La reciente condena a Leidy Marcela Quinche Cante, exfuncionaria de Migración Colombia, puso en primer plano las debilidades de los controles migratorios en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.
La sentencia, que la obliga a cumplir cuatro años y tres meses de prisión por el delito de concusión, se dictó tras comprobarse que exigía pagos de hasta USD 3.500 a viajeros, incluidos adultos que intentaban salir del país con menores de edad sin la documentación requerida.
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La investigación de la Fiscalía reveló que, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, Quinche Cante utilizó su posición en los filtros de salidas internacionales para identificar a pasajeros con irregularidades en sus papeles.
En lugar de aplicar la normativa y negar la salida, la funcionaria solicitaba sobornos en pesos y dólares, permitiendo así que los viajeros abordaran sus vuelos sin cumplir los requisitos legales. Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron cómo recibía sobres con dinero de quienes no contaban con la documentación adecuada, especialmente en casos que involucraban a menores de edad.
El caso salió a la luz pública a finales de mayo, cuando un ciudadano estadounidense deportado denunció ante las autoridades que la funcionaria le había exigido dinero para permitir su ingreso a Colombia.
A partir de esa declaración, la Fiscalía revisó las grabaciones de seguridad y detectó que Quinche Cante retenía a los viajeros durante lapsos de hasta media hora, tiempo en el que los presionaba para que entregaran el dinero solicitado bajo la amenaza de perder el vuelo.
Una fuente consultada por El Tiempo detalló que, tras individualizar a los pasajeros atendidos por la funcionaria, se recopilaron cerca de seis denuncias de cobros, algunos realizados en dólares.
