Desde que se firmó el acuerdo con las Farc-EP, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado la tarea de administrar justicia transicional, que incluye la sanción y el reconocimiento de los crímenes más graves y representativos del conflicto armado colombiano antes del 1 de diciembre de 2016.
Precisamente, a través del auto 704 de 2025, la JEP reconoció a 104 hombres como víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Colombia.
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En el documento se informa que los hechos expuestos se registraron durante un lapso de más de 10 años en varias regiones del noreste del país.
“La acreditación como víctimas se realizó en el subcaso 02 del Caso 11, y en el subcaso Magdalena Medio del Caso 08, por hechos de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado ocurridos entre 1998 y 2009 en Bolívar, Magdalena y Córdoba”.
De la misma forma, aclararon que el reconocimiento de las 104 víctimas de violencia sexual y de género, hace parte de la condición de los afectados en calidad de interviniente especial en el marco del Caso 11, subcaso 2 y el Caso 08, subcaso Gran Magdalena.
Durante las sesiones, las víctimas reconocidas, que fueron violentadas por los grupos armados, revelaron que estas estructuras criminales tenían un lineamiento de castigos, entre los que se incluía abusar sexualmente de los que no cumplieran con sus peticiones.
Entre las víctimas reconocidas hay un grupo que eran niños en el momento que se registraron los abusos; además, la JEP confirmó que fueron violentados con mecanismos de castigo, humillación y dinámicas de poder de género por parte de sus victimarios.
Entre las víctimas, 19 tenían entre cinco y 14 años, y 16 eran adolescentes de entre 13 y 18 años, mientras que los demás eran adultos que fueron retirados de sus tierras o involucrados en el conflicto.
La sala de reconocimiento comprobó que la mayoría de las víctimas guardaron silencio durante varios años por miedo o vergüenza; además, expuso que quienes denunciaron los abusos sexuales, recibieron respuestas indolentes por parte de los órganos de control, que solo reportaron el desplazamiento forzado.
Desde la JEP analizaron el accionar de los victimarios para identificar que, en casos de reclutamiento forzado, buscaban que los afectados terminaran mostrando una faceta más violenta.
“Atacaban la masculinidad de las víctimas mediante prácticas orientadas a humillar, someter y despojarlas de atributos socialmente asociados a la virilidad, reforzando un modelo de masculinidad hegemónica, dominante y violenta”, es parte del comunicado.
Es por ello que uno de los magistrados del caso destacó la valentía de los denunciantes. “Sin el valor de los hombres víctimas que, enfrentando las cargas culturales que imponen su silencio, decidieron relatar sus experiencias a la JEP y reclamar su derecho a participar”, indicó el funcionario.
Debido a lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá indicó que estos casos deben recibir una atención especial por la implementación de violencia sexual contra adultos y niños, puesto que se identificó que uno de los motivos de las agresiones era por “su condición de ser hombres”.
Desde la JEP indicaron que el reconocimiento de estas víctimas también es importante para identificar los comportamientos que tenían al interior de los grupos armados para violentar a población civil y menores reclutados.
“Permite visibilizar patrones, causas, consecuencias e impactos diferenciados de la violencia sexual relacionada con el conflicto armado en hombres y niños, identificados en su mayoría como heterosexuales”.
De la misma forma, indicaron que la exposición de los casos se ajusta a los estándares internacionales, con los que se busca reconocer y proteger a todas las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
