Una mujer identificada como Jacqueline Dianne Wallace, de 52 años y de origen jamaiquina, fue detenida por autoridades federales en Florida tras ser acusada de haber mentido sobre su estatus migratorio para participar en las elecciones primarias presidenciales estadounidenses 2024. El arresto fue ejecutado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Tampa, en conjunto con personal de la Oficina del Sheriff del Condado de Bay.
La inmigrante acusada de fraude para votar en las elecciones de Florida
Según el comunicado oficial de la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), Wallace ingresó legalmente a Estados Unidos en diciembre de 2010 con una visa de turismo B-2, válida por seis meses. No obstante, no regresó a su país una vez vencido el plazo permitido, por lo que su permanencia en territorio estadounidense se convirtió en irregular.
En enero de 2024, se inscribió como votante a través de una plataforma digital del estado de Florida. Este sistema requiere, entre otros documentos, una prueba de ciudadanía estadounidense, requisito que ella no cumplía. A pesar de eso, logró completar el trámite.
Meses más tarde, en agosto de 2024, emitió su voto en las elecciones primarias presidenciales federales que se llevaron a cabo en Florida. Las autoridades no han revelado detalles sobre su preferencia electoral, ya que el secreto del voto es un derecho constitucional en EE.UU.
La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Florida formalizó la acusación y detalló que Wallace habría declarado falsamente ser ciudadana estadounidense para completar su registro como votante.
Las consecuencias legales de votar sin estatus migratorio regular en EE.UU.
“Una jamaiquina que se encontraba ilegalmente en el país fue detenida y acusada de fraude electoral por HSI Tampa junto con Uscis, la Oficina del Sheriff del Condado de Bay y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Los extranjeros no pueden votar legalmente en las elecciones presidenciales de EE.UU., ni en persona ni por correo”, publicó HSI Tampa en X.
Tras ser arrestada, Jacqueline Wallace fue presentada ante el tribunal federal en Tallahassee, capital del estado. Ahora, se enfrenta a un proceso legal por presentar información falsa en documentos oficiales, un delito federal que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
Además de la condena penal, el caso podría derivar en una orden de deportación, ya que la mujer no tiene residencia legal ni ciudadanía. En caso de ser encontrada culpable, sería elegible para ser expulsada del territorio estadounidense tras cumplir una eventual condena.
El registro ilegal de votantes no ciudadanos es considerado una infracción seria en la legislación electoral de EE.UU. Aunque los casos no son frecuentes, generan alta atención mediática y política, especialmente en contextos donde el debate sobre la seguridad del sistema electoral es intenso.
En este caso, Wallace accedió al sistema digital de registro sin poseer los documentos exigidos y completó el proceso con una declaración jurada falsa. La fiscalía afirma que esta acción no fue resultado de un error administrativo, sino una maniobra deliberada para obtener acceso indebido a los comicios.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Jacqueline Wallace conserva sus derechos procesales. El sistema judicial estadounidense garantiza que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Será el gobierno federal quien deberá demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
El caso se encuentra en sus primeras etapas judiciales y aún no se ha emitido un veredicto. Mientras tanto, Wallace permanece bajo custodia a la espera de nuevas audiencias que definirán su futuro legal.
Los detalles de la investigación sobre la jamaiquina que mintió con su estatus migratorio
El proceso de investigación fue liderado por HSI Tampa, con el respaldo de la Unidad de Delitos Electorales del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. También participaron la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad del Departamento de Estado, el Supervisor de Elecciones del Condado de Bay y el propio Uscis.
El fiscal Eric Welch, representante del Departamento de Justicia, fue designado como responsable de conducir el caso en la instancia judicial.
Este caso se enmarca dentro de la Operación “Recuperar América” (Take Back America), una estrategia nacional lanzada por el Departamento de Justicia con el objetivo de combatir delitos relacionados con la inmigración ilegal, desmantelar redes delictivas transnacionales y reforzar la seguridad de las comunidades.
La iniciativa se apoya en los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (Ocderf, por sus siglas en inglés) y en el programa Proyecto Vecindario Seguro (PSN, por sus siglas en inglés). Su intención es coordinar esfuerzos federales, estatales y locales para responder a lo que se considera una crisis de seguridad relacionada con la migración irregular y el fraude vinculado a procesos electorales.
