El direccionamiento irregular de contratos en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí ha desencadenado consecuencias judiciales inmediatas y compromete la ejecución de millones de pesos en recursos estatales transferidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva).
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres funcionarios, de los cuales dos se encuentran bajo medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en irregularidades detectadas en seis contratos firmados entre ambas entidades.
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De acuerdo con el ente investigador, estos contratos —que tenían como objetivo el fortalecimiento de la capacidad operativa, la formación en atención de emergencias y la entrega de kits de bioseguridad por la emergencia del covid-19— se adjudicaron de forma directa “sin cumplir con las normas de contratación, desconociendo la pluralidad y selección objetiva, con el fin de beneficiar a un proponente a dedo”.
Esta forma de proceder habría facilitado un manejo indebido de los fondos públicos.
La investigación sostiene que Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exgerente de la entidad de socorro, y María Yaneth Rúa García, funcionaria del Amva, permanecerán privados de la libertad durante el desarrollo del proceso penal.
Entre tanto, Elkin de Jesús González Correa, suplente de los bomberos, podrá enfrentar el proceso en libertad. El valor de los contratos en cuestión asciende a cerca de 18.000 millones de pesos, según los cálculos expuestos por la Fiscalía.
Uno de los aspectos centrales de la acusación indica que parte de esos recursos, específicamente 2.481.150.102 de pesos, habría sido apropiada mediante sobrecostos y pagos por bienes cuya adquisición careció de respaldo documental.
La Fiscalía aseguró en audiencia que Cadavid Jaramillo “se apropió en favor propio, en favor del Cuerpo Bomberos Voluntarios, de recursos públicos por valor total de 2.481.150.102 de pesos”. De esa suma, 1.212.248.302 de pesos corresponden a sobrecostos y 1.268.901.800 pesos a bienes sin soporte en su compra.
Las anomalías se detectaron en los paquetes de bioseguridad entregados, donde se generaron cobros por servicios de transporte que nunca se realizaron y recargas a líneas celulares inexistentes, según la acusación formal, lo que produjo un detrimento patrimonial de magnitud considerable.
