del Norte, impulsados por una mayoría de republicanos, buscan ampliar la cooperación entre la policía estatal y las agencias federales migratorias. La decisión final está en manos del gobernador demócrata Josh Stein, quien tiene plazo hasta el 20 de junio para firmarlos o vetarlos.
SB 153: acuerdos obligatorios con el ICE y restricción a las ciudades santuario
La Senate Bill 153 impone a las agencias estatales la obligación de firmar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A través del programa 287(g), los agentes deberán intentar determinar si las personas con las que interactúan son ciudadanas estadounidenses o tienen estatus legal.
Si no logran establecer su situación migratoria, deberán contactar al ICE. En caso de que se trate de inmigrantes indocumentados, las agencias deberán colaborar con los pedidos de detención de esa oficina federal.
La ley también obliga a verificar que inmigrantes sin papeles no accedan a servicios públicos más allá de lo permitido por la ley federal. Además, elimina protecciones legales a gobiernos locales que se nieguen a colaborar con medidas antiinmigrantes.
El proyecto incluye una cláusula que impide a las universidades del sistema público adoptar políticas de santuario. Les prohíbe evitar que la policía recopile y comparta información sobre la ciudadanía o estatus migratorio de sus estudiantes.
HB 318: detenciones más prolongadas y colaboración reforzada
La House Bill 318 refuerza una ley anterior, HB 10, que obligaba a los sheriffs del estado a cooperar con el ICE. Ahora amplía el listado de delitos que requieren que la policía intente determinar el estatus migratorio de una persona.
El nuevo proyecto extiende los plazos de retención de inmigrantes y exige avisar al ICE antes de su liberación. Las autoridades penitenciarias tendrán que demorar la salida de quienes tengan una orden de detención activa.
Sus impulsores argumentan que estas medidas fortalecen la seguridad pública. Sin embargo, organizaciones civiles y religiosas advierten que generarán más miedo y discriminación en las comunidades migrantes.
Movilizaciones frente a la residencia del gobernador Stein
Activistas y referentes de distintos sectores se manifestaron para exigir el veto de las propuestas. El martes por la mañana, frente a la casa del gobernador, se realizó una conferencia de prensa con amplia participación.
Por su parte, la activista Iliana Santillán destacó que la convocatoria no fue solo latina. “Fue una coalición amplia de trabajadores y líderes de distintos sectores”, afirmó a Enlace Latino NC.
El concejal Eliazar Posada firmó una carta junto a 16 líderes electos latinos para pedir el veto. También lo hizo como director ejecutivo de Equality NC, una organización de defensa de derechos LGBTQ+.
Otras voces contra los proyectos de ley en Carolina del Norte
Durante otra conferencia en la Asamblea General, se sumaron líderes religiosos y la representante María Cervania. La legisladora demócrata por el condado de Wake advirtió que estas leyes “promueven el miedo, no la seguridad”.
La legisladora Cervania denunció un uso político de la vulnerabilidad de ciertos sectores: “Separan familias, debilitan nuestros servicios públicos y ponen en riesgo a toda la población”.
Por otro lado, el reverendo Ricardo Correa señaló que estas leyes afectan incluso a familias con generaciones en el país. “No representan lo que somos como estado”, expresó.
Correa citó un estudio del mencionado medio que muestra cómo las detenciones por tráfico a latinos aumentaron 70% entre 2019 y 2024. Mientras tanto, ese tipo de controles bajaron para otros grupos étnicos.
