Dos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara nuevamente al gobierno de Donald Trump a utilizar una antigua ley de 1798 para acelerar deportaciones, dos migrantes venezolanos detenidos en Nueva York volvieron a presentar una demanda judicial. Por esto, el juez Alvin Hellerstein bloqueó la expulsión de cualquier presunto pandillero detenido en el Distrito Sur de Nueva York. “Dada la historia, me parece que es necesario proteger a la gente”, enfatizó. La próxima audiencia está prevista para el 22 de abril.
La ley de 1798: una herramienta polémica en manos de Trump y avalada por la Corte
La normativa en cuestión, conocida como Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), se aprobó en el siglo XVIII y tuvo muy pocas aplicaciones en la historia estadounidense. Su uso reciente para deportar venezolanos relacionados con la organización terrorista El Tren de Aragua encendió una fuerte controversia sobre la legalidad y la proporcionalidad de su implementación.
La Ley de Enemigos Extranjeros:
- Fue aprobada en 1798 y permite expulsar a personas extranjeras si Estados Unidos está en guerra con su nación de origen.
- Se utilizó de forma notoria durante la Segunda Guerra Mundial para detener a inmigrantes japoneses, italianos y alemanes.
- No se aplicaba desde entonces hasta que el expresidente Donald Trump la invocó el 15 de marzo de 2025.
El argumento del actual gobierno sostiene que la organización criminal internacional Tren de Aragua, a la que vinculan con los demandantes de Nueva York, actúa como una fuerza hostil apoyada por el gobierno venezolano. Esta postura les habría permitido activar la ley sin necesidad de órdenes de deportación finales emitidas por jueces migratorios, como es habitual.
Dos venezolanos en el centro de la disputa legal de Trump por la Ley de Enemigos Extranjeros
La nueva demanda fue presentada en el tribunal federal de Manhattan por dos venezolanos identificados con las iniciales G.F.F. y J.G.O., quienes se encuentran detenidos en el Centro Correccional del Condado de Orange, en Goshen, Nueva York, según destacó Reuters. Sus abogados intentan frenar su traslado y posterior expulsión.
El juez Alvin Hellerstein, conocido por haber rechazado previamente otros intentos de Trump de llevar casos estatales a tribunales federales, bloqueó temporalmente este miércoles la deportación no solo de esos dos migrantes, sino también de cualquier presunto pandillero del Distrito Sur de Nueva York sin que primero reciba una notificación y la oportunidad de una audiencia.
Según explicó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el caso busca representar a un grupo mayor, posiblemente integrado por cientos de venezolanos, que podrían estar en la misma situación. La organización presentó la acción en una jurisdicción diferente a la del caso original, lo que dio inicio a una nueva etapa en la batalla legal.
La ACLU expresó en su escrito: “Sigue existiendo un riesgo inaceptablemente alto de que el gobierno deporte a personas que en realidad no pertenecen a Tren de Aragua”.
Lo que dictó la Corte Suprema antes del fallo de un juez en Nueva York sobre la Ley de Enemigos Extranjeros
La intervención de la Corte Suprema ocurrió el lunes por la noche. Con una votación ajustada de cinco contra cuatro, los jueces conservadores decidieron levantar las órdenes de restricción temporarias dictadas por el magistrado James Boasberg en Washington D.C., que impedían a la administración Trump ejecutar deportaciones bajo la ley de 1798.
Sin embargo, el tribunal aclaró que cualquier persona afectada por esta medida tiene derecho a recibir una notificación adecuada y a presentar una defensa legal antes de ser deportada.
Según los abogados de los dos venezolanos detenidos en Nueva York, este procedimiento no se cumplió. En la demanda alegaron que sus defendidos no recibieron aviso ni la oportunidad de rebatir los cargos que los vinculan con la organización criminal.
El futuro de la batalla legal: Trump contra un juez de Nueva York
El nuevo litigio presentado en Nueva York representa un intento por abrir otro frente judicial, tras el fallo de la Corte Suprema que limitó las posibilidades de presentar demandas en Washington D.C.
Por su parte, la defensa legal de G.F.F. y J.G.O. insistió en que no se puede trasladar a los detenidos sin que antes se analice el fondo del caso, lo que podría sentar precedentes para miles de venezolanos.
Fuentes como Reuters anticiparon que los tribunales seguirán recibiendo demandas mientras el gobierno mantenga activa esta ley. Lo que ocurra en los próximos días con estos dos migrantes podría marcar el camino para muchos otros que se encuentran en una situación similar.
