El estado de emergencia decretado en la provincia de Lima y el Callao desde el 22 de octubre, no ha conseguido reducir la cifra de homicidios ni los ataques a transportistas, que persisten con altos niveles de agresión. En los primeros 26 días de la medida—que concluirá este 21 de noviembre y será renovada inmediatamente—se han reportado al menos 50 homicidios, de los cuales la mayoría ocurrió mediante el uso de armas de fuego.
El balance tras el estado de emergencia
Las cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) indican que, entre el 22 de octubre y el 16 de noviembre, en el periodo de ejecución del estado de emergencia, se contabilizaron 50 homicidios en Lima y Callao. De ellos, 42 víctimas fallecieron por proyectil de arma de fuego, lo que representa el 84% de los casos.
Antes de la entrada en vigor del estado de emergencia, en un periodo equivalente de 26 días (del 26 de septiembre al 21 de octubre), el mismo registro oficial documentó 53 homicidios, también con predominancia de muertes por arma de fuego (79%).
Focos territoriales y modalidades de los crímenes
En los distritos de San Martín de Porres, Ate, Puente Piedra, Villa el Salvador, Los Olivos y Carabayllo—todos en Lima—la cantidad de homicidios subió durante el estado de emergencia, alcanzando 31 víctimas frente a 18 en el periodo previo, según las estadísticas recogidas por SINADEF. En estos distritos, el 90% de los homicidios se cometió con armas de fuego.
La zona norte de Lima concentró la mitad de todos los homicidios informados durante la intervención militar y policial, registrando un incremento relativo respecto al periodo anterior. El perfil de los hechos muestra patrones de violencia letal con presencia significativa del crimen organizado, donde la utilización de proyectiles de arma de fuego constituye el método predominante.
Un aspecto que genera observaciones en los reportes oficiales es la presencia de 10 muertes violentas, certificadas por necropsia como atribuibles a proyectiles de arma de fuego, pero inscritas como “ignoradas” en la base de SINADEF; ocho corresponden a Lima y dos al Callao. Estos datos están sujetos a actualización conforme se procesan los registros pendientes.
Continuación de los ataques contra transportistas
El impacto de la criminalidad se percibe con fuerza también sobre el sistema de transporte público. Diversas fuentes describen un contexto de inseguridad donde las bandas de extorsionadores mantienen bajo amenazas y ataques a los conductores de vehículos de transporte urbano en Lima, obligándolos a pagar sumas periódicas para seguir operando.
En lugares como San Martín de Porres, este fenómeno ha impulsado el éxodo de transportistas fuera de la ciudad y, en algunos casos, del país, buscando salvaguardar su integridad y la de sus familias. Datos actualizados dan cuenta de un millonario esquema de extorsión, que solo en el rubro de empresas como “El Rápido” puede movilizar hasta 800 mil soles al año a favor de organizaciones criminales.
Perspectiva para el próximo periodo de emergencia
El primer estado de emergencia, promulgado por el gobierno de José Jerí y que termina este jueves, será sucedido desde el viernes 21 de noviembre por una nueva extensión de 30 días. La medida plantea desafíos no solo en el combate a la delincuencia común y el crimen organizado, sino también en la garantía de derechos y el equilibrio de acciones policiales y militares en zonas urbanas densamente pobladas.
La actualización de los reportes de homicidios por parte del SINADEF podría modificar el saldo final del primer periodo, mientras distintas organizaciones reclaman respuestas más eficaces para frenar la escalada de violencia letal y los ataques vinculados a extorsión en el sector transporte.
