Mientras las muertes por fentanilo mortal se suceden y las sospechas de más fallecimientos por esa causa se levantan, el frente judicial suma nuevos actores. Por un lado, el Ministerio de Seguridad se presentó en Comodoro Py con una denuncia penal por una cuestión administrativa. Al menos, llamativo movimiento.

Por el otro, en la causa penal que sigue Ernesto Kreplak en La Plata, el proceso original que tramita hace varios meses, se ha sucedido un desfile de nuevos querellantes que el juez acepta sin demasiado reparo. La Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Salud de la Nación y el grupo empresario que comandan Carlos Tita y Oscar Ruffinengo, vendedores de la droguería Alfarma a los hermanos Ariel y Damián García Furfaro son tres de los querellantes que se han presentado y el juez aceptó en la causa penal platense.

Lo llamativo de la decisión de aceptar querellantes es que algunos debieran tener otra figura. Por caso, el Ministerio de Salud, que contiene dentro de su estructura a la Anmat, el organismo regulador y contralor de la actividad, está más cerca de tener que sentarse a explicar que en el banquillo de los que acusan. Pero la causa, por ahora, lo tiene en el lugar de los que levantan el dedo acusador.

La denuncia del Ministerio de Seguridad no pasó desapercibida para quienes miran las estrategias judiciales. La pregunta es simple: ¿Por qué los hechos no se denunciaron en el juzgado de Kreplak? “Son cosas distintas”, se limitaron a decir. No son pocos los que dicen que podría empezar alguna discusión sobre la jurisdicción.

En esta nueva causa, concretamente contra HLB Pharma, el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich presentó una denuncia penal en la que acusó al laboratorio de haber presentado un certificado de habilitación municipal falso en el marco de un trámite ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre).

De acuerdo a fuentes oficiales, según consta en la denuncia, la firma intentó inscribirse para operar con sustancias químicas controladas, pero adjuntó un documento supuestamente emitido por la Municipalidad de San Isidro. Tras verificarlo, el municipio negó haber otorgado esa constancia. “La solicitud de inscripción de la empresa fue rechazada oficialmente y se dio intervención a la Justicia para que investigue posibles responsabilidades penales de la compañía y sus representantes”, contestaron desde oficinas cercana a Bullrich.

De acuerdo a documentos oficiales a los que accedió LA NACION, la Municipalidad de San Isidro se constató que no había registro de haber entregado dicha constancia el 18 de diciembre de 2023 y que había sido presentada por la empresa HLB Pharma, un laboratorio que está dentro del límite del municipio. De acuerdo a datos oficiales, esta planta funcionó entre marzo de 2013 y mayo de 2025 con una Autorización Provisoria de Funcionamiento.

En 2024 hubo varias intimaciones para que el HLB PHarma subsane documentación técnica, como los planos coincidentes, los protocolos de seguridad contra incendios, señalización de emergencia, protocolo de manejo de residuos especiales, entre otras cosas.

En mayo de 2025, cuando el país empezaba contar las muertes con fentanilo, y después de haber incumplido con los requerimientos documentales notificados en noviembre de 2024, el municipio procedió a revocarle el permiso mediante acto administrativo emitido por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia de Control de San Isidro. Todo ese proceso, que terminó con la presentación de una autorización falsa, es lo que se ventila en el juzgado de Sebastián Casanello, en Comodoro Py y a pedido del Ministerio de Seguridad.

Más querellantes en La Plata

El 23 de febrero de este año, la municipalidad de Rosario abrió el concurso de precios registrado bajo el número 2-73/2025, expediente 20731/25 cuyo objeto era la compra de psicofármacos y estupefacientes. Después de presentadas varias ofertas, se decidió que la provisión de fentanilo de 0,05 miligramos inyectable fuera adjudicada a la Droguería Nueva Era Rosario, que ofreció marca HLB.

Se trató de 300 ampollas que fueron recibidas el 21 de ese mes y esa recepción se documentó con el remito 0001-00172405 y la factura 0004-00079745. Así inició el camino de la muerte, del fentanilo mortal que ya se cobró 54 víctimas. La semana pasada, la Municipalidad de Rosario, compradora de esos lotes de muerte, se presentó como querellante en la causa y detalló varias relaciones que enlazan a los dueños del HLB Pharma con el “rey de la efedrina”.

Las principales acusaciones presentadas por los demandantes, según las fuentes proporcionadas, se centran en dos eventos graves relacionados con la salud pública y la seguridad. En Rosario aún está fresco el recuerdo de Laboratorios Apolo, un establecimiento que explotó, literalmente, y que causó la destrucción de varios domicilios linderos.

La Municipalidad dice que hubo irregularidades y negligencia en la producción de medicamentos en esa planta destrozada. “Estas irregularidades se vincularon directamente con una explosión ocurrida en sus instalaciones en la madrugada del 27 de junio de 2016, en la calle Alem 2900 de Rosario», dice la presentación de la Municipalidad. De acuerdo al relato que aporta, la explosión fue una grave deflagración causada por acumulación de vapor en una caldera industrial que terminó con cinco vecinos heridos y daños materiales a propiedades aledaña.

“Los responsables y/o accionistas, así como los directivos de las firmas Ramallo y HLB Pharma Group SA, tendrían vinculación directa y personal con la explosión de Apolo. Los directivos Ariel García Furfaro, Jorge Salinas, Damián García, Marcela Vozza, Jorge Gómez y Marcelo Ferré fueron imputados por delitos de estrago culposo agravado y lesiones culposas graves“, relata el documento mediante el que pidieron ser querellantes.

El gobierno municipal de Rosario compró medicamentos básicos para el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) a través de un concurso de precios registrado bajo el número de contratación 2-73/2025, expediente 20731/25 para la compra de psicofármacos y estupefacientes. Se adjudicó la provisión de FENTANILO 0.05 MG/ML inyectable a la Droguería Nueva Era Rosario SRL, que ofreció la marca HLB. La medicación suministrada estaba en una lista de pacientes con adulteración documentada.

“Las investigaciones iniciales presumen secuelas graves en los pacientes debido al suministro del medicamento comprometido. Se identificó un brote de Klebsiella pneumoniae meta-beta-lactamasa y Ralstonia picketi en la Unidad de Terapia Intensiva del HECA, el cual se asociaría a la adulteración del Fentanilo“, se lee en la acusación de la municipalidad.

Pero no todo queda en los hechos del laboratorio. El escrito, firmado por el intendente Pablo Javkin dice que hubo una «falta de una respuesta judicial y administrativa eficaz y proporcionada ante estos hechos, lo que permitió la reiteración de acciones riesgosas en el ámbito farmacéutico y generó un ciclo de impunidad”. Señala, además una falla sistémica de control a nivel estatal.

Finalmente, otro de los querellantes es grupo empresario que comandan Carlos Tita y Oscar Ruffinengo, vendedores de Alfarma a los hermanos García Furfaro. La operación se cerró el 3 de septiembre de 2019 por 350.000 pesos. En ese momento, el dólar tenía un valor de $58,49. Es decir, Alfarma se vendió por menos de 6000 dólares, siempre de acuerdo a la documentación que accedió LA NACION, un contrato firmado por todas las partes y certificado por el escribano Pablo Galván mediante el número de certificación 00482560. Casi una burla al sistema impositivo argentino.

El Grupo Tita es dueño de varios centros médicos en Rosario. El Sanatorio Nosti, la Mutual Abril (Sanatorio Diagnóstico) y La Casa del Médico Mutual (Hospital Italiano de Rosario) son aparte de este conglomerado empresario. Ahora son querellantes en la causa de La Plata.

Así las cosas, el frente judicial se complejiza. Mientras tanto, la causa no tiene a nadie detenido. Más aún, pese, a que las muertes ya superan las 70 personas, pues no avanzó con declaraciones indagatorias. La vida se le escabulló a los pacientes que les aplicaron el fentanilo mortal. No hay nadie responsable.