Desde que Donald Trump asumió la presidencia por segunda ocasión, el estado fue afectado por las nuevas regulaciones migratorias. Deportaciones, redadas de ICE y ausencias laborales de trabajadores extranjeros acaparan la crítica nacional e internacional.
La sesión legislativa de Utah en 2025 estuvo marcada por debates sobre temas nacionales reflejados en proyectos de ley estatales. El gobernador Spencer Cox expresó su preocupación por la influencia de la política nacional en asuntos locales, aunque reconoció que es una realidad inevitable.
¿Cuáles son las leyes migratorias que están vigentes en 2025?
En 2025, Utah aprobó la ley HB 226 que endurece las sanciones para inmigrantes previamente deportados que reinciden en delitos graves. Ahora, enfrentarán penas de cárcel obligatorias, lo que refuerza la cooperación del estado con las políticas federales de deportación.
Además, la ley amplía la sentencia máxima para delitos menores de clase A a un año completo, lo que, según la normativa federal, puede activar automáticamente procesos de deportación.
Aunque los legisladores afirman que esta medida solo se aplicará a delitos menores violentos, los críticos advierten que podría afectar a inmigrantes que residen legalmente en el país.
Otro cambio importante es la clasificación de los migrantes indocumentados como “de alto riesgo de fuga”, lo que dificultará que puedan obtener libertad condicional antes del juicio. También se ordena la disolución obligatoria de organizaciones sin fines de lucro que sean condenadas por delitos relacionados con el tráfico de personas.
La ley HB 226 exige que el Departamento de Correcciones de Utah colabore con las autoridades federales para transferir a ciertos reclusos sin estatus legal a custodia de inmigración tras cumplir sus sentencias.
Sin embargo, críticos argumentan que esto impactará especialmente a inmigrantes con visas o estatus legal, mientras que los indocumentados seguirán siendo deportados sin necesidad de cumplir una condena prolongada.
Además, el proyecto obliga a jueces y funcionarios carcelarios a proporcionar información migratoria a las autoridades federales, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles errores administrativos y vulneraciones de derechos legales.
¿Qué leyes migratorias siguen vigentes?
- La ley HB183, promulgada en 2025, establece que los solicitantes de asilo político o de Estatus de Protección Temporal (TPS) en Utah están legalmente restringidos de poseer armas de fuego u otras armas peligrosas.
- La ley SB31 creó la Oficina de Servicios para Refugiados dentro del Departamento de Servicios Laborales de Utah. Esta dependencia tiene como objetivo coordinar y ofrecer servicios integrales a los refugiados, incluyendo programas laborales y apoyo psicológico. La intención es facilitar su integración efectiva en la sociedad y economía del estado, brindándoles las herramientas necesarias para una adaptación exitosa.
- La ley HB42 tiene como propósito asignar fondos adicionales a las escuelas que experimentan un aumento significativo en la matrícula de estudiantes que se encuentran estudiando inglés.
Estas leyes reflejan los esfuerzos del estado de Utah por abordar de manera específica y diferenciada las necesidades de las comunidades inmigrantes y de los estudiantes que requieren apoyo en el aprendizaje del inglés, al buscar su integración y éxito en la sociedad y el sistema educativo.
¿Qué propuestas de leyes migratorias se rechazaron?
Durante la sesión legislativa de Utah en 2025, varias propuestas destinadas a endurecer las leyes migratorias fracasaron. Entre ellas, un proyecto que proponía reducir el umbral de empleados requerido para que las empresas usen el sistema E-Verify, al pasar de 150 a 15 trabajadores, con el fin de verificar el estatus legal de sus empleados.
Otra iniciativa proponía imponer un impuesto a las transferencias bancarias internacionales realizadas por personas sin identificación estatal o visa válida.
Además, se intentó aprobar una ley que habría permitido la incautación de vehículos de conductores sin licencia, como respuesta al supuesto aumento de inmigrantes indocumentados en las carreteras del estado. Sin embargo, dichos proyectos no lograron avanzar en la Legislatura.
