No hacía falta entrar a la feria Urkupiña para notar el caos que acompaña su reapertura. El estacionamiento al aire libre de este predio, el más grande de los tres que componen La Salada junto con Punta Mogote y Cooperativa Ocean, se convirtió esta mañana en el escenario de un nuevo frente de batalla.
Si hasta hace pocos días todos los trabajadores de este inmenso polo textil estaban unidos bajo una misma consigna, la reactivación de la feria, este lunes las crispaciones internas no tardaron en aparecer tras la reanudación de la actividad en el predio. El conflicto tiene, de un lado, a los dueños de los puestos y, del otro, a sus inquilinos. Lo que se debate, básicamente, es quién deberá pagar el costo de la regularización del complejo, una de las condiciones que impuso la Justicia para autorizar su reapertura.
El estacionamiento de Urkupiña congregaba esta mañana a los dos grupos. En medio de los lugares reservados para los micros de tours de compras, todavía ausentes, una centena de inquilinos se congregaba en asamblea. De este círculo apretujado salían gritos: “Es insólito”, decía uno; “Se están haciendo los vivos”, lanzaba otro. “Como ahora es obligatorio firmar contratos de alquiler, los dueños de los locales nos están queriendo aumentar el precio”, explicó un feriante a LA NACION. Él, al igual que muchos de los demás comerciantes reunidos, pagaba por mes $2,5 millones antes de la clausura del lugar. Hoy, el dueño le comunicó que a partir de ahora deberá pagar $3 millones, $600.000 por contrato y el resto “en mano”.
A pocos metros de esta álgida reunión, también en el estacionamiento, los propietarios de los locales hacían fila para ser atendidos en la administración de la feria. Quienes salían de las oficinas llevaban en su mano una fotocopia: un modelo de contrato clásico, una novedad en el informal mundo de La Salada. “A partir de ahora nos tenemos que manejar así, con contrato de alquiler y todo. Más que eso no sabemos, todavía no hay mucha información. Por eso venimos a la administración, para despejar dudas”, explicaba uno de ellos a este diario.
La regularización de los alquileres es una de las decenas de condiciones que impuso el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora en la resolución en la que habilitó la reapertura de La Salada. Este polo textil informal, el más grande de Argentina y uno de los más importantes de América Latina, había sido clausurados el pasado 22 de mayo tras la detención por lavado de dinero de 15 empresarios de su cúpula, entre ellos Jorge Castillo –autoproclamado “el rey de La Salada” y principal líder de Punta Mogote SCS– y Enrique “Quique” Antequera, uno de los socios de Urkupiña SA.
El documento judicial, emitido el viernes pasado, plantea una transformación total de La Salada por medio de una intervención judicial para “asegurar la legalidad y transparencia” de su funcionamiento y “evitar futuras infracciones”. Estas transformaciones incluyen la designación de un interventor para cada una de las tres ferias, los cuales todavía no han asumido. Ellos deberán garantizar, entre otras condiciones, que se registre a todos los empleados en relación de dependencia, que se registre de forma completa cada venta y que se instale “un sistema de aplicación para que toda la recaudación se realice mediante un sistema bancarizado, evitando el uso de dinero en efectivo”.
Son condiciones que todavía resultan ajenas a La Salada. Este lunes, en medio de la incertidumbre y del conflicto entre dueños e inquilinos de los locales, dentro de Urkupiña solo la mitad de los puestos estaban activos. “Recién nos estamos acomodando a esta nueva realidad”, comentaba Enrique Bravo, mientras acomodaba junto a su mujer una pila de joggings de plush dorado. El matrimonio alquila dos puestos, uno en La Salada, el cual reabrieron hoy, y otro en la calle Avellaneda, en el barrio porteño de Flores, donde viven y tienen su taller familiar. “En Avellaneda pagamos alquiler con factura y acá, en La Salada, sin factura. Calculo que ahora eso va a cambiar, todavía el dueño del local no se comunicó con nosotros”, explicó.
La mitad de los locales de su galería estaban vacíos. Los comerciantes que sí abrieron esta mañana explicaron que hay varios motivos detrás; por un lado, algunos vendedores que alquilan puestos todavía no han llegado a acuerdos con los dueños. “Otros no vinieron hoy porque venden marcas falsificadas, y al ser el primer día hay mucha policía dando vueltas. Mi vecino, que vende réplicas de campera Adidas, vino temprano a tantear la situación y se fue”, comentó Micaela, una vendedora que prefirió resguardar su identidad. Todavía no sabe, dijo, si quienes solían vender algún tipo de falsificación –aproximadamente la mitad de los comerciantes, según una investigación de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam)– podrán seguir haciéndolo o si tendrán que reinventarse.
LA NACION consultó a los abogados de Urkupiña acerca de los cambios que deberán comenzar a aplicarse puertas adentro del predio. “Aún no sabemos. Esperamos a que asuma la administradora judicial y nos dirá cuál es el requerimiento. Entendemos que buscan regularización de situaciones que consideren anómalas”, afirmaron, a la vez que destacaron que Urkupiña SA “tiene toda la documentación contable a disposición”.
Mientras que Urkupiña y Ocean abrieron hoy, Punta Mogote continuaba cerrado. Según pudo saber este medio, allí la actividad se reanudará en los próximos días. Esta mañana, algunos de los comerciantes de esta feria se encontraban en las calles linderas vendiendo de manera ambulante su mercadería. Representaban así una amenaza para los de las otras dos ferias.
“Los de Punta Mogote están rematando sus cosas afuera, con precios bajísimos, entonces nadie entra a comprar a Urkupiña”, protestaba una de las vendedoras de esta galería de compras. A esta problemática se sumaba otra: al ser el primer día de funcionamiento, fueron pocos los compradores que se acercaron a este rincón de Ingeniero Budge. “Hoy, lo poco que vendimos fue al por menor. Nuestros compradores al por mayor vienen en combis y autos desde el interior del país y desde Uruguay y Paraguay. Yo creo que todavía ni se enteraron que abrimos”, comentaba Jorge Ortiz, uno de los feriantes, quien junto a su familia se dedica a la confección y venta de blusas de mujer y buzos unisex.
Otros a su alrededor afirmaban, a la vez, que muchos compradores no habían concurrido por temor. “Todavía hay mucha incertidumbre. A mí uno de mis clientes me pidió que le envíe la mercadería a Flores, fijando un punto de encuentro, como veníamos haciendo en las últimas semanas. Le daba miedo venir a comprar acá y que, por alguna razón, le incautaran la mercadería”, confió una comerciante que prefirió resguardar su identidad.
La mayoría de las operaciones de hoy se hicieron en efectivo, contaron los vendedores entrevistados por LA NACION. Es un panorama que, en caso de aplicarse las condiciones que establece la resolución judicial, deberá cambiar. “Va a ser difícil vender de otra manera, no hay señal acá adentro. Cuando hay mucha gente, ni siquiera podés mandar un mensaje o un WhatsApp. Si quieren que se puedan hacer transferencias y facturas digitales, van a tener que poner wifi, pero no sé qué wifi aguantará tanta gente. Es complicado”, destacó Bravo.
