En una acción que tuvo como punto de partida el descubrimiento de situaciones inusuales en un aula, la dirección de una guardería privada en Jerez de la Frontera (Cádiz) decidió instalar cámaras ocultas después de notar llantos y comportamientos que levantaron sospechas entre los responsables del centro. Este método permitió obtener pruebas que implicarían a una de las empleadas en presuntos actos de maltrato contra cuatro menores, abriendo así una investigación policial por estos hechos y focalizando la atención judicial sobre la trabajadora.
De acuerdo con Europa Press, la empleada bajo investigación, con dos décadas de experiencia en la misma institución infantil, fue arrestada el pasado martes por la Policía Nacional y trasladada ese mismo día ante la autoridad judicial. Tras su declaración ante el juez, se decretó su puesta en libertad provisional con cargos cuya naturaleza todavía no ha sido detallada públicamente, reportó la agencia.
La directora del centro educativo fue quien formuló la denuncia inicial tras acumular indicios sobre conductas que implicarían algún tipo de maltrato hacia los niños. Según constató Europa Press, la administración del centro comenzó a observar un aumento en episodios en los que los menores lloraban y presentaban signos de ansiedad o alteración, lo que derivó en la toma de medidas internas para esclarecer la situación. Ante tales indicios, se optó por instalar discretamente dispositivos de grabación en distintas áreas del recinto.
Las imágenes obtenidas por estos sistemas de vigilancia habrían registrado conductas de la trabajadora que motivaron la intervención policial inmediata. Europa Press indicó que este material audiovisual fue remitido a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que asumió la investigación del caso y activó los procedimientos previstos en situaciones donde se sospecha un trato inadecuado hacia menores en entornos educativos.
El medio señaló que la labor policial se centró en analizar las grabaciones, recabar testimonios de otros trabajadores del centro, así como notificar a las autoridades judiciales y de protección de menores para seguir los protocolos establecidos. La Junta de Andalucía, por su parte, aclaró a Europa Press que aunque la guardería está vinculada a la administración autónoma para la gestión de bonificaciones familiares, la competencia respecto a la contratación de personal y la supervisión operativa del centro recae exclusivamente en los titulares del propio establecimiento.
Europa Press informó que la Policía Nacional continúa con la investigación en coordinación con la autoridad judicial, mientras la guardería mantiene contacto con las familias de los menores y con las instituciones responsables para facilitar la información y colaboración requerida en el proceso. No se han divulgado detalles sobre el estado de los niños implicados ni sobre la posible implicación de otros trabajadores.
De acuerdo con Europa Press, no existen antecedentes previos ni quejas formales archivadas contra la educadora investigada, quien presentado su testimonio ante el juez, ha quedado a disposición de la instancia judicial mientras se desarrollan las diligencias comprometidas. El sistema legal determinará los próximos pasos en función de los resultados obtenidos de la revisión de los elementos probatorios y los testimonios aportados al expediente.
La investigación permanece abierta y bajo la tutela de las autoridades, quienes han reiterado que la protección de la integridad de los menores constituye el eje prioritario en este tipo de procedimientos, subrayó Europa Press. La situación legal y profesional de la acusada se definirá tras el análisis completo de los hechos y la resolución judicial correspondiente. La guardería ha recalcado su disposición a colaborar para esclarecer la situación y garantizar un entorno seguro para los niños matriculados.
