El viernes pasado, ante el juez y la fiscal federales que investigan las consecuencias del uso de fentanilo contaminado en una cantidad de casos aún por definir, el dueño del laboratorio que comercializó el medicamento apuntó contra un excolaborador y dijo que, en diciembre, cuando se elaboraron los lotes de fentanilo, había iniciado las presentaciones en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para cerrar HLB Pharma y trasladar el negocio a Laboratorios Ramallo.
En la sede del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Ariel García Furfaro declaró ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal federal María Laura Roteta. Lo hizo asistido por su abogado Gastón Marano. Según pudo reconstruir LA NACION, el abogado y comerciante –como se describe– también fue contra la Anmat, respaldó al personal contratado en la planta de Ramallo y refirió que “solo conocía a dos o tres” de HLB, empresa que había adquirido en 2017 y por la que este año podría tener que enfrentar un juicio oral.
“Yo me dedicaba a lo comercial con [la droguería] Alfarma, a la venta y a la compra de lo que era importación. En HLB, hasta octubre del año pasado, lo manejaba otra gente, Andrés Quinteros”, sostuvo a lo largo de las horas que fue indagado.
Se le imputa haber formado parte con 16 o más personas que trabajaban para las sociedades anónimas HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo de una cadena de decisiones sobre “la fabricación, la distribución, la venta, la omisión de recupero farmacéutico y la adulteración” de los lotes N° 31.202 y N° 31.244 de fentanilo marca HLB Pharma derivado para su elaboración en la planta de la firma Ramallo.
El lote 31.202 incluyó 154.530 ampollas producidas entre el 18 y 19 de diciembre del año pasado. Fue liberado para su comercialización el 4 de enero de este año. Su distribución a los hospitales y centros privados que compraron el producto se hizo a través de las droguerías Alpharma, del propio García Furfaro; Glamamed y Nueva Era, entre otras, con sedes en las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba.
El Hospital Italiano de La Plata, que fue el primero en notificar a la Anmat sobre la contaminación bacteriana de ampollas cerradas, había adquirido 10.000 ampollas en 10 cajas del lote 31.202. Ingresaron al stock del área de Farmacia el 1° de abril y, recién a los seis días, se empezaron a entregar a las unidades de terapia intensiva a medida que lo pedían los médicos.
El otro lote, incluía 151.430 dosis y se liberó del laboratorio para su venta a través de droguerías el 6 de enero. Pero en ambos casos, la adulteración durante la producción consistió en la contaminación del medicamento con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica, lo que fue comprobado en análisis realizados en el instituto Malbrán. El tribunal determinó que ese proceso de elaboración tuvo “múltiples falencias”, entre las que hubo “muchas” consideradas críticas y con “pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.
En la sede del juzgado, la semana pasada, todas las partes ya conocían la conclusión del Cuerpo Médico Forense sobre los primeros 20 fallecimientos relevados: el fentanilo no había causado de manera directa la muerte, pero había agravado el estado general de 12 de esos pacientes de manera fatal. Se le informó al imputado, según pudo reconstruir LA NACION, que el uso del medicamento en unidades de cuidados intensivos y quirófanos en diferentes provincias desde marzo terminó con la muerte, por el momento, de los 20 casos analizados por la junta médica. Son 134 los casos investigados, de acuerdo con las historias clínicas incluidas en el expediente.
Para el juzgado y la fiscalía federales intervinientes, García Furfaro es el dueño de HLB Pharma y el propietario y gerente “oculto” de Laboratorios Ramallo. En sede judicial, mantuvo la versión que había manifestado ante LA NACION. Dijo que se enteró el 8 de mayo por la droguería Nueva Era de que el producto estaba teniendo efectos adversos –habló de fiebre– en pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata, adonde fue con el abogado Sebastián Nanini, colaborador del intendente Mario Ishi, de José C. Paz, a quien le había vendido HLB Pharma. Ese día, la Anmat emitió su primera alerta.
García Furfaro sostuvo que no pudo avanzar con el retiro del producto del mercado por la denuncia penal que la Anmat formalizó el 12 de mayo ante la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal. Señaló que las ampollas secuestradas en Laboratorios Ramallo eran las 60.000 del lote N° 31.202 que le había enviado la droguería Glamamed el 9 de mayo, un día después del aviso público del organismo regulatorio que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Planteó que la Anmat conocía lo que sucedía en el Hospital Italiano de La Plata por las comunicaciones que desde ese centro se hicieron el 2 y el 5 de mayo, pero no les dio aviso.
“En noviembre, vinieron tres horas a inspeccionarnos”, sumó García Furfaro sobre los controles efectuados por el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) a cargo entonces de Gabriela Mantecón Fumadó, funcionaria que fue desplazada la semana pasada. “En tres horas –continuó–, no pueden ponernos esa cantidad de advertencias [por las observaciones de incumplimientos con buenas prácticas de producción]. No les dio el tiempo para escribir. Vinieron a clausurar. Tuvimos muchos problemas con sueros, pero no este tipo de problemas”.
Refirió, como publicó LA NACION, que por ese motivo hubo un encuentro en la sede de la Anmat un mes antes de que el organismo emitiera una carta de advertencia, como declararon las funcionarias. Fue en enero y con la administradora nacional, Agustina Bisio. “Habré ido dos veces a la Anmat. El resto de las veces iba [Andrés] Quinteros. Ahora entiendo por qué no me salían los certificados [para producir medicamentos que adquiría de otras firmas, como Surar Pharma, clausurada desde 2015]. Yo creo que me generaron este lío a propósito”. Quinteros fue diputado bonaerense por el Frente para la Victoria y García Furfaro le atribuyó haberse ocupado de las gestiones ante la agencia regulatoria “los últimos seis años”.
También, en las casi seis horas que duró su declaración, insistió en pedir que se investigue cómo se contaminaron las ampollas con bacterias, específicamente por las Klebsiellas, que son gérmenes nosocomiales multirresistentes.
“Anmat nos quería cerrar”, lanzó, y dedicó una parte de las seis horas que habló ante el juez a decir por qué “quería” estar preso. “Aparte de saber qué pasó con la gente, con las víctimas, tengo 30 trabajadores que están al borde del suicidio”, manifestó y calificó de “gente espectacular” a los dos directores técnicos de los laboratorios. “Si algún empleado mío hizo una maldad, yo me hago responsable, pero son gente de trabajo”, continuó. Sobre sus dos hermanos, que están detenidos, expresó que “son pibes laburantes”.
Hacia el final, en una declaración en la que volvió con la afirmación de que el ministro de Salud, Mario Lugones, había ordenado a la Anmat el cierre del laboratorio, García Furfaro planteó que todos los lotes de la campaña de fentanilo de diciembre deberían haberse contaminado con las bacterias. “Esa parte es la más difícil. Todos estamos pensando qué pudo haber pasado”, dijo. “Entre lote y lote se desinfectaba todo. Limpieza. Tenemos autoclave que miden media cuadra. Se desinfecta. Todos los años, hay que parar y hacer todo de nuevo. Todo lo que se necesitaba se compraba, en eso no se mezquinó nunca”, agregó, hacia el final, en respuesta a la fiscalía.
