El video del violento arresto de Kenny Laynez, un ciudadano estadounidense de 18 años, en Florida el pasado 2 de mayo, dejó una incógnita sin resolver. La grabación muestra a un agente migratorio que menciona un supuesto bono de US$30.000 por cada detención que podría haber motivado el accionar de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, desde el gobierno federal niegan la vigencia de esa política.
Arresto por error y acusaciones de discriminación en Florida
Laynez, estudiante de último año de secundaria, viajaba con su madre y dos compañeros de trabajo cuando agentes de la CBP y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) detuvieron el vehículo por exceso de pasajeros en el asiento delantero.
Dos de los acompañantes eran indocumentados, según declaró Laynez recientemente con CBS News. Durante la violenta intervención, a pesar de no ofrecer resistencia, los agentes utilizaron pistolas eléctricas Taser contra los dos compañeros del joven, que fueron detenidos.
En la grabación, un efectivo le dijo a Laynez: “Eres un ‘migo’, hermano. Aquí no tienes derechos”. Así puso en cuestión su estatus migratorio por su apariencia hispana, a pesar de haber nacido y crecido en Estados Unidos. El joven relató que no pudo volver a comunicarse con sus amigos detenidos.
La polémica por el presunto bono de US$30.000 en operativos migratorios
El video de Laynez también registró un intercambio entre oficiales sobre un presunto bono de US$30.000 por los arrestos. Univisión Noticias consultó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), desde donde aseguraron que es «una política que nunca entró en vigor».
Sin embargo, The New York Times reveló que, a principios de agosto, ante el pedido del gobierno federal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentó implementar un programa piloto de incentivos económicos para acelerar deportaciones.
Según documentos internos, la iniciativa de bonos proponía pagar:
- US$200 por cada inmigrante deportado en un plazo de siete días tras su arresto.
- US$100 si la expulsión ocurría en dos semanas.
El plan fue cancelado a las pocas horas. Tricia McLaughlin, vocera del DHS, afirmó que el programa no había sido autorizado por los líderes de la agencia y añadió que “no existe ni ha existido nunca tal política”. Sin embargo, el video de Laynez deja expuestos a los efectivos y la incógnita sobre la veracidad de las declaraciones oficiales.
Objetivos y presión sobre las agencias migratorias en EE.UU.
Este plan forma parte del objetivo de Donald Trump de realizar 3000 arrestos diarios y en un aumento significativo del presupuesto del ICE, que pasará de US$8000 millones a US$28.000 millones anuales.
La administración también ha ofrecido bonos de contratación de hasta US$50.000, con el objetivo de sumar 10.000 agentes y acelerar deportaciones mediante procedimientos como el expedited removal, que permite expulsar a inmigrantes sin proceso judicial.
Según The New York Times, Stephen Miller, asesor de Trump en política migratoria, promovió esta campaña de contratación del ICE con mensajes ideológicos en redes sociales: “Haz que tu familia se sienta orgullosa y sé el héroe que Estados Unidos necesita”.
Incentivos del ICE contra los riesgos para el debido proceso
Expertos en inmigración y exfuncionarios alertan que estos incentivos podrían poner en riesgo los derechos procesales de los inmigrantes. Scott Shuchart, ex alto funcionario del DHS, calificó el plan como “increíblemente poco ético” y comparó la medida con pagar a jueces por acelerar juicios.
Por su parte, Mariana Blanco, directora del Guatemala Maya Center, una organización de defensa de inmigrantes que se opone a la nueva ofensiva de Florida, comentó a CBS News: “Las leyes ya no están siendo respetadas. Ya no se están aplicando”.
Mientras tanto, datos del Deportation Data Project indican que el porcentaje de personas en centros de detención del ICE deportadas en menos de 14 días subió al 30% en mayo, frente al 21% de enero. En julio, la agencia alcanzó un promedio de 1300 expulsiones diarias, frente a menos de 800 diarias en el último año de la administración de Joe Biden.
