La oposición en la Cámara de Diputados insiste en la creación de una comisión investigadora del caso del fentanilo adulterado, que ya provocó casi un centenar de muertos en distintas provincias del país. El oficialismo se muestra contrario a la iniciativa, pero la diputada de Pro Silvia Lospennato, presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, convocó a este cuerpo para el martes próximo para discutir las iniciativas ya presentadas.
Los opositores buscarán acelerar el tratamiento del tema y no se descarta plantearlo en la sesión de hoy luego de que la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, presentara un proyecto que reúne firmas de distintos bloques y que, en líneas generales, propone crear una comisión bicameral investigadora. Su iniciativa se suma a las que ya presentaron Silvana Giudici (Pro), Pablo Juliano (Democracia) y Jorge Araujo (Unión por la Patria), aunque estas últimas circunscriben la comisión investigadora a la Cámara de Diputados.
“La magnitud y gravedad de los hechos imponen a este Honorable Congreso el deber ineludible de intervenir mediante la conformación de una comisión especial bicameral con facultades amplias de investigación –argumentó Tolosa Paz-. El episodio no constituye un hecho aislado, sino el emergente de una cadena de fallas —o directamente de ausencias— en los mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad de sustancias de alto riesgo sanitario”, planteó la legisladora, que contó con el apoyo de todo su bloque y de los diputados Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó y Nicolás Massot y los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein.
En su proyecto, la diputada Tolosa Paz propone que la comisión investigadora –a conformarse con ocho senadores y ocho diputados- se aboque a identificar la responsabilidad que compete a cada una de las partes involucradas: los laboratorios productores o fraccionadores, las distribuidoras, los efectores de salud que recibieron y administraron el fármaco, y los organismos estatales encargados de autorizar, fiscalizar y sancionar. Propone un plazo de 90 días para la investigación.
Como ya anticipó LA NACION, el oficialismo se muestra renuente a que en el ámbito legislativo se conforme una comisión investigadora que pueda exponer al ministro de Salud, Mario Lugones, quien la Casa Rosada salió a defender ayer frente a las críticas a su gestión. Sucede que bajo la órbita de la cartera de salud se encuentra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), responsable del control sobre HLB Pharma, presuntamente responsable de la contaminación del fentanilo detectado en las víctimas fatales.
“No presentó la renuncia y estamos convencidos que no tuvo ninguna responsabilidad”, aseguró ayer el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
La semana pasada los distintos bloques, incluido el oficialismo, elevó al Ministerio de Salud un exhaustivo pedido de informes para conocer los pormenores del caso. El texto aprobado busca establecer la magnitud real del brote, la identificación de los lotes contaminados, el grado de responsabilidad empresarial y estatal y las medidas de control que se tomarán para evitar que una tragedia así se repita. Todavía no hay respuestas del Poder Ejecutivo.
