Una migrante hondureña se enfrenta a una de las multas más altas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ahora deberá pagar 1,82 millones de dólares, luego de que 20 años atrás no acatara una orden de deportación. Su abogada asegura que es una táctica más para intentar intimidar a las personas migrantes.
ICE impone multa millonaria a latina con orden de deportación de hace dos décadas
Una mujer de 41 años (cuya identidad no fue divulgada por seguridad), residente de Florida y madre de 3 hijos estadounidenses, fue notificada el pasado 9 de mayo de la multa por parte de ICE, en la cual se le cobraban US$500 por cada día que permaneció en Estados Unidos desde su orden de deportación.
Michelle Sánchez, la abogada que ahora lleva el caso, declaró para CBS News, que dicha orden de deportación se dio luego de que su clienta no se presentará a una audiencia judicial en el 2005. E incluso señaló que no se trata de un caso aislado, ya que se han registrado aumentos en las multas a migrantes en situaciones similares, pero es la primera vez que registra un monto tan alto.
La mujer hondureña, ahora deberá pagar 1.821.350 dólares, lo que podría llevarle más de 44 años de trabajo íntegro y sin días de descanso de por medio, de acuerdo a las estimaciones hechas por El País. Su situación ha generado sorpresa y aumenta el temor de los migrantes que se han enfrentado a las políticas más severas desde la llegada de Donald Trump a la presidencia por segunda ocasión.
Una sanción amparada en una ley poco aplicada
De acuerdo a lo dado a conocer por CBS News, este tipo de sanción está respaldada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, la cual autoriza la imposición de multas civiles a personas que permanecen ilegalmente en el país tras recibir una orden de expulsión. Aunque esta ley existe desde hace décadas, su uso fue poco común hasta años recientes.
La defensa legal busca reabrir el expediente, al alegar razones humanitarias. Su abogada, Michelle Sánchez, explicó que su clienta tiene tres hijos nacidos en EE.UU., no posee antecedentes penales y vivió durante más de veinte años integrada en su comunidad. Bajo estos argumentos, podría optar a la residencia permanente si se consideran ciertos criterios migratorios.
Sánchez asegura que ICE utiliza este tipo de medidas para “aterrorizar” a las personas sin estatus legal con multas exorbitantes, y aconseja que en caso de recibir una notificación similar, primero se acuda con un abogado de inmigración antes de impugnar la multa.
La defensa también solicitó la revisión del monto de la multa, al plantear que el castigo no contempla la realidad familiar y social de la mujer, quien construyó su vida en el país durante las últimas dos décadas. Mientras que ICE aún no responde a la petición de comentarios hecha por el medio.
Falta de políticas migratorias complican el caso
La abogada de la mujer afectada, señaló que funcionarios de la agencia de migración le indicaron que no podían reabrir el expediente debido a la falta de lineamientos claros sobre el uso de la discreción procesal.
Según la agencia, estas directrices dejaron de aplicarse durante la actual presidencia de Donald Trump, cuando se eliminaron varias prácticas discrecionales que facilitaban la reconsideración de casos sin antecedentes penales ni riesgos para la seguridad nacional.
En su portal oficial, ICE sostiene que su tarea consiste en aplicar las leyes migratorias establecidas, lo que incluye la detención, deportación y sanción de personas que residan de forma ilegal en el país. También aclara que sus acciones están sujetas a las políticas del Departamento de Seguridad Nacional.
Sanciones migratorias desmedidas generan alertas desde el ámbito legal
Bajo la administración de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional adoptó un enfoque más severo, que incluyó sanciones económicas elevadas contra personas sin antecedentes.
En 2019, por ejemplo, ICE intentó imponer cargos superiores a 500.000 dólares a líderes religiosos que ofrecían santuario a inmigrantes. Ese mismo año, el gobierno reactivó de forma sistemática estas penalidades, según el Center for Constitutional Rights (CCR), según center for constitutional rights.
