Parece el mundo del revés, casi una situación a contramano de lo que siempre postuló el Gobierno respecto de los problemas que genera agrandar el Estado. Sin embargo, como si fuese una anotación en el margen del manual libertario y con un sello rojo que dice “temporal”, la administración del presidente Javier Milei concretó este martes la primera estatización de su gestión. Finalmente, Vialidad Nacional se hizo cargo anoche del único corredor vial que estaba en manos de un privado.
En medio de protestas y un fuerte malestar de los empleados, cuatro delegados del organismo llegaron en las últimas horas del día, poco antes de las 24, al peaje ubicado pocos metros antes del inicio del complejo Zárate Brazo Largo, exactamente en el kilómetro 85.400 de la ruta nacional 14. Tenían una orden de no más de 10 renglones. Decía que entre un representante de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de la Dirección Nacional de Vialidad y otro de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), hasta ayer concesionarios de la ruta, suscribían un acuerdo “a los fines de proceder a la formal recepción de la presente estación de pesaje y peaje Zárate”.
Aludía, además, a que se adjuntaba un inventario de bienes que ya se había confeccionado.
Fue todo. A partir de ese momento, 500 trabajadores de la empresa quedaron sin trabajo y, desde ese minuto, la operación de la ruta quedó en manos de Vialidad. A las estatizaciones del exministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que rescindió todos los contratos de PPP (participación público privada) que habían sido firmados en la administración de Mauricio Macri, le faltó una pieza para que todo el mundo vial sea público. Ayer, finalmente, se concretó la estatización total.
En esa estación de peaje todo era movilización. Hasta ese lugar llegó Facundo Moyano, secretario adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa). “Es natural que cada gobierno intente poner en cada concesión a empresarios más cercanos, eso no sería una novedad. Lo que es novedad, y más en un gobierno que detesta el Estado y cuyo presidente se ha manifestado diciendo que es un topo de los empresarios dentro del Estado, apele a que la gestión la lleve adelante Vialidad Nacional no haciéndose cargo de los trabajadores que quedan sin trabajo. ¿Con qué gente va a operar? ¿Cómo va señalizar los accidentes?“, se preguntó en declaraciones al medio Impacto Local, anoche, en el peaje de Zárate.
Por ahora, según dijo el dirigente, la decisión del sindicato es no apelar a cortes de ruta. “Jamás cortamos”, dijo Moyano a LA NACION.
Tal como adelantó este diario el 12 de marzo, la autopista que une Zárate con Paso de los Libres, además de un empalme en el puente Rosario-Victoria, iban a pasar a manos del Estado ya que no se llegó a tiempo con la privatización.
Se trata de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), la firma que desde los 90 está a cargo de los peajes y del mantenimiento de la vía troncal que es el principal corredor del Mercosur. A partir de anoche, los 500 trabajadores quedaron sin trabajo y tampoco se arreglaron los términos de la indemnización. La sociedad que los emplea, la concesionaria, está en concurso de acreedores y todo indica que caminará mansa a la quiebra después de que se quede sin caja.
“Claramente hay una dirección política. Pero no sabe como manejar una concesión, no están elaborados los pliegos. Hay una necedad del Gobierno, una total soberbia. El Gobierno tiene funcionarios con miedo de ejecutar, que no saben qué hacer. Es un gobierno que por un lado desprecia al Estado y por el otro, apela a una estatización con Vialidad Nacional, la peor casta que existe en la Argentina y que ha generado la peor corrupción. No entiendo como apelan a una institución que está manchada de corrupción y de sangre para hacerse cargo de una concesión sin trabajadores”, dijo el dirigente
En el Gobierno explicaron que lo que sucedió es que no se llegó a tiempo con la privatización. El 25 de febrero se realizó la audiencia para el tramo que une Zárate con Paso de los Libres. En ese acto, la única formalidad en la que se avanzó para privatizar ya que ni los pliegos se publicaron, surgió un dato. En promedio, cada vehículo que cruza la barrera debería pagar en concepto de peaje alrededor de US$2 por cada 100 kilómetros que recorre. El número, que es aproximadamente el doble de lo que se cobra ahora, dejó disconformes a todos. Para los usuarios, es más costo; para los interesados en la concesión, que tienen que hacer las inversiones, es insuficiente.
Entonces, alguien puso sobre la mesa un valor que los conocedores del asunto toman como valor promedio que se utiliza en el mundo. Se trata del famoso precio de entre US$3 y US$3,50 de peaje por cada 100 kilómetros de la traza.
El tema de las tarifas, ha sido central en el desarrollo del contrato con Crusa. De hecho, la concesión ha tenido un enorme deterioro de los ingresos que, claramente, se percibe en el estado de la rutas.
En la audiencia, muchos de los interesados en presentarse a la licitación no quedaron conformes con aquel primer boceto. Sucede que ese número de dos dólares por cada 100 kilómetros no termina de abastecer las condiciones de operabilidad de una ruta nacional que tiene semejante deterioro en su infraestructura. De acuerdo a los pliegos preliminares que sí se publicaron, las obras, no solo de mantención, sino, sobre todo, de expansión y mejoras, quedaron a cargo del concesionario. Es decir que, para la inversión sólo se cuenta con el peaje. Riesgo empresario al más puro nivel.
Esos esquemas de concesiones tan cercanos al que se puso en marcha en los 90 -con las privatizaciones- la administración de Carlos Menem, han estado marcados por el fracaso de la expansión de la red y siempre tuvieron como problema principal las crisis económicas. Los contratos se hacen en épocas donde un tipo de cambio remunera la operación y la mantención, pero los cambios en las cotizaciones tornan inviable la ecuación económica poco tiempo después.
Pero todo ese mundo será en un tiempo. Por ahora, la ruta es estatal y ya no quedan en manos de privados, salvo, claro está, dos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, el Oeste y el Norte, que tienen otro esquema jurídico.
En las oficinas de Diagonal Sur, donde funciona Vialidad, hay cierta incertidumbre. Tienen un jefe formal: Marcelo Jorge Campoy. Sin embargo, el verdadero número uno informal del lugar es Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de poder más cercanos a la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei. Como si fuera poco, un proyecto avanza para terminar con el organismo y subsumirlo en una agencia.
