Un migrante venezolano que permanece bajo custodia en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Washington denunció que fue atacado por otro recluso y cuestionó a las autoridades del lugar por no ofrecerle la atención médica necesaria. “No me siento seguro aquí”, afirmó.
Lo arrestó el ICE y asegura que lo atacaron en un centro de detención de Washington: “Tengo miedo”
Wilfredo Castillo Rivas, un ciudadano venezolano de 47 años, le dijo a Newsweek que el 12 de agosto descansaba en su litera dentro del Centro de Detención del Noroeste, en Tacoma, cuando otro detenido lo atacó sin previo aviso.
Según su testimonio, el agresor comenzó a golpearlo y luego intentó apuñalarlo con un lápiz. Desde entonces, Castillo Rivas no volvió a ser el mismo. A las heridas que sufrió, se le suman la angustia y el temor. “No puedo dormir bien. Tengo miedo de que alguien me ataque de nuevo”, relató.
“Tengo pesadillas en las que alguien viene y me apuñala”, agregó el migrante que desde entonces vive en estado de alerta permanente. “No confío en nadie. No me siento seguro aquí. No me siento a salvo”, expresó.
El hombre afirmó que sufrió varias heridas: cuatro puñaladas en el muslo, lesiones en el brazo y un corte en el abdomen.
La queja por falta de asistencia médica adecuada y la respuesta del DHS
Tras la agresión, Castillo contó que un guardia del Grupo GEO -la compañía privada que administra el centro bajo contrato con el ICE- llegó al lugar al escuchar el ruido. Primero lo llevó al patio de recreación para interrogarlo y luego lo acompañó a la unidad médica.
Allí, el personal le aplicó una vacuna antitetánica, ungüento antibiótico, analgésicos y vendajes, antes de enviarlo nuevamente a su litera. Al día siguiente, volvieron a aplicarle la misma pomada. Tanto Castillo Rivas como su familia se quejaron porque, a pesar de que lo pidieron, no le realizaron una evaluación médica completa.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazaron esa acusación. “Cualquier afirmación de que a Castillo se le negó la atención médica adecuada es falsa. Tras el ataque de otro inmigrante indocumentado el 12 de agosto, el ICE le proporcionó de inmediato la atención adecuada”, señaló Tricia McLaughlin, portavoz de la agencia, al medio citado.
La funcionaria agregó también que en una revisión de seguimiento los profesionales de la salud confirmaron que las heridas eran superficiales y que no se requerían radiografías ni hospitalización.
Quién es Wilfredo Castillo Rivas: su llegada a EE.UU. y el proceso de asilo
Castillo Rivas huyó de Venezuela en abril de 2024, cuando cruzó por El Paso, Texas. Tras entregarse a las autoridades, pidió asilo y se le reconoció un temor fundado de persecución, de acuerdo con lo que relató su familia.
Quedó incluido en el Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva (ISAP, por sus siglas en inglés), que exigía reportes telefónicos y biométricos frecuentes. Su audiencia final de asilo estaba programada inicialmente para abril de 2027.
La situación cambió en marzo de 2025, cuando acudió a una reunión que creía rutinaria con su administrador de casos en Tukwila, Washington. Allí lo esperaban agentes del ICE que lo arrestaron bajo el argumento de que había incumplido con varias citas de registro, algo que Castillo y su esposa, Karri Castillo, niegan. El venezolano fue trasladado al centro de detención el 26 de marzo de 2025.
“No entiende por qué lo detuvieron y lo mantienen bajo custodia. Siempre ha estado dispuesto a hacer todo lo que se le pida para quedarse en Estados Unidos”, señaló la mujer.
El 18 de julio de 2025, se realizó la audiencia final en la que un juez concluyó que corría un alto riesgo de ser torturado o asesinado si regresaba a Venezuela. Por esa razón, se le otorgó protección bajo la Convención contra la Tortura, un tratado internacional que prohíbe la expulsión de una persona hacia un país donde su vida esté en peligro.
Sin embargo, su familia expresó preocupación porque el ICE podría enviarlo a un tercer país. “Will continúa detenido indefinidamente como parte del plan inhumano y poco ético de esta administración de expulsar a personas a terceros países para eludir las órdenes legales de los jueces de que estos migrantes tienen derecho a protección», denunció el abogado de la familia, Ariel Cook.
