El proceso judicial contra el exsenador del Partido de la U y exviceministro del Interior, Carlos Roberto Ferro, avanza hacia una nueva fase luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ratificara la acusación en su contra por el presunto delito de concusión.
La decisión mantiene en firme los cargos y abre el camino para que el caso pase a juicio en la Sala de Primera Instancia del alto tribunal.
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Según el expediente, Ferro habría exigido a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) la entrega de una parte de su salario como condición para mantener su contrato.
Los recursos, de acuerdo con la acusación, habrían sido destinados al pago de aportes a salud y pensión del excongresista.
La defensa del exsenador había solicitado la nulidad del proceso, argumentando que se habían presentado irregularidades en la actuación judicial, vulneraciones al debido proceso y, además, que la acción penal debía declararse prescrita.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que no existieron fallas procesales ni violaciones a las garantías fundamentales del acusado, y rechazaron también la solicitud de prescripción.
“No se evidencian irregularidades sustanciales que afecten la validez de la actuación ni vulneraciones al derecho de defensa”, señaló la Sala de Instrucción en su decisión en la información de W Radio.
Con esta determinación, el expediente fue remitido a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, que realizará el reparto del caso para designar al magistrado ponente.
Posteriormente, se convocará la audiencia preparatoria y el juicio público, en el que se escucharán los alegatos finales antes de emitir una sentencia sobre la responsabilidad penal del exsenador.
La denuncia que originó el proceso
El caso se originó en marzo del 2024, cuando la Corte Suprema abrió una investigación formal contra Ferro por el presunto delito de concusión.
La denuncia fue interpuesta por Roque Julio Díaz, quien aseguró que el entonces senador lo obligó a entregar parte de su salario para poder permanecer en la nómina de su Unidad de Trabajo Legislativo.
Díaz señaló que la exigencia se hacía bajo el argumento de que el dinero se destinaría a completar las semanas de cotización necesarias para que Ferro accediera a una pensión.
De acuerdo con la investigación, el denunciante aceptó aparecer en la nómina, pero el dinero era entregado a personas cercanas al exsenador, lo que configuraría un abuso de poder.
La figura de la concusión, contemplada en el Código Penal colombiano, se aplica a los casos en los que un funcionario público exige dinero o dádivas aprovechándose de su cargo o autoridad.
Un expediente con antecedentes graves
El caso también ha sido vinculado con un hecho violento ocurrido en 2009, cuando fue asesinado Segundo Eduardo Díaz, hermano del principal testigo. De acuerdo con documentos judiciales, el patrullero Jhon Harold Arias, quien integró el esquema de seguridad de Ferro, habría tenido alguna participación en ese homicidio.
Adicionalmente, el exsenador enfrenta otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito, debido a un incremento patrimonial injustificado durante su paso por la función pública.
El recuerdo de la “comunidad del anillo”
El nombre de Carlos Roberto Ferro ha sido mencionado también en el contexto de la llamada “comunidad del anillo”, una red de prostitución masculina que operaba al interior de la Policía Nacional y que fue revelada en 2015 por la entonces periodista Vicky Dávila.
En su momento, el capitán Ángelo Palacios, testigo principal de ese escándalo, declaró ante la Procuraduría que sostuvo reuniones con Ferro mientras este ejercía como viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
La polémica derivó en la renuncia de Ferro a su cargo en febrero de 2016, luego de que se difundiera un video en el que sostenía una conversación de carácter sexual con un miembro de la Policía. Aunque el exfuncionario negó haber participado en una red de prostitución, el episodio lo apartó de la vida pública.
