El Juzgado 48 Penal Municipal de Control de Garantías, en la mañana del 15 de octubre de 2025, negó la solicitud de la defensa de Sandra Liliana Ortiz Novoa, exconsejera para las Regiones salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por la medida de aseguramiento que había sido impuesta.
La decisión fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, que explicó que la decisión seguirá vigente mientras se adelantan las respectivas diligencias en su proceso.
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Sobre la integrante del partido Alianza Verde, que llegó a desempeñarse como representante de la Cámara por el departamento de Boyacá, se comunicó que: “La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, seguirá en detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público”.
El ente investigador recordó la fecha en la que se dictó medida de aseguramiento y explicó las razones por las que la petición fue denegada.
“Un juez penal de control de garantías de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a la exfuncionaria el 18 de diciembre de 2024, rechazó los argumentos presentados por la defensa, con los que buscaba revocar dicha determinación, y señaló que la Fiscalía ha demostrado que la procesada todavía representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el proceso penal”, comentó la entidad.
Vinculación al caso de Sandra Ortiz
Según el comunicado oficial, el 12 de octubre de 2023, la exfuncionaria habría transportado 1.500 millones de pesos en una maleta desde un apartamento ubicado en el centro de Bogotá hasta el norte de la ciudad, utilizando un vehículo oficial, con el objetivo de entregarlos a Iván Name Vásquez.
Este episodio se da en medio de la macroinvestigación que conduce un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Los investigadores sostienen que la entrega se realizó tras recibir el dinero de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, involucrando directamente a la exfuncionaria que figura como presunta responsable.
La exfuncionaria, y mujer que se posesionó como consejera de las Regiones bajo el Gobierno de Gustavo Petro, paso a enfrentar cargos desde el mes de septiembre por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según lo reseña la Fiscalía, su actuación se habría desarrollado dentro del entramado de irregularidades de contratación detectadas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
“Ante una juez penal especializada de Bogotá, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la macroinvestigación por las irregularidades de contratación en la Ungrd, explicó que, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, señala textualmente el comunicado de la Fiscalía General de la Nación, en el momento en que se confirmó el vínculo de Ortiz con este proceso.
Estas actuaciones refuerzan las sospechas sobre una red estructurada para el desvío de recursos públicos en puntos específicos del país, mientras que Sandra permanece bajo investigación formal por su presunto rol en el esquema de corrupción detectado en la gestión de la entidad.
