A partir de la medianoche entra en vigor el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, lo que impone restricciones sobre ciertas actividades y derechos constitucionales durante los próximos 30 días.
La disposición, anunciada por el presidente interino José Jerí y formalizada a través del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM publicada en el diario oficial El Peruano, establece que la Policía Nacional (PNP) será responsable del control del orden interno en ambas jurisdicciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El documento ordena controles puntuales para combatir delitos y situaciones violentas. Mientras esté vigente la medida, permanecerán limitados los derechos relacionados con la libertad individual, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la reunión y la circulación.
La organización de actos públicos experimenta cambios relevantes: cualquier actividad religiosa, cultural, deportiva o similar de carácter masivo requerirá solicitud de permiso, según el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
De acuerdo con esta normativa, las autoridades locales revisarán establecimientos que operen con o sin licencia de funcionamiento, así como los espectáculos públicos, deportivos y no deportivos, con especial atención a aquellos que concentren hasta tres mil asistentes.
Las reuniones o eventos no masivos pueden realizarse sin requerir autorización previa.
El patrullaje en áreas clave incluye paraderos, estaciones del metro y activos estratégicos. Según el decreto, se realizarán operativos de búsqueda y captura de personas con requisitoria, así como controles de identidad en la vía pública, inmuebles y vehículos. Los procedimientos podrán requerir el descerraje en inmuebles, conforme a los informes oficiales.
El documento prohíbe que dos adultos viajen juntos en motos lineales y establece el traslado a depósitos de todo vehículo con papeles falsificados o placas que no permitan su adecuada identificación. Los controles incluyen decomisos de armas, municiones, explosivos y pirotécnicos ilegales, así como inspecciones sobre la fabricación y comercialización de productos pirotécnicos.
El Sistema de Inteligencia Nacional hará pruebas de confiabilidad con polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a servidores que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Se establecen además operativos para fiscalizar insumos químicos utilizados en la elaboración de drogas.
En materia judicial, el decreto fortalece las unidades de flagrancia para mejorar la respuesta judicial inmediata y otorga medidas de seguridad especiales a fiscales y jueces involucrados en casos de criminalidad.
Demanda
Jerí informó la decisión en un contexto marcado por la movilización de la ‘Generación Z’, que tomó el espacio público bajo la insignia de One Piece como emblema de oposición al crimen organizado y a la crisis institucional.
Los reclamos se enfocan en el Ejecutivo que encabeza el sucesor de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada por el Parlamento. Las fuerzas de seguridad respondieron con acciones que resultaron en más de 100 heridos, tanto entre civiles como agentes, además de una víctima fatal (Eduardo Mauricio Ruiz, un rapero de 32 años).
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el autor del disparo que mató al músico, conocido como ‘Trvco’, fue el suboficial Luis Magallanes, quien se encuentra internado en un hospital por politraumatismo y fue notificado allí de su detención.
