La administración del presidente interino Jose Jerí ha hecho oficial este martes nuevas restricciones a las visitas en los penales de Lima y la provincia vecina del Callao, además de la implementación de un “apagón eléctrico” en las celdas, como parte del estado de emergencia decretado para estas jurisdicciones por los próximos 30 días.
El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, firmado por el mandatario y publicado en el diario oficial El Peruano, establece varias medidas para enfrentar la criminalidad organizada y reforzar el control en los centros penitenciarios.
Según la normativa, los internos bajo régimen cerrado ordinario accederán a una visita semanal. En el caso del régimen cerrado especial, se permitirá una visita cada quince días. El ingreso se limita a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
El decreto indica que se efectuará un «apagón eléctrico» en las celdas y ordena retirar y destruir antenas de telecomunicaciones ilegales, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La declaratoria determina el refuerzo de las unidades de flagrancia y la aplicación de medidas de seguridad especiales para jueces y fiscales vinculados a investigaciones sobre criminalidad. Durante el periodo vigente, la Policía Nacional (PNP) asume la protección de estos funcionarios.
Como parte del control territorial, el documento dispone patrullajes conjuntos entre la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo municipal, entidades que realizarán operativos para decomisar armas, ubicar personas con requisitoria y revisar la fabricación, comercialización y uso de pirotécnicos.
El plan prohíbe, además, el traslado de dos adultos en motos lineales, “modalidad frecuente en robos y raqueteos”. En relación con los mercados ilegales, el Comité de Fiscalización llevará a cabo operativos en zonas con venta de drogas, trata de personas, comercialización de armas y venta informal de equipos de telefonía móvil.
Las líneas asociadas a casos de extorsión o secuestro serán suspendidas y dadas de baja conforme a la normativa vigente. El decreto también incluye controles de identidad para extranjeros sujetos a procedimientos administrativos especiales y pruebas de confiabilidad con polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El estado de emergencia exige la instalación de comandos temporales encargados de coordinar la protección de instituciones públicas y atender zonas con altos índices delictivos. Se autoriza además la revisión de vehículos con documentación adulterada y su traslado a depósitos oficiales. El sistema nacional de inteligencia asume la tarea de reforzar estos controles.
Demanda
Jerí informó la decisión en un contexto marcado por la movilización de la ‘Generación Z’, que tomó el espacio público bajo la insignia de One Piece como emblema de oposición al crimen organizado y a la crisis institucional.
Los reclamos se enfocan en el Ejecutivo que encabeza el sucesor de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada por el Parlamento. En respuesta, las fuerzas de seguridad desplegaron operativos que dejaron más de 100 personas heridas, entre civiles y agentes, además de una víctima fatal.
Boluarte, en su gestión, implementó acciones parecidas que no dieron resultados ante el avance de la delincuencia y el crimen organizado. Según analistas, la declaratoria decretada por Jerí busca frenar protestas antigubernamentales, como la prevista para este sábado 25.
