Los bloqueos no comenzaron por un solo motivo. Esta semana, Boyacá vive una doble protesta, por un lado, los pequeños mineros del carbón cerraron importantes corredores viales; por otro, campesinos de zonas de páramo también salieron a manifestarse. El común denominador es el reclamo por decisiones gubernamentales que, aseguran, están dejando a sus territorios sin alternativas económicas reales.
Los cierres en Paipa y Ubaté, puntos estratégicos para la conexión entre Tunja y Yopal, así como entre Bogotá y Chiquinquirá, comenzaron el lunes 4 de agosto. Los lideran mineros artesanales del carbón que denuncian haber sido excluidos de la agenda energética del país, en medio de la apuesta oficial por la transición energética. El impacto económico ya se siente. Según el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, las pérdidas diarias por las interrupciones en la movilidad podrían superar los $6.000 millones.
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Uno de los puntos centrales de la protesta es la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel, un mercado que, si bien representó solo el 5% de las ventas externas en 2024, generó USD55 millones hasta mayo de 2025.
“Si bien no exportamos el carbón desde Paipa, los que sí lo hacen nos liberan mercado (…) no exportarlo da un mensaje de inestabilidad jurídica para las empresas extranjeras interesadas en el carbón colombiano”, advirtió Yolman Pedraza, gerente de la Cooperativa Agrominera de Paipa.
El segundo reclamo apunta al uso limitado de las plantas termoeléctricas, cuya operación disminuyó por el repunte de los embalses tras la temporada de sequía. Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, no es viable activar las plantas térmicas en este momento: “Prender las plantas de generación termoeléctrica está entre los pliegos de los mineros de Boyacá, esto para que puedan vender su carbón. Pero eso no lo podemos hacer ahorita”, dijo durante un debate de control político en el Senado.
Desde el sector energético, la postura es clara, el uso del carbón como fuente de energía está en retroceso. El exministro de Minas, Andrés Camacho, explicó que las plantas térmicas solo entran en funcionamiento cuando las hidroeléctricas no alcanzan a cubrir la demanda.
“Se despachan las más económicas y las térmicas solo actúan de respaldo. En este momento tenemos embalses llenos, así que la mayor producción es con hidroeléctricas. El mismo mercado irá sacando las térmicas, especialmente a carbón”, afirmó a La República.
Camacho también planteó que el país necesita pensar más allá del carbón, y que la salida para los mineros debe ser una transición laboral con enfoque productivo: “Pasar a otra industria como por ejemplo la de aceros y herrajes. Boyacá es fabricante de carrocerías, todo eso hay que potenciarlo. La venta del carbón está cayendo a nivel global, es una realidad que no depende ni siquiera de los gobiernos, es un tema del mercado internacional”.
Mientras tanto, en otras zonas de Boyacá, se sumó otro frente de protesta. Campesinos del páramo bloquearon varias vías en rechazo a la nueva delimitación de la frontera agrícola. Alegan que esta medida afecta directamente su posibilidad de trabajar la tierra, al prohibir cultivos en zonas consideradas de páramo, incluso cuando no hay presencia de frailejones ni evidencia técnica clara.
Aunque las leyes 1753 de 2015 y 1930 de 2018 establecen que el Ministerio de Ambiente debe basar la delimitación en estudios del Instituto Humboldt, los campesinos denuncian que los límites se están imponiendo sin diálogo ni rigor. La medida paraliza actividades agrícolas en terrenos que han sido productivos por generaciones.
La Federación del Carbón respalda a los mineros, pero no el paro
Desde la Federación Nacional de Productores de Carbón hay comprensión hacia la situación de los pequeños mineros, pero no apoyo a los bloqueos. “No le conviene a nadie, solo agrava la situación económica en las regiones productoras”, declaró su presidente, Carlos Cante.
En paralelo, Fenalcarbón insistió en la necesidad de evitar la estigmatización de la minería de carbón. Sostienen que la actividad aún tiene un papel que cumplir mientras se avanza hacia energías más limpias, y advierten que las cargas tributarias y los elevados costos logísticos están minando la competitividad del sector antes de que exista una alternativa viable para las comunidades.
