Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), confirmó en una entrevista con W Radio que el organismo no encontró autorización ni comisión oficial para el viaje a España realizado por el exdirector de Inteligencia Isaac Beltrán, lo que elevó la gravedad de la controversia.
Sus declaraciones revelaron vacíos internos y reforzaron las dudas sobre un posible uso indebido de funciones en la reunión que Beltrán sostuvo en Europa con Diego Marín Buitrago, señalado de liderar redes de contrabando y conocido como alias Papá Pitufo, actualmente con un proceso de extradición suspendido en Portugal.
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Las declaraciones evidenciaron contradicciones internas y reforzaron las dudas sobre un eventual uso indebido de funciones en la reunión que Beltrán sostuvo en Europa con Diego Marín Buitrago, señalado de liderar redes de contrabando y conocido como alias Papá Pitufo, actualmente con un proceso de extradición suspendido en Portugal.
Durante la conversación con el medio, Lemus explicó que la entidad actuó de manera inmediata al conocer la situación y que ya existe una denuncia penal contra Beltrán por los presuntos delitos de usurpación de funciones y extralimitación en el ejercicio de su cargo.
“Nosotros incluso hablamos con la señora fiscal y coincidimos en lo mismo”, afirmó, señalando que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, también manifestó su sorpresa y molestia frente al viaje no reportado.
El director recalcó que tras revisar los archivos internos, “no hemos encontrado la comisión clara de la ida de él a España”, una afirmación que calificó como reservada, pero que decidió revelar por la gravedad del caso.
Lemus también fue consultado sobre una versión que circuló en sectores políticos: que Beltrán habría actuado amparado en un permiso directo del presidente Gustavo Petro. El director del DNI negó cualquier posibilidad de que este escenario fuera cierto.
“El presidente es muy claro. Él nunca dio esa instrucción, nunca dio esa autorización en ningún momento”, dijo. La aclaración, que desmonta uno de los argumentos que Beltrán habría insinuado para justificar su actuación, dejó expuesto un vacío institucional y un posible uso personal o indebido del cargo para interactuar con un individuo investigado por delitos transnacionales.
El episodio generó una fuerte reacción en la Fiscalía. Camargo había expresado un día antes su desconcierto frente a la actuación del exfuncionario y se mostró crítica por lo que consideró una intromisión en procesos que no le competían.
Según ella, la reunión sostenida por Beltrán no solo vulneraba la arquitectura institucional que separa la inteligencia estratégica de negociaciones judiciales o investigativas, sino que podía interferir en trámites sensibles como solicitudes de extradición, cooperación internacional o avances en investigaciones por crimen organizado.
Camargo también advirtió que nunca fue informada de ese viaje y que se enteró únicamente cuando la prensa reveló el encuentro.
Para la Fiscalía, este tipo de actuaciones no autorizadas pueden afectar la confianza entre entidades encargadas de la seguridad nacional, la lucha contra el crimen y la investigación penal.
En ese sentido, relató que se sintió “vulnerada” institucionalmente y que el episodio configuraría un precedente riesgoso, pues ningún agente de inteligencia tiene facultades para adelantar conversaciones con personas investigadas sin coordinación interinstitucional y sin un marco jurídico claro.
Tras las declaraciones de Lemus, la tensión entre el DNI y la Fiscalía quedó aún más expuesta. Por un lado, el organismo de inteligencia aseguró que actuó con transparencia interna y que tomó medidas inmediatas al detectar anomalías.
Por el otro, la Fiscalía planteó que se trató de un caso que amerita sanción ejemplar por el impacto que puede generar en procesos judiciales en curso.
La incertidumbre alrededor de los motivos del viaje, la ausencia de registros oficiales y las contradicciones sobre quién autorizó o conoció la reunión han alimentado la preocupación sobre debilidades en los controles internos y en los protocolos de seguimiento a los funcionarios de los organismos de inteligencia.
Su proceso de extradición, en pausa por decisiones judiciales en Portugal, es seguido con atención por agencias colombianas y extranjeras.
