Hernán Castro, residente legal permanente de Estados Unidos desde hace más de 20 años y de nacionalidad mexicana, fue detenido el 31 de mayo en Arizona por presuntamente proporcionar una declaración incorrecta en su solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense. Según documentos judiciales, las autoridades lo acusan de realizar una declaración falsa en el formulario N-400, requisito para la naturalización, lo que lo coloca en riesgo de deportación.
Acusación de fraude migratorio y detención
De acuerdo con la acusación formal obtenida por The Guardian, las autoridades migratorias sostienen que Castro habría respondido de forma inexacta a una pregunta sobre actividades ilegales relacionadas con drogas. El cuestionamiento: “¿Alguna vez ha vendido o contrabandeado sustancias controladas, drogas ilegales o narcóticos?”, que aparece en el formulario N-400, fue respondida con un “no” por el acusado.
Aunque el caso aún está en curso, la acusación se basa en que omitió un antecedente de su juventud. El hecho, aunque ocurrido hace décadas, no fue reportado en el trámite, lo cual se interpreta como una tergiversación de la verdad bajo juramento.
Las normas actuales establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis por sus siglas en inglés) señalan que presentar información falsa de forma intencional en este tipo de solicitudes puede resultar en la negación de la ciudadanía, así como en procesos penales federales. Además, en casos en que se demuestre dolo, el error podría invalidar el estatus migratorio previo y dar paso a procedimientos de expulsión.
Castro fue arrestado el 31 de mayo y permanece en custodia desde entonces. Su situación ha generado preocupación en su comunidad, especialmente en Tucson, donde ha vivido durante la mayor parte de su vida adulta.
La estrategia para evitar su deportación
Mientras avanza el proceso judicial, amigos y familiares de Castro han iniciado una recaudación de fondos en línea para cubrir los costos de su defensa legal. “Nos comunicamos con ustedes con gran pesar para compartir la historia de nuestro querido amigo, quien actualmente enfrenta graves cargos migratorios que amenazan su futuro en EE.UU.”, publicó en GoFundMe Casiana Omick.
La campaña, gestionada por su pareja, tiene como objetivo reunir los recursos necesarios para contratar especialistas en derecho migratorio y enfrentar las audiencias programadas. Actualmente, llevan US$33.194 recaudados.
Según se detalla en la publicación, Castro es una figura reconocida dentro de su comunidad, especialmente por su participación en actividades educativas relacionadas con el medio ambiente. Se ha dedicado a enseñar sobre prácticas sostenibles y recolección responsable de especies naturales, que incluyen hongos silvestres.
Sus allegados lo consideran una persona con fuertes lazos en Arizona y expresan su preocupación por el impacto que su posible deportación tendría en quienes dependen de su trabajo y liderazgo comunitario.
Según el abogado defensor, el caso aún se encuentra en una etapa preliminar. El equipo legal trabaja para presentar documentación y pruebas que demuestren la ausencia de intención fraudulenta en la respuesta cuestionada del formulario.
De acuerdo con The Guardian, Castro se ha declarado inocente de todos los cargos. El juicio está previsto para el 20 de agosto, y su resolución definirá si podrá continuar residiendo en EE.UU.
Contexto migratorio en Estados Unidos
La administración federal liderada por Donald Trump ha intensificado la vigilancia sobre los procesos de naturalización, lo que incluye revisiones más estrictas de antecedentes penales, aunque estos sean antiguos o ya hayan sido resueltos legalmente.
Desde el anuncio de operativos migratorios masivos, tanto indocumentados como titulares de tarjetas de residencia permanente han sido objeto de detenciones. En algunos casos, estos arrestos han ocurrido durante citas oficiales de inmigración o en otros lugares antes considerados “sensibles”.
La green card no es para siempre
En julio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recordó que la tarjeta verde es un beneficio que puede ser revocado, no un derecho absoluto. El mensaje fue interpretado como una advertencia hacia los residentes legales con historiales penales, quienes pueden enfrentar la pérdida de su estatus migratorio si se considera que representan un riesgo.
