El reciente envío de tropas federales a California ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y el gobernador Gavin Newsom. La medida, justificada por la Casa Blanca como respuesta a protestas y actos violentos ocurridos durante operativos migratorios en el área de Los Ángeles, ha sido cuestionada por autoridades estatales, que consideran ilegal la intervención de la Guardia Nacional sin el consentimiento del estado.
Qué dice la ley sobre la activación de la Guardia Nacional
El despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en California opera bajo un marco jurídico específico que establece tanto las facultades como las restricciones de las fuerzas federales en territorio nacional. La orden, que ha generado controversia legal y política, se fundamenta en disposiciones constitucionales que delimitan claramente el alcance de la intervención de los marines y la Guardia Nacional.
El sábado 7 de junio, el presidente estadounidense firmó un memorando que invoca la Sección 12406 del Título 10 del Código de Estados Unidos. Esta disposición autoriza al mandatario a movilizar unidades de la Guardia Nacional bajo control federal en casos específicos, como insurrección, rebelión o cuando no se puedan hacer cumplir las leyes del país con las fuerzas regulares.
El memorando autorizó a desplegar hasta 2000 efectivos de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles por un periodo de 60 días o el tiempo que el Secretario de Defensa considere necesario. Estos militares no tienen un rol de control directo del orden público, sino que deben brindar apoyo logístico y de seguridad a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), encargados de ejecutar operativos migratorios.
Qué pueden hacer los militares activados en California
La legislación estadounidense impone restricciones significativas sobre las actividades que pueden realizar las fuerzas militares en territorio nacional. La Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe fundamentalmente la participación de las fuerzas armadas en operaciones civiles de seguridad, salvo excepciones constitucionales específicas.
Los efectivos de la Guardia Nacional en California tienen asignadas tareas específicas como:
- Funciones de apoyo y protección al ICE.
- Salvaguardar instalaciones gubernamentales.
- No pueden participar directamente en tareas de orden público.
Los marines desplegados enfrentan restricciones legales adicionales que les impiden participar en operaciones de búsqueda o arrestos, salvo que se invoque la Ley de Insurrección. El Departamento de Defensa confirmó que la Infantería de Marina proporcionará únicamente apoyo logístico a los efectivos de la Guardia Nacional.
De acuerdo con Brennan Center for Justice, la Ley de Insurrección permite al presidente desplegar tropas si hay una rebelión o disturbios generalizados que impidan la aplicación de la disposición federal. Sin embargo, Trump no apeló a esta normativa.
El mandatario optó por el Título 10, cuya interpretación ha sido cuestionada, ya que exige que el estado esté en una situación de rebeldía o incapacidad para aplicar sus propias leyes, algo que, según el gobierno de California, no ha ocurrido.
Gavin Newsom demanda a Trump tras la militarización en Los Ángeles
El gobernador Gavin Newsom rechazó la medida y calificó el despliegue como una interferencia directa en la soberanía del estado. En declaraciones públicas y a través de una demanda presentada ante una corte federal, sostuvo que Trump violó la ley al activar tropas sin solicitar el consentimiento del estado, como exige la Constitución.
“Donald Trump siembra el miedo y el terror al incumplir la Constitución de EE.UU. y extralimitarse en su autoridad. Esta es una crisis artificial para permitirle tomar el control de una milicia estatal”, denunció Newsom en el comunicado oficial. “Esto va más allá de la incompetencia: él provoca el caos intencionalmente, aterroriza a las comunidades y pone en peligro los principios de nuestra gran democracia. Es un paso inequívoco hacia el autoritarismo”, agregó.
El argumento legal de la Casa Blanca
La Casa Blanca sostuvo que los incidentes ocurridos en las protestas recientes, que incluyeron, según el comunicado, “agresiones a oficiales y daños a edificios federales”, constituyen una amenaza directa a la capacidad del gobierno para aplicar las leyes migratorias. Desde esa perspectiva, el presidente tiene la facultad de movilizar tropas para garantizar que dichas disposiciones se cumplan.
“La administración Trump tiene una política de tolerancia cero ante la delincuencia y la violencia, especialmente cuando dicha violencia se dirige contra agentes del orden que intentan hacer su trabajo”, señaló la portavoz Karoline Leavitt. “Estos delincuentes serán arrestados y llevados rápidamente ante la justicia. El Comandante en Jefe garantizará el cumplimiento absoluto de las leyes de EE.UU.“, agregó.
El marco legal actual otorga al presidente cierto margen para movilizar fuerzas militares en situaciones excepcionales. No obstante, la activación unilateral de la Guardia Nacional, sin coordinación con el gobierno estatal, plantea desafíos constitucionales relevantes.
