La familia de la alférez Ashley Vargas, desaparecida el 20 de mayo durante un vuelo de instrucción en la base de Pisco y hallada sin vida 16 días después, intensificó sus cuestionamientos contra la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y evalúa presentar una denuncia penal por presunto homicidio simple, al considerar que existen indicios de dolo y encubrimiento en las circunstancias del accidente.
En declaraciones a Canal N, el abogado y tío de la víctima, José Ocampo, lamentó el desenlace del caso y remarcó el sufrimiento prolongado de la familia, que durante semanas mantuvo la esperanza de encontrar con vida a Ashley. “Es un final muy triste porque la familia siempre tuvo la esperanza de encontrar con vida a Ashley Vargas, pero con el pasar de los días se apagaba la esperanza. A esta altura ya estamos conformados con la entrega del cuerpo para darle cristiana sepultura”, sostuvo.
Agradeció y destacó el apoyo de la Marina de Guerra, a la que calificó de “demostrar que responde en primera línea”, marcando distancia de la FAP, a la que responsabilizó por la demora en la información y la ejecución de los protocolos tras el accidente. “El manejo lo tiene la FAP, todas las coordinaciones las han hecho ellos y ellos son quienes reciben la información”, afirmó.
Entre los cuestionamientos, el letrado develó que sospechas sobre el funcionamiento y certificación del asiento del avión de la FAP que debía proteger a la tripulación en caso de accidente y ratificó la evaluación de la denuncia penal en contra de la institución. También cuestionó por qué no se activó correctamente el dispositivo localizador de emergencias del avión, ya que, según los especialistas consultados, dicho equipo debió haberse activado rápidamente.
En ese sentido, ratificó que continuarán con la denuncia contra la FAP. “Yo tengo una teoría y es que quien tiene las certificaciones del asiento puede […] generar la muerte de alguien. Entonces, eventualmente, eso es un dolo inicial que calificaría en un homicidio simple. Todo dependerá de las pruebas y la postura de la fiscalía”, enfatizó.
Asimismo, adelantó que instará que los documentos sean entregados por las fuentes originales a fin de evitar manipulaciones: “Yo voy a pedir que el fabricante nos haga llegar directamente a la fiscalía para que no se manipule evidencia. La fiscalía es el ente rector; entonces, ellos tienen que peritar ese asiento, llamar a los expertos y pedir información porque eso garantiza la vida de la persona”.
Días antes, el abogado de la familia ya había criticado duramente la gestión que la institución realizaba para ubicar a la oficial de 24 años. Señaló que existen serias dudas sobre la transparencia y eficacia en las operaciones. “Primero localizaron la aeronave y no el cuerpo de la oficial. Seguimos enfrentando obstáculos y la FAP no ha sido clara ni ha permitido participación directa en los trabajos de búsqueda”, manifestó en Exitosa.
La indignación creció tras conocer que las búsquedas se realizan sin autorización de acceso para los representantes de la familia ni de la Fiscalía Corporativa de Pisco. El abogado acusó a la FAP de realizar los operativos “a escondidas” y expresó preocupación por la resolución de Capitanía que restringe el acceso de embarcaciones civiles a la zona del accidente.
“Esa cadena de custodia de las pruebas que se deben obtener en el lugar del hecho lamentablemente puede ser manipulada, trastocada, escondida, y no tenemos aquí certeza de que haya objetividad, de que haya una cadena de custodia que nos permita llegar a la verdad”, advirtió.
