En el condado de Los Ángeles, una familia de origen latino inició acciones legales contra su antigua arrendadora y un agente de bienes raíces tras ser desalojada. La demanda sostiene que el argumento del desalojo no cumplía con los requisitos legales establecidos por las normativas locales de protección a inquilinos. Pero el caso derivó en una amenaza de llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) para que los deporten.

Denuncia de desalojo en Baldwin Park involucra amenaza con ICE

De acuerdo con un artículo publicado por Los Angeles Times, el conflicto se originó en 2024, cuando la propietaria solicitó a la familia que abandonara la vivienda porque supuestamente iba a venderla. Este argumento, según el reclamo legal, no estaba contemplado por la ley estatal ni por la ordenanza local de Baldwin Park.

Meses después, el motivo declarado para el desalojo cambió: la propietaria alegó que tenía intención de mudarse al domicilio. Sin embargo, una vez que la familia se fue, la propiedad fue puesta en venta y vendida a un nuevo dueño.

La abogada de los inquilinos considera que esta acción representa un abuso de la normativa de desalojo para expulsar a los residentes sin una causa válida. Durante el proceso legal que iniciaron, se generó un episodio que alertó a la defensa legal de la familia demandante.

Sarah McCracken, abogada especializada en casos de vivienda y quien representa a la familia latina, recibió un correo electrónico del abogado Rod Fehlman, representante defensor, quien insinuó en un mensaje que los demandantes serían “detenidos por ICE y deportados” antes del juicio.

“Es racista”, dijo McCracken en una entrevista con el medio estadounidense. “No solo es poco ético y probablemente ilegal, sino que es una locura decirlo, sobre todo porque mis clientes son ciudadanos estadounidenses”, aseguró.

El correo fue interpretado como un intento de presión para que se abandonara la acción judicial. “No es justo que se aproveche de eso”, dijo la demandante Yicenia Morales. “Nací aquí. Tengo certificado de nacimiento. Pago impuestos”, agregó.

Cómo empezó el conflicto con la arrendadora

Según detalla Los Angeles Times, la familia afectada alquilaba desde 2018 un departamento en Baldwin Park. Durante ese período, reportaron múltiples problemas estructurales en la vivienda, como fallas en el sistema eléctrico, goteras y equipos dañados.

“Había muchas cosas por arreglar, pero lo aceptamos porque estábamos felices de encontrar un lugar donde vivir”, dijo Morales. A pesar de estas condiciones, continuaron habitando el inmueble y esperaron que la propietaria, identificada como Celia Ruiz, las resolviera.

En 2024, luego de que Ruiz manifestara su deseo de habitar personalmente su domicilio, la familia decidió desalojar la vivienda en noviembre de ese año. No obstante, en enero de 2025, el inmueble fue publicado en el mercado, y para marzo ya había sido vendido.

Al constatar posteriormente que la vivienda fue vendida, los inquilinos decidieron emprender acciones legales al argumentar que fueron engañados para abandonar su hogar, en violación a la normativa vigente. La demanda fue presentada en mayo de 2025, e incluye acusaciones de desalojo ilegal y acoso por parte de los demandados, Celia Ruiz y su agente inmobiliario, David Benavides de Majesty One Properties.

Redadas migratorias recientes intensifican el clima de temor

Este incidente legal tiene lugar en un periodo en el que se han incrementado las intervenciones de agentes de inmigración en comunidades del sur de California. En los últimos meses, se han reportado operativos de ICE que han generado preocupación, especialmente en vecindarios con alta presencia de residentes latinos.

Aunque Los Ángeles es una ciudad con políticas que restringen la colaboración entre autoridades locales y agencias federales de inmigración, la percepción de vulnerabilidad entre los residentes persiste.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha emitido un comunicado para recordarle a propietarios y representantes legales que está prohibido utilizar el estatus migratorio real o percibido como medio de coacción.

“Es ilegal que los propietarios discriminen y tomen represalias contra los inquilinos o los presionen para que se muden amenazándolos con revelar su estatus migratorio”, publicó Bonta en X. “Los inquilinos de California, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a una vivienda segura”, subrayó.

La familia involucrada tomó medidas preventivas tras recibir el mensaje del abogado Fehlman. Entre ellas, presentaron sus certificados de nacimiento ante el equipo legal como prueba de su ciudadanía.

“La gente parece animarse a violar la ley porque ven a los altos mandos haciéndolo. Es un comportamiento totalmente inaceptable”, dijo McCracken a Los Angeles Times. “No sé si Benavides sabía que su abogado estaba haciendo comentarios de perfil racial, pero no creo que quisiera trabajar con alguien así”, finalizó.