La expresidente de la Nación, Cristina Kirchner, envío un mensaje en el marco del Día del Trabajador: “Este es un Día del Trabajador difícil para las grandes mayorías nacionales”.
La actual presidente del Partido Justicialista (PJ) estableció: “A la pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, que hoy se encuentra en los niveles del 2001, se suma la intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo”.
Además, determinó que, bajo este contexto, “es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso”. Para finalmente “volver a soñar con un país donde la movilidad social ascendente permitió que, durante décadas, los argentinos tuvieran la certeza de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos”.
Y concluyó: “Recuperar esa Argentina debe ser el compromiso de los que creemos en Dios y en la Patria”.
Jubilaciones de privilegio y Los Sauces-Hotesur
Mientras, la expresidente espera por un magistrado que aborde la causa que inicio hace un mes, con el fin de que le devuelvan las jubilaciones de privilegio que le quitó el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. Es que primer magistrado que recibió el expediente se excusó de intervenir y la segunda jueza rechazó esa excusación y se lo devolvió.
Todo indica que ahora será la Cámara Federal de la Seguridad Social la que resolverá el conflicto de competencia entre los jueces para definir quién deberá llevar el expediente, informaron a Infobae fuentes judiciales.
A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el gobierno nacional revocó el año pasado la jubilación de privilegio que Cristina Kirchner cobraba como exmandataria y la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner.
La expresidenta cobraba 21.629.116 de pesos en bruto. El argumento que dio el gobierno fue que la Cámara Federal de Casación confirmó la condena de Cristina Kirchner en el caso Vialidad.
En su resolución, la ANSES había argumentado: “La finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.
Por su lado, Kirchner presentó un recurso de reconsideración y señaló que la ley solo permite quitar la asignación ante la destitución por juicio político. Por lo cual la decisión del gobierno es nula ya que frente a una objeción debería haber iniciado una causa judicial. Y denunció que se trató de “un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo».
Sin embargo, la ANSES rechazó ese planteo y así Facundo Fernández Pastor, abogado de Cristina Kirchner, presentó el 31 de marzo pasado una demanda en la justicia federal de la Seguridad Social para que revoquen la decisión del gobierno. Y para que se dicte una medida cautelar que reanude los pagos de la jubilación y la pensión.
El caso quedó a cargo del juez Ezequiel Pérez Nami. La causa se remitió a su juzgado porque el magistrado tiene otra causa similar. En 2021 Pérez Nami falló a favor de la ex presidenta y la ANSES del gobierno de Alberto Fernández no apeló. Ahora la legisladora porteña Graciela Ocaña busca que la Corte Suprema la acepte en la causa para seguir con la apelación.
Por otro lado, El Tribunal Oral Federal 5 reactivó la causa Los Sauces-Hotesur en el que la principal acusada es la expresidente. con una serie de medidas de pruebas que habían sido solicitadas por la Fiscalía, entre ellas la reanudación de un peritaje contable. Todo para que cuando esa etapa finalice se pueda fijar la fecha de inicio del juicio oral y público.
En la causa se investiga a Kirchner por presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte Los Sauces y Hotesur, dos sociedades propiedad de la familia Kirchner, en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios.
La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la expresidenta están acusados una treintena de personas, entre ellas su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner, y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.