“Si hay veto, hay marcha”. Así lo venia advirtiendo el sistema universitario y anoche, a minutos de que el presidente Javier Milei vetara la ley de financiamiento universitario, ya la Federación Universitaria Argentina (FUA) junto con el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocaron a una nueva marcha federal para el día en que el Congreso vote la insistencia en la norma, aún no establecido.
Este mediodía, los rectores de las universidades nacionales convocaron a la movilización, pidieron a los legisladores que sostengan la ley y al Gobierno que contemple a la universidad pública en el presupuesto 2026. Será presentado el próximo lunes por Milei.
“Está en riesgo el funcionamiento de la universidad pública tal como la conocemos si no tenemos ley de financiamiento público y presupuesto 2026”, resumió Oscar Alpa, el rector la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN. “A través del presupuesto es que también el sistema universitario define su autonomía”, sumó.
“Necesitamos realmente con urgencia que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley cuando trate el reto. Vamos a trabajar desde aquí a la sesión en cada una de las provincias del país para sensibilizar a los legisladores nacionales respecto de la importancia de que eso suceda en la Cámara de Diputados”, adelantó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.
Luego de la conferencia de prensa, los rectores irían al Hospital Garrahan para rechazar en conjunto los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Los profesionales y técnicos del hospital, por su parte, ya anunciaron un paro activo para los días 12 y 13 de septiembre y un “ruidazo nacional”, al que convocan a toda la sociedad mañana, a las 20.
Al igual que el año pasado, los rectores describieron las dificultades para funcionar en este contexto y dijeron que comenzaran nuevamente a ajustar gasto como sucedió en la previa a la marcha federal de 2023. “Empezaremos a limitar los horarios de luces”, dijo Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Remarcaron también el impacto entre los docentes: estimaron que solo en el último año renunciaron 10.000, cerca de un 5% de cada universidad. “Está hipotecando el futuro, porque lo que estamos perdiendo hoy no lo recuperamos en tres o cuatro años”, sostuvo Gelpi.
Es la segunda vez que el Presidente veta la ley de financiamiento universitario, que se votó con un texto similar luego de la primera gran marcha en reclamo por la universidad pública en marzo de 2023. La iniciativa actual, aprobada en ambas cámaras, encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre 2023 hasta la fecha de sanción de la norma y obliga al Gobierno a convocar a paritarias.
