Todo fue rápido. El empresario, de 51 años y cofundador de un centro comercial, recibió una llamada telefónica de un supuesto integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) que le exigía US$30.000 a cambio de no revelar información sensible.
Antes de cortar la comunicación, le dijo que la entrega del dinero debía ser ese mismo día y en un local de comidas rápidas del partido bonaerense de San Martín. Una zona que la víctima conocía y que tenía un alto flujo de circulación de personas.
El empresario víctima de la extorsión no perdió el tiempo e hizo una denuncia. La causa quedó a cargo de la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, quien ordenó hacer una “entrega controlada” del dinero exigido por el supuesto integrante de la fuerza policial federal.
El secretario penal Hernán Roncaglia solicitó la colaboración de personal de la División Operaciones Judiciales de la PFA para llevar adelante el operativo.
Cuando el empresario fue a la cita para entregar el dinero exigido, el operativo de los uniformados ya estaba montado.
Los sospechosos, un hombre y una mujer joven, llegaron en un auto negro. Después de una breve charla, el empresario les entregó un sobre de papel madera donde había guardado el dinero.
“Una vez observado el pago, se sacó rápidamente de la escena al damnificado y se procedió de inmediato a la detención de los sospechosos”, informaron fuentes de la PFA.
Por orden de la jueza, los uniformados secuestraron el dinero entregado por la víctima y los teléfonos celulares de los sospechosos.
El operativo fue bautizado por la PFA como “una cajita no feliz”, en referencia al clásico producto del local de comidas rápidas donde fue citado el empresario víctima de la extorsión.
Los sospechosos fueron indagados y quedaron detenidos, informaron a LA NACION fuentes judiciales. La identidad de la víctima se mantiene en reserva.
