WASHINGTON.- En medio de una creciente expectativa sobre cómo continuará la intensa campaña de presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, el presidente Donald Trump se reunió este lunes en la Casa Blanca con altos funcionarios del gabinete y su equipo de seguridad nacional, revelaron medios norteamericanos.
De acuerdo a fuentes citadas por la cadena CNN y la agencia Reuters, el mandatario -quien anoche reconoció que mantuvo un diálogo con el presidente Nicolás Maduro– se reunió a partir de las 17 (hora local, las 19 en la Argentina) en el Salón Oval con el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller. Aún no trascendieron detalles del encuentro.
La reunión -que fue confirmada por la Casa Blanca- se produjo en un momento de extrema tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que ha hecho un amplio despliegue militar en el Caribe para sus operativos contra embarcaciones “narcoterroristas”, y luego de que Trump advirtiera el sábado que el espacio aéreo del país sudamericano debía considerarse “cerrado en su totalidad”.
En la noche del domingo, a bordo del Air Force One en vuelo de regreso desde Florida a Washington, Trump reconoció que habló por teléfono a principios del mes pasado con Maduro, lo que había sido revelado por medios estadounidenses. “No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí”, contestó el líder republicano a una periodista al confirmar la llamada. Ante la consulta sobre cómo había sido la conversación, señaló: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.
Reporter: The NYT reported that you had a phone call with Maduro. Did you?
Trump: I don’t want to comment on it. The answer is yes. pic.twitter.com/OXVJR7QgHd
— Acyn (@Acyn) November 30, 2025
Poco después, el diario Miami Herald informó -al citar fuentes al tanto de la llamada- que la conversación se frustró casi de inmediato luego de que Trump planteara un ultimátum por el que Maduro y su círculo más cercano debían abandonar Venezuela de forma inmediata para facilitar un retorno a la democracia.
Según la versión del medio de Florida, el régimen ofreció ceder el control político a la oposición, pero mantener bajo su mando a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el mandatario norteamericano habría sido inflexible en que Maduro, su esposa, Cilia Flores, sólo obtendrían garantías de salida segura del país si aceptaran dejar el poder en forma inmediata.
“Maduro solicitó una amnistía global por cualquier delito que él y su grupo hubieran cometido, y esta fue rechazada”, explicó una fuente al Miami Herald, bajo condición de anonimato.
Como parte de su campaña de presión sobre el régimen chavista, el Ejército norteamericano desplegó más de una docena de buques de guerra y 15.000 efectivos en la región del Caribe, en lo que el Pentágono denominó “Operación Lanza del Sur”.
Desde septiembre pasado, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo 21 ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que murieron por lo menos 83 personas.
En las últimas semanas han proliferado las versiones sobre posibles acciones militares norteamericanas en territorio venezolano, a medida que el Ejército de la mayor potencia global aumentó su presencia en el Caribe.
En ese sentido, el gobierno de Trump ha evaluado opciones relacionadas a cómo continuar su estrategia contra el régimen venezolano para luchar contra el tráfico de drogas que -según denuncia Washington- salen desde las costas del país caribeño. La semana pasado entró en vigor la designación de Maduro y sus aliados -por parte del Departamento de Estado- como líderes de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.
La medida, según las autoridades, brinda a Estados Unidos mayores opciones militares para lanzar ataques dentro de Venezuela.
Maduro, que acusa a Estados Unidos de utilizar como excusa la lucha contra el “narcoterrorismo” para presionarlo a que abandone el poder, movilizó en las últimas semanas a miles de efectivos en distintos ejercicios.
Revisión en el Congreso
En medio de ese clima de tensión, en Washington legisladores republicanos y demócratas declararon el domingo su apoyo a la revisión por parte del Congreso de los ataques militares estadounidenses contra barcos sospechosos de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico, al citar un informe revelado por The Washington Post que indica que Hegseth emitió una orden verbal para que todos los tripulantes -incluidos dos sobrevivientes- fueran asesinados en un ataque del 2 de septiembre.
“De ser cierto, esto se eleva al nivel de un crimen de guerra”, advirtió el senador demócrata Tim Kaine (Virginia).
El domingo por la noche, Trump dijo que tiene “gran confianza” en que Hegseth no dio una orden verbal para matar a todos los tripulantes a bordo de una presunta narcolancha. “No dijo eso, y le creo al 100%”, señaló el presidente.
Durante un ataque norteamericano a un barco el 2 de septiembre, una transmisión en vivo de un dron mostró a dos sobrevivientes de una tripulación original de 11 personas aferrados a los restos de su embarcación tras un ataque inicial con misiles, informó The Washington Post el viernes.
Para cumplir con la orden de Hegseth de matar a todos los tripulantes, el comandante de Operaciones Especiales, el almirante Frank Bradley, que supervisaba la misión, ordenó un segundo ataque que mató a los dos supervivientes, según dos personas con conocimiento directo de la operación citadas por el diario norteamericano. El secretario de Guerra negó la versión.
President Trump said Sunday that he «wouldn’t have wanted» a reported second strike on an alleged drug boat earlier this year, while pledging to look into the matter that has sparked concern among lawmakers. https://t.co/NtSEdYE08N pic.twitter.com/N0cetomWia
— CBS News (@CBSNews) December 1, 2025
Al ser consultado sobre el asunto, el representante republicano Mike Turner (Ohio) afirmó que el Congreso no tiene información sobre lo sucedido. Señaló que los líderes del Comité de las Fuerzas Armadas, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, abrieron investigaciones. “Obviamente, si eso ocurriera, sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”, dijo el congresista.
Por su parte, el senador demócrata Chris Van Hollen (Maryland) declaró el domingo que es “muy posible” que, en caso de confirmarse el ataque a los dos sobrevivientes, podría ser catalogado como un crimen de guerra.
El representante republicano Don Bacon (Nebraska) afirmó que, de ser ciertas las acusaciones, se trataría de una “clara violación del derecho de guerra”. Durante el fin de semana, Caine dialogó con legisladores para hablar sobre la legalidad de los ataques militares letales en el Caribe.
Consultada este lunes sobre los ataques a presuntos “narcoterroristas” en el Caribe y el Pacífico, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “el presidente tiene derecho a eliminarlos si amenazan a Estados Unidos y trafican drogas ilegales que matan” a los ciudadanos norteamericanos. “Bajo la administración anterior [de Joe Biden] se contrabandeó suficiente fentanilo para matar a todos los hombres, mujeres y niños estadounidenses”, justificó.
Al referirse al artículo de The Washington Post, Leavitt dijo haberlo leído y defendió el accionar de Bradley. “El almirante actuó con acierto, dentro del marco de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza a Estados Unidos”.
“Rechazaría que el secretario de Guerra haya dicho eso alguna vez”, respondió a una periodista respecto a la presunta orden de Hegseth para matar a dos sobrevivientes en el ataque del 2 de septiembre.
Más tarde este lunes, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, pidió que Hegseth testifique ante el Congreso, además de exigir que entregue las grabaciones del ataque.
Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela -controlada por el régimen- suspendió este lunes una sesión extraordinaria para debatir la formación de una comisión que investigue los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Su oficina de prensa señaló que la sesión fue reprogramada para el martes, su día habitual de debates, sin especificar el motivo del aplazamiento.
