Durante los últimos meses, el Ministerio de Seguridad nacional comenzó a reubicar -y en ciertos lugares, desarticular– los llamados Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), que sirven como nodos de información para recopilar y analizar datos sensibles sobre narcotráfico, trata de personas y clanes delictivos en puntos estratégicos del país, según reconstruyó LA NACION tras consultar a ocho fuentes oficiales.
La orden, emitida por el director nacional de Inteligencia Criminal, Ramiro Anzit Guerrero —colaborador de máxima confianza de la ministra Patricia Bullrich—, provocó el cierre o mudanza de oficinas en Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza. Forzó también el traslado obligado de expertos con conocimiento del terreno y con vínculos con gobiernos, tribunales, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y fuerzas de seguridad.
Los traslados abarcaron a los coordinadores del NOA (de Salta a Buenos Aires), NEA (de Chaco a Iguazú), Patagonia Sur (de Ushuaia a Bariloche), Patagonia Norte (de Neuquén a Bariloche) y Buenos Aires (de Mar del Plata a La Plata), mientras que se ordenó el cierre de las oficinas en Córdoba, tras unos pocos meses, y Mar del Plata, que se beneficiaba de un comodato. También incluyó reubicaciones forzadas de personal entre Buenos Aires y Rosario.
Según cuatro fuentes consultadas, la reestructuración coincidió con el regreso de Anzit Guerrero a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC). Su paso previo por el área, durante el gobierno de Mauricio Macri, había terminado con un sumario que derivó en su salida. Y tras su regreso, al menos dos funcionarios que intervinieron en aquel expediente administrativo también figuran entre los desplazados.
Consultados por LA NACION, voceros del Ministerio de Seguridad rechazaron que se trate de una “desarticulación” de los CICRE. Indicaron que se trata de un “redespliegue” y una “reformulación”. “El objetivo es cubrir y fortalecer las zonas calientes donde tenemos los planes vigentes”, indicaron. Entre ellos, el “plan Güemes” en el NOA, el “plan Bandera” en Rosario, el “plan Guacurarí” en el NEA y el “plan 90-10” en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los cambios comenzaron la noche del 20 de mayo, según reconstruyó LA NACION, cuando el personal recibió un correo electrónico que ordenaba mudanzas y traslados con plazos de ejecución de entre 15 a 25 días, sin contemplar situaciones familiares –algunos de los afectados tienen hijos menores en pleno curso escolar- ni distancias, con mudanzas que en ocasiones ascienden a cientos -o incluso miles- de kilómetros.
“La intención es desarmar los CICRE y quizá forzar retiros para ocupar esos cupos con gente propia; si no, no se entiende, porque en ciertos casos hasta bloquearon las vacaciones de julio”, denunció uno de los afectados, sujetos al régimen del personal de inteligencia, bajo el decreto 1088/03. “Varios profesionales llegaron o están por llegar a los 20 años de servicio en diciembre y podrían solicitar el retiro con el 65 por ciento de su jubilación. Quizá sea eso”.
La orden que se impartió desde Buenos Aires no responde a razones presupuestarias, según aclaró el propio Ministerio en un segundo e-mail que envió el 21 de mayo. ¿Qué decía? Tras definir a los CICRE como “herramientas clave” ante “amenazas criminales” que afronta el país, invitó al personal a postularse para los destinos disponibles, entre los que que tampoco estarían Bahía Blanca y Entre Ríos, la oficina que debía abordar los desafíos de la Hidrovía. Jamás llegaron a habilitarse. ¿Hubo interesados? Sí, pero les aclararon que no cobrarían un plus salarial, ni se les pagaría los traslados.
¿Cerrar o potenciar?
Extaoficialmente, dos funcionarios consultados defendieron la decisión. “Los CICRE se habían vuelto irrelevantes: no producían inteligencia criminal propia ni lograban que las fuerzas federales y provinciales coordinaran sus investigaciones, ni los operativos”, sostuvo uno de ellos. El otro explicó que se busca concentrar en Buenos Aires la recopilación y el análisis de los datos criminales, lo que conlleva una contramarcha tácita respecto del modelo que impulsó Bullrich en 2016, durante su primera gestión.
Algunas fuentes académicas coinciden en esa mirada, como el experto de las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA) y Quilmes (UNQ), Iván Poczynok. En un análisis que publicó en la Revista Científica General José María Córdova, en 2024, alertó que los CICRE registran problemas de articulación, recursos, normativa clara y resistencias institucionales.
Tras exigir su anonimato, sin embargo, una fuente oficial lamentó lo ocurrido. “Es verdad que mostraban una baja de productividad, pero en vez de desarticularlos o fusionarlos o lo que fuere, hubo funcionarios como Manfroni [por Carlos, jefe del Gabinete de Asesores de Bullrich] que abogaron por abrir nuevos CICRE y darles más potencia, pero perdieron la pulseada”.
Una segunda fuente que asesora hoy al Ministerio de Seguridad también criticó la reforma: “Lo real y tangible es que con esta decisión desarmaron el despliegue y la territorialidad de la inteligencia criminal. Con los CICRES se seguía a las más de 100 organizaciones criminales que tenemos mapeadas”, afirmó.
Otras fuentes al tanto de lo ocurrido durante los últimos meses también sostuvieron que la decisión conllevará un retroceso del Ministerio frente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), más allá de algunas aristas de índole personal que adoptó Anzit Guerrero, quien hoy se mueve en una camioneta que estaba asignada al CICRE de Ushuaia.
Veterano del área de Inteligencia Criminal, Guerrero ya había trabajado en la DNIC durante el primer mandato de Bullrich. Pero aquella experiencia terminó de manera turbulenta, tras un sumario administrativo que definió su salida por una presunta incompatibilidad laboral. Ahora, al volver a la DNIC, Anzit Guerrero desplazó a los responsables de aquel sumario –uno fue enviado a Rosario; otro a Iguazú) junto a los referentes de los CICRE.
Mientras tanto, al menos dos coordinadores regionales de los CICRE presentaron recursos administrativos o medidas judiciales para frenar sus traslados, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad en Buenos Aires. En esos casos, la respuesta administrativa que cosecharon resultó peor: se asentó una sanción en sus legajos.
De la “era dorada” al vaciamiento
Los CICRE surgieron como un intento por federalizar la inteligencia criminal. Se proyectaron en 2013 (NEA) y 2014 (NOA), pero comenzaron a funcionar en 2016, bajo la primera gestión de Bullrich, con Eugenio Burzaco como secretario de Seguridad. En junio de ese año, la ministra los presentó junto al entonces titular de la SIDE, Gustavo Arribas, como una herramienta para “desplegar investigaciones que desbaraten por completo las organizaciones criminales” y “descentralizar la inteligencia criminal”.
Para eso, se anunció la creación de siete regionales: NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán), Centro (Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe), NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), Cuyo (La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis), Patagonia Norte (Chubut, Neuquén y Río Negro), Patagonia Sur (Santa Cruz y Tierra del Fuego) y Buenos Aires/CABA.
El objetivo fundacional era que los CICRE sirviera de ámbito de reunión de todas las agencias provinciales y federales vinculadas a la seguridad o tuvieran información relevante, incluyendo a servicios penitenciarios, Bomberos, Rentas, Aduana, Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Prefectura. El esquema se formalizó con una resolución secreta del Ministerio, en coordinación con un proyecto de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre “centros de fusión”.
Los CICRE vivieron su etapa más activa hasta 2018, cuando recibieron vehículos, equipamiento y hasta la capacitación de agentes del FBI en Ushuaia. Pero el impulso se diluyó desde 2020, con la pandemia y la presidencia de Alberto Fernández: las regionales redujeron su interacción y fueron excluidas de investigaciones penales.
Hoy, los CICRE se encuentran en retroceso. Cerró la oficina de la regional NOA en Salta, mientras que continúa operativa –con una empleada- la oficina en Jujuy porque el gobierno de esa provincia paga el alquiler. En Iguazú –donde ya hay personal a cargo del comando tripartito de la Triple Frontera- y La Plata deberán replantear la operatoria. Y en Bariloche, nueva sede del CICRE para Patagonia Sur, habrá que empezar casi de cero.
