En medio de la creciente preocupación por la seguridad de líderes políticos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció el viernes 20 de junio que reforzará los esquemas de seguridad de seis candidatos presidenciales. La decisión busca garantizar condiciones adecuadas para las campañas de cara a las elecciones de 2026.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, informó que los beneficiados serán Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Claudia López, David Luna, y Gabriel Jaime Vallejo. Además, la precandidata Vicky Dávila recibirá también refuerzo de seguridad mediante la Policía Nacional.
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Estas medidas llegan tras el atentado del pasado 7 de junio contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, que sufrió tres disparos y permanece en estado crítico. La familia del político denunció que la UNP rechazó más de veinte solicitudes previas de reforzamiento, lo que desató un escándalo por posibles fallas u omisiones en su protección.
Las autoridades, en cabeza del ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, activaron un comité interinstitucional para supervisar este nuevo esquema de seguridad. Según Benedetti, la intención es asegurar “las garantías y seguridad para los precandidatos y el proceso electoral”. La medida hace parte del Plan Democracia, un programa extraordinario que la UNP ya implementaba tras los riesgos identificados después del ataque contra Uribe Turbay.
El atentado despertó un debate nacional sobre la eficacia de los esquemas de protección. El abogado de Miguel Uribe Turbay afirmó que desde 2023 su riesgo fue considerado “extraordinario”, pero la UNP no reforzó su esquema incluso después de que asumiera formalmente su precandidatura en octubre pasado.
Rodríguez reconoció que el esquema de seguridad del senador era insuficiente, sólo contaba con siete escoltas y dos vehículos blindados, reducidos extrañamente a tres el día del atentado y la Fiscalía abrió una investigación para determinar si hubo infiltración o errores graves.
La situación obligó a recalibrar la protección de los aspirantes presidenciales. Ahora, con el respaldo de un esquema más robusto —coordinado entre Policía y UNP—, se espera que los principales aspirantes alcancen mayor nivel de protección.
El comité de seguridad, que se reunirá diariamente, tiene como meta evaluar el riesgo de cada aspirante, coordinar recursos y ajustar la respuesta a posibles amenazas. También se está fortaleciendo el “mapa de prevención” electoral, con inteligencia policial para anticipar riesgos durante actos proselitistas
Este nuevo énfasis en la seguridad política llega en un contexto delicado, la violencia y la desprotección pueden entorpecer la campaña presidencial y reavivar temores de violencia electoral, como ya sucedió tras el atentado contra Uribe Turbay.
Las próximas semanas serán cruciales, se espera mayor visibilidad de estos esquemas y la reacción de los aspirantes, la Policía, la Fiscalía y la UNP. La pregunta clave es si este reforzamiento logrará restaurar la confianza de los candidatos y garantizar la integridad del proceso democrático.
Los resultados de la reunión
Durante el encuentro del 20 de junio, más allá de los anuncios públicos, se establecieron las líneas de acción que marcarán el operativo de protección electoral más ambicioso en años recientes. La reunión no solo congregó a los altos mandos del Gobierno y la Fuerza Pública, sino que sirvió para definir cómo se articulará, en tiempo real, la respuesta institucional ante cualquier amenaza que afecte el proceso democrático.
Una de las decisiones más relevantes fue la creación de una célula de inteligencia conjunta, alimentada por información del Ejército, la Policía, la UNP y organismos de control. Esta unidad será clave para perfilar riesgos, no solo de los candidatos más visibles, también de sus equipos de campaña, asesores, periodistas y actores regionales que participen en actos proselitistas.
El comité también acordó que los esquemas de seguridad dejarán de ser uniformes, cada candidato tendrá un análisis de riesgo diferenciado, con refuerzos ajustables semana a semana. En particular, se priorizarán las zonas donde hay alertas de presencia armada o disputas territoriales.
Otro aspecto discutido fue la activación de una línea directa entre la UNP y las campañas, para reportar incidentes sin intermediarios. La orden fue clara, eliminar demoras burocráticas y actuar con enfoque preventivo. Además, se planteó que los partidos deberán designar enlaces de seguridad que se integren a las sesiones del comité, y se les exigirá reportes periódicos de movimientos, rutas y eventos públicos.
