“Soy escort”, afirmó en su declaración indagatoria Anabella Geraldine Cáceres. La joven de 25 años había sido detenida en el casino de un hotel de Rosario, donde se había hospedado con un cliente. Está acusada de haber participado de un robo donde casi matan a un vecino de San Isidro. La víctima recibió 20 puñaladas y salvó su vida de milagro.
Mañana, el juez de Garantías Ricardo Costa debe resolver si hace lugar al pedido de prisión preventiva presentado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, funcionario a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.
Cáceres está presa desde mediados del mes pasado por un robo ocurrido en horas de la madrugada del 7 de abril último en una casa de Emilio Mitre al 800, en Acassuso, en San Isidro.
Era las 4 cuando, al menos, cuatro ladrones, después de escalar un muro perimetral y de forzar una ventana, irrumpieron en la casa donde viven Alejandro Nicolás G., su esposa, Gabriela E., y los tres hijos del matrimonio, niños de entre 12 y cuatro años. Fue una pesadilla hecha realidad.
Alejandro Nicolás G. fue atacado en la planta baja con un cuchillo de cocina. Recibió 20 puñaladas. Había bajado desde su habitación, donde dormía con su esposa, al escuchar ruidos.
Después, los delincuentes subieron a la planta alta. Uno de los ladrones sorprendió a Gabriela E. y, cuchillo en mano, le espetó: “Dame la plata, dame la plata, te mato a las nenas. A tu marido ya lo matamos, cagó fuego”.
La banda se apoderó de un teléfono iPhone 15 Pro y decidió darse a la fuga. Una vez fuera de la casa de las víctimas, los delincuentes se subieron a un automóvil Renault Sendero gris, conducido por Cáceres, según se desprende del dictamen presentado por el fiscal Ferrari para solicitar la prisión preventiva de la autodenominada escort (acompañante remunerada).
Cuando los ladrones abandonaron la casa, Gabriela E. se dirigió a la planta baja y encontró a su marido en medio de un charco de sangre y la puerta principal abierta. Alejandro Nicolás G. primero fue trasladado al Hospital Central de San Isidro y, después, fue derivado al Cemic. Los médicos le salvaron la vida.
“Le efectuaron 20 puñaladas con un cuchillo tipo tramontina con el objeto de provocarle la muerte y facilitar, consumar y asegurar la impunidad del hecho sin lograr su objetivo por razones ajenas a su voluntad”, sostuvo el representante del Ministerio Público al explicar el objetivo del ataque de los delincuentes.
La pesquisa quedó a cargo del fiscal Ferrari, quien tuvo la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro.
El análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la casa de las víctimas se pudo establecer la presencia de un “automóvil Renault Sandero Stepway gris con un detalle particular en el paragolpes delantero y capot”, según surge del expediente judicial. Eran las 3.40 del 7 de abril pasado. También las grabaciones registraron a cuatro “individuos” caminar por la calle Emiliano Mitre.
Veinticinco minutos después, las cámaras grabaron a los cuatro “individuos” correr hacia el auto que circulaba con las luces apagadas. Ya habían consumado el robo y el brutal ataque. Nicolás Alejandro G. peleaba por su vida en ese momento.
“Del seguimiento realizado por el personal policial en la Central de Monitoreo de SanIsidro se detectó que el vehículo, previo al hecho, había estado en las inmediaciones de la villa La Cava, en Beccar, más precisamente en la zona conocida como ‘los Depas’. Antes de dirigirse a su objetivo [la casa de las víctimas] se detuvo en el barrio de emergencia conocido como villa Uruguay [en San Fernando, en el límite con San Isidro]. Después del robo, el auto volvió a dirigirse hacia Beccar”, se explicó en el citado dictamen.
En el trayecto, el auto en el que circulaban los delincuentes pasó por el sistema lector de patentes conocido como “LPR”, instalado por la Municipalidad de San Isidro. “Esa cámara con registro fílmico había permitido obtener una imagen del conductor del rodado, quien a todas luces resultaba ser una persona de sexo femenino”, se sostuvo el pedido de prisión preventiva para la escort, al que tuvo acceso LA NACION.
La titular del vehículo tenía domicilio en la localidad de Gregorio Laferrere, en La Matanza. Al igual que un joven autorizado para conducirlo. También, en esa zona del conurbano bonaerense se activaba el GPS del teléfono robado a las víctimas.
“Aquellas circunstancias demostraban que, cuanto menos, parte de los autores residirían en esa localidad [por Gregorio Laferrere]”, se dijo en el citado dictamen. Entonces, el fiscal Ferrari le encomendó tareas investigativas a los detectives de la DDI de San Isidro, quienes “caminaron” la zona.
El 7 de mayo pasado, se ordenaron una serie de allanamientos, donde se secuestró el vehículo utilizado en el robo. Estaba estacionado en la puerta de la casa de Cáceres, pero no se pudo hallar a la joven escort.
Los investigadores pudieron reconstruir que la sospechosa, desde fines de abril, había querido desprender del auto. Lo había publicado para su venta en redes sociales.
También, los detectives policiales y judiciales, lograron identificar la línea telefónica que utilizaba Cáceres. “Lo cierto es que el abonado fue captado en el lugar exacto, fecha y horas del suceso [en la zona de Acassuso, donde fue el violento robo donde casi matan a un vecino]”, afirmó el fiscal Ferrari al solicitar la prisión preventiva.
Como se dijo, Cáceres fue detenida por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y detectives de la DDI de San Isidro en el casino de un hotel de Rosario. La captura se concretó a mediados de mayo.
En una primera declaración indagatoria, además de decir que trabajaba como escort, Cáceres sostuvo que el auto bajo sospecha no le pertenecía, que era de su expareja, a quien no nombraba por temor y que él lo había puesto a nombre de su hermana. Y afirmó que la madrugada del robo en San Isidro estuvo en un after en la zona de La Salada con sus amigas, sin mayores precisiones.
Después, cambió de abogado, y pidió ampliar su declaración indagatoria. Volvió a repetir que era escort y admitió que el auto era suyo, que lo había comprado hace dos años, aproximadamente, y que lo puso a nombre de su hermana.
En esa audiencia, contó que el 7 de abril pasado fue a buscar a una amiga y que dejó el teléfono en el auto.
Contó que después fueron a una fiesta en la ciudad de Buenos Aires, sin recordar la dirección, donde se juntaron con unos clientes. Dijo que viajaron en un auto, que solicitaron en un app que une conductores con pasajeros
Cuando regresó a su casa, alcoholizada, buscó su teléfono celular en el Renault Sandero Stepway gris y manejó hasta un after en Ciudad Evita.
Dio a entender que esa madrugada, cuando ella fue a la fiesta con su amiga, el auto se lo pudo haber llevado un cliente que había conocido tiempo atrás y que se llamaba Stefano.
“Ahora bien, en líneas generales y en cuanto a lo sustancial, haber argumentado hallarse en otro sitio al momento de la comisión del hecho que se le endilga no ha sido confirmado por ningún otro elemento de juicio más que su huérfana versión, grotesca, tardía y contradictoria. Su intención de pretender justificar la existencia de una de las pruebas contundentes, es decir, la ubicación de su teléfono celular en el lugar de los hechos en la fecha y hora exacta, con una explicación totalmente absurda e infantil y sin prueba alguna que lo sustente, resulta ser una maniobra totalmente improvisada e inconducente. Máxime, si se tiene en cuenta que, además de verificarse la ubicación de su teléfono y su rodado en el lugar de los hechos, su rostro fue captado por una de las cámaras LPR, como se dijo anteriormente”, afirmó el fiscal Ferrari en los párrafos finales del citado dictamen.
