Ikechukwu Ndubuisi nació hace 49 años en Enugu, Nigeria. También es ciudadano argentino y en el país se hizo famoso como el “rompecorazones” nigeriano. Tiene título universitario, equiparable a lo que en el país es un licenciado en Administración de Empresas, y dice ser comerciante. Ahora está procesado con prisión preventiva: está considerado, prima facie, jefe de una asociación ilícita de carácter transnacional y coautor del delito de estafa.
“Ndubuisi recibía el producido económico de las maniobras ilícitas, lo que lo posiciona como beneficiario directo y jefe de la organización”, afirmó el juez nacional en lo criminal y correccional Manuel de Campos, a cargo de la causa, en una reciente resolución donde procesó con prisión preventiva al sospechoso. Además, trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $500.000.000.
Según pudieron determinar los detectives policiales y judiciales que participan de la investigación, la organización cibercriminal internacional dedicada a las estafas que integró Ndubuisi se hizo de un botín de US$8.000.000.
El sospechoso, que estaba prófugo de la Justicia argentina, fue detenido a principios de mes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando realizaba los trámites migratorios para ingresar en el país, procedente de Brasil. Había aterrizado en un avión de Ethiopian Airlines.
Se trató de la primera captura de un prófugo con una notificación plateada de Interpol, utilizada “para ayudar a localizar y recuperar activos de origen delictivo, combatir la delincuencia organizada transnacional y mejorar la cooperación policial internacional”, según se informó en su momento.
Según el expediente judicial, se le atribuye a Ndubuisi, junto con otros sospechosos detenidos, otros imputados que se encuentran prófugos y estafadores aún no identificados, “haber integrado una organización criminal permanente, de carácter trasnacional, que operaría en este país y otros y que funciona -al menos- desde el año 2018 hasta la actualidad, con fines de lucro y en la que sus integrantes actuaron concertadamente, con el objetivo de cometer un número indeterminado de planes delictivos y de delitos en sí -en su mayoría patrimoniales-, defraudaciones y extorsiones producidas a través de medios informáticos y la utilización del sistema bancario. Contaba con una estructura de grandes dimensiones a partir de la gran cantidad de miembros que la conformaban -aquellos que lograron ser identificados y una gran cantidad que todavía no pudieron ser individualizados-, de corte piramidal, que por eso mismo tendía a ampliarse hacia abajo, debido a que en esos escalones inferiores se incorporaba la mayor cantidad de integrantes posible, a los cuales se reclutaba constantemente, actividad, incentivada por el ofrecimiento de comisiones a descontar sobre el resultado de la propia actividad criminal”.
El juez Campos explicó que “la actividad delictiva en los hechos detectados consistía principalmente en la comisión de maniobras defraudatorias y extorsivas, con el empleo de medios informáticos y de diversas técnicas de engaño, dirigidas hacia personas físicas y, en algunos casos y dependiendo de la modalidad elegida para el despliegue, efectuando ingresos no autorizados a sus cuentas de correo electrónico, de carácter privado. En algunas ocasiones se utilizaron cuentas de correo electrónico de personas que eran conocidas de las víctimas, o con direcciones similares que les impidieron a estas últimas distinguirlas de las originales y verdaderas”.
Siempre, según el expediente judicial, “las víctimas fueron ‘elegidas’ en redes sociales por medio de usuarios que habían sido creados específicamente para la ocasión, con identidades falsas -datos y fotografías correspondientes a otras personas- y luego de implantarlos y de entablar contacto por medio de aquellos, se suministraba un relato ficticio, que por un motivo u otro, decantaba en el envío de un ‘regalo’ o de una encomienda -que, en muchos casos, según decían, contenían dinero u objetos de elevado valor económico- que se retenía en la aduana y por la cual, para su ‘liberación’, se requería del pago de impuestos o de gastos de gestión/envío para que pudiera llegar a destino. También, en ciertas ocasiones, se hacía mención de que el supuesto enamorado había emprendido el viaje para encontrarse con la víctima -a quien convencían de que estaba iniciando o manteniendo una especie de relación sentimental a distancia- y que era detenido por los objetos que transportaba, de modo que le exigían a aquella que en forma urgente hiciera pagos para solventar los gastos vinculados con el proceso judicial, la encomienda y la eventual liberación».
Después, tanto con una modalidad u otra se terminaba exigiendo reiteradamente -por correo electrónico, WhatsApp o directamente con llamadas telefónicas- a “quien era objetivo de la maniobra que realizara un pago o varios, mediante transferencia bancaria o depósito a favor de las cuentas que les informaban, que en la ficción narrada correspondían a diplomáticos o gestores, personal de fuerzas de seguridad o de organismos internacionales, o personal de la misma aduana o a supuestas empresas encargadas de la logística del envío”.
Por ejemplo, según las pruebas reunidas en el expediente, Ndubuisi estuvo detrás de una estafa donde la víctima pensó que se había enamorado de Brandon, un soldado de los Estados Unidos que estaba en una misión en Yemen.
Una vez que la víctima ya había caído en la trampa y estaba enamorada del soldado que pensaba conocer en algún momento, su interlocutor le pidió si no podía recibir unos objetos personales que tenía a resguardo en Irán, pero que necesitaba retirarlos y tenerlos con alguien de confianza.
La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, aceptó el pedido y después comenzó a recibir correos electrónicos donde le pedían transferencias en dólares para poder abonar los derechos de aduana. Pero el trámite siempre se complicaba y le pedían más dinero.
La mujer hizo varias transferencias y cuando se quedó sin dinero sacó un préstamo de $400.000 [US$2500 al cambio de esa época] a pagar en 60 cuotas. “Con el paso del tiempo y ante la falta de resolución de la situación, entendió que había sido engañada, por lo que dejó de efectuar envíos de dinero para supuestos pagos”, explicó el magistrado en la citada resolución.
Ndubuisi no es el único jefe de la organización criminal. Otro de los líderes continúa prófugo: se trata de Obinna Chukwuemeka Ejikeme, un nigeriano conocido como Bobby, que logró escapar de la Argentina antes de que lo ubicaran. Tiene una orden de captura internacional.
