Hace poco más de cuatro años que la vida de Claudia Costa Basso se convirtió, según sus propias palabras, en una “carrera con obstáculos”; una suerte de peregrinación triste por despachos judiciales y oficinas gubernamentales en reclamo de justicia por el asesinato de su pareja Martín “Tino” John, un paciente psiquiátrico de 63 años, a manos de un grupo especial de la Policía de Chubut.
“Cambié cuatro veces de abogados porque me daba cuenta de la connivencia; me la pasé escribiendo cartas a los representantes de todos los partidos políticos, viajé a Buenos Aires para presentar mi caso en la Cámara de Diputados; me reuní con familiares de otras víctimas y en todas las causas se repetía el mismo modus operandi: ‘cajonear’ todo cuando la que está metida es una fuerza de seguridad”.
La insistencia de Claudia tuvo algo parecido a una tardía recompensa: tres policías –el autor material y sus superiores a cargo del operativo– serán sometidos en septiembre a un juicio por jurado en los tribunales de Lago Puelo por el homicidio de quien es, porque ella se niega a dejar de usar el tiempo presente, el amor de su vida.
“Sentí una especie de alivio; una ve los demás casos, pero nunca se te puede ocurrir que vas a ser vos la que va a estar sosteniendo un cartel con la foto de una víctima. Es terrible estar pidiendo justicia. La vida queda rota”.
Esa vida se empezó a estropear el 26 de mayo de 2021. Unos días antes, los incendios en la Comarca Andina habían afectado la zona de la chacra donde vivían Claudia y Tino, en el paraje Las Golondrinas, cerca de la localidad de El Hoyo. “Tino era paciente bipolar y se había descompensado por la cercanía del fuego. Además, había habido tomas de terrenos y ese día se metió gente a nuestra chacra y Tino disparó al aire para que se fueran”, recuerda Claudia.
Una llamada a la comisaría de El Hoyo alertó sobre los disparos al aire provenientes de la chacra de Tino. Los efectivos se acercaron al lugar, pero Tino no los dejó pasar. De acuerdo al relato del entonces jefe de la Policía de Chubut, Paulino Gómez, debieron replegarse porque los “corrieron a tiros”, lo que motivó el aviso al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).
A la mañana siguiente, luego de viajar durante la noche desde la capital provincial, una tropa de policías con armas largas, bombas de estruendos y gases lacrimógenos irrumpió en la vivienda de Tino avalada por una orden de allanamiento a pedido del fiscal Carlos Díaz Mayer. Claudia fue la única testigo del desmesurado operativo. También de un crimen que pudo haberse evitado.
“Tiraron la puerta abajo y me apuntaron. Yo intentaba explicarles que Tino estaba tranquilo hasta que uno de los policías dijo ‘sacame a esta mujer de acá’ y otro me agarró de la nuca y me ató con precintos de plástico. Alcancé a ver a Tino subiendo las escaleras. Después escuché el sonido de un vidrio roto, explosiones. Yo seguía preguntando que pasaba con Tino, donde estaba, hasta que escuché por una de las radios de los policías: ‘Hay que confirmar la muerte’”. Ahí me di cuenta de que me lo habían matado”.
“Impericia y falta de profesionalismo”
El asesinato de Tino –por un certero disparo en la cabeza– alteró la habitual calma de la Comarca. Organizaciones como el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se plegaron al reclamo de justicia advirtiendo sobre “muchas desprolijidades en el procedimiento judicial”. Un ejemplo contundente de esta denuncia es la pérdida de las filmaciones de las cámaras de los efectivos del GEOP que participaron del operativo.
En ese marco, la decisión del fiscal Díaz Mayer de solicitar el sobreseimiento del oficial Luis Moggiano, autor del disparo y único imputado hasta ese entonces, por considerar que “no hubo un error y actuó dentro del marco que permite la ley”, alimentó las sospechas de encubrimiento.
“Desde el primer día el fiscal Díaz Mayer hizo todo mal. Fue el que originó la orden de allanamiento sin presencia de personal de salud que decía que solo había que requisar la casa por si había armas y tomar los datos del propietario; hizo peritajes sin avisarnos y demoró un año y medio en abrir la causa. Además de pedir el sobreseimiento de Moggino, se negó a imputar a los comisarios a cargo del operativo”, enumera Claudia.
Finalmente, en marzo de 2024, el procurador general, Jorge Luis Miquelarena, apartó a Díaz Mayer y designó al fiscal de Esquel Martín Robertson, quien, a diferencia de su antecesor, ordenó que se investigue la conducta del entonces jefe de la comisaría de El Hoyo, Omar Martínez, y del líder del GEOP, Cristian Soto.
“Los funcionarios policiales a cargo del operativo tenían en el abanico de las posibilidades razonables, varias alternativas destinadas a evitar la pérdida del bien jurídico vida, que en definitiva se perdió”, justificó luego Robertson en su imputación.
El nuevo impulso que tomó el caso quedó cristalizado en mayo pasado, cuando el juez penal de Esquel, José Luis Ennis, resolvió enviar a juicio al oficial Moggiano por el delito de homicidio agravado con expectativa de pena de prisión perpetua. El tribunal popular también deberá decidir la suerte de Martínez y Soto, acusados por homicidio culposo e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Los tres imputados continúan prestando servicio en la fuerza.
“Siempre sostuve lo mismo: el asesinato de Tino pudo haberse evitado simplemente con haber trabajado bien –remarca Claudia. No fue una fatalidad; los policías debieron ser más profesionales. Ellos mataron al amor de mi vida por jugar a la guerra”.
Apoyo del poder político provincial a los policías imputados
“El accionar de la policía fue extremadamente correcto”. Así de tajante fue la postura del entonces ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, respecto al operativo que terminó en el asesinato de “Tino” John.
Massoni, hoy dedicado a preparar su candidatura a intendente de Trelew para 2027, será uno de los testigos convocados por la defensa de los policías en el juicio por el homicidio de Tino.
El argumento de los imputados será que “seguían directivas” de las autoridades de turno. En ese sentido, no parece haber cambiado la posición política de la provincia respecto al caso.
El actual ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, expresó hace unos días un contundente respaldo al sargento del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) Luis Moggiano, principal imputado por el asesinato del vecino del paraje Las Golondrinas.
“Tenemos un compañero que por poner su vida a disposición de la sociedad está con riesgo de tener una condena de prisión perpetua. A mí personalmente me parece una barbaridad”, declaró el funcionario en rueda de prensa, y agregó: “Yo, en el carácter que sea, voy a acompañarlos en el juicio”.
Iturrioz sostuvo que Moggiano actuó conforme al entrenamiento recibido y defendió el trabajo del GEOP: “Lo que hizo fue neutralizarlo. Es lo que le enseñamos a hacer: neutralizar un riesgo social. Ellos (por los policías) tienen que hacerlo”.
“Imaginate que cualquier intervención tiene el riesgo de ser sometida a una prisión perpetua solamente por cumplir con su deber. No hay mucho incentivo para tener integrantes en el curso. Esta situación está en boca de toda la policía”, concluyó.
