La provincia de Buenos Aires enfrenta un compromiso institucional que no admite más dilaciones. Tras el exitoso debut de la Boleta Única Papel (BUP) en los comicios nacionales del 26 del mes último, la adopción de este sistema para las elecciones provinciales y municipales emerge como una necesidad impostergable, pues constituye un paso esencial hacia la modernización del esquema electoral del distrito, un deber con la equidad entre las fuerzas políticas y, sobre todo, con la transparencia del sufragio.
La experiencia reciente en el orden nacional ha dado fe de que con la BUP el escrutinio transcurre ágilmente y sin irregularidades, de que no se registran faltantes de papeletas y de que ya no es posible manipular el voto. El sistema cumplió con aquello que prometía, esto es una votación más limpia, sencilla y verificable. La boleta partidaria tradicional multiplica los riesgos de fraude, la confusión del votante y la dependencia de los aparatos territoriales. En cambio, al reunir en un solo soporte la totalidad de la oferta electoral y entregarse al ciudadano únicamente en el momento del voto, la BUP también garantiza que todas las alternativas políticas estén disponibles en igualdad de condiciones y que ninguna voluntad sea coaccionada o distorsionada antes de llegar a la urna.
El diputado bonaerense Fernando Rovello (Pro), autor de uno de los proyectos que propone instaurar la BUP en ese distrito, destacó que su implementación “conlleva una necesaria modernización del esquema electoral”, puesto que “minimiza las posibilidades de fraude al evitar que se repartan boletas con antelación”. A su vez, la senadora radical provincial Nerina Neumann, acompañada por Marcelo Daletto (UCR) y Alex Campbell (Pro), impulsó otra iniciativa en el mismo sentido, recordando que “la BUP y la ley de ficha limpia son herramientas que mejoran la transparencia y fortalecen la confianza ciudadana”. Los fundamentos de ambas iniciativas coinciden en un punto determinante: la calidad institucional necesita reglas de juego previsibles y mecanismos que resguarden la voluntad popular.
Varios antecedentes provinciales respaldan esta dirección. Córdoba, Mendoza y Santa Fe ya aplican el sistema con buenos resultados y con el mismo principio rector que dispone que es la autoridad electoral -no los partidos políticos- la que garantiza la presencia equitativa de todas las opciones ante el elector. En esas jurisdicciones, el voto dejó de depender de la logística partidaria y la consecuencia ha sido un proceso más ordenado, económico y confiable.
Sin embargo, el desafío político en la provincia de Buenos Aires es considerable. Con la renovación legislativa del 10 del mes próximo, el peronismo provincial concentrará 24 de las 46 bancas del Senado y 39 de las 92 de Diputados, lo que le otorga la posibilidad de bloquear cualquier avance legislativo en la materia. La misma fuerza política que en el Congreso Nacional votó en contra de la BUP mantiene su resistencia en ese distrito. Esa actitud, más que una diferencia técnica, desnuda la incomodidad de la vieja política frente a un mecanismo que limita las nefastas prácticas del clientelismo electoral que la lista sábana ha facilitado durante décadas. No resultan inocentes en ese sentido recientes dichos del gobernador Axel Kicillof lamentándose de que la BUP les haya quitado contacto directo con los electores, a quienes se les entregaban en mano las boletas sábana, muchas veces a cambio de espurios compromisos. Como excusa frente a lo evidente, Kicillof ha proferido una grosera falacia al sostener que la BUP le convenía al gobierno nacional. Queda poco que decir frente a esa aberración. No se busca la “conveniencia” partidaria, sino transparentar el proceso electoral.
El debate que se abre en la Legislatura bonaerense no debería ser leído como una disputa de poder, sino como una discusión sobre la calidad institucional de la provincia más grande del país. La transparencia electoral no admite grises: o se garantiza plenamente o se la vulnera con cada boleta que falta, con cada puntero que controla el acceso al cuarto oscuro y con cada ciudadano que duda acerca de si su voto terminará reflejando su voluntad.
La ciudadanía bonaerense, que ya experimentó la limpieza y la equidad del nuevo sistema al participar en los comicios nacionales del pasado 26, no puede seguir votando en elecciones provinciales bajo reglas poco o nada confiables. Si la BUP demostró su eficacia, su adopción local es una exigencia ética.
La modernización institucional no es patrimonio de ningún partido, sino que debería constituir el punto de encuentro entre quienes creen que la democracia puede y necesita seguir perfeccionándose. Todas las provincias tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar ese paso.
