El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentará a la Mesa Directiva una propuesta para suspender la entrega de viáticos y pasajes gratuitos a congresistas y asesores durante las semanas de representación previas a las elecciones generales de 2026. La medida responde a recientes cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales y la participación de personal parlamentario en actividades del partido al que pertenece, Fuerza Popular.
“Mi propuesta era que en los meses de enero, febrero y marzo de 2026 los congresistas no cobren viáticos por la semana de representación, tampoco haya pasajes gratis para los congresistas ni sus asesores en la semana de representación, y tampoco los asesores puedan cobrar viáticos. De esa manera se evitarán malas interpretaciones sobre la posibilidad de uso de estos recursos en la campaña”, mencionó.
Agregó que la propuesta cuenta con el respaldo de la congresista Norma Yarrow, quien solicitó formalizar y aprobar la restricción en la Mesa Directiva. De implementarse, la medida impedirá que legisladores y asesores accedan a beneficios económicos ligados a la representación territorial durante la etapa de campaña.
La iniciativa surge en un entorno de críticas al manejo de personal y recursos parlamentarios. Una investigación de Cuarto Poder reveló que al menos tres militantes de Fuerza Popular —Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz— contratados por distintas oficinas y comisiones parlamentarias, desempeñaban funciones dentro del local partidario de Santa Beatriz, en el Cercado de Lima, durante el horario laboral.
El reportaje incluyó registros audiovisuales y testimonios que muestran la presencia de estos trabajadores en reuniones y coordinaciones internas del partido, pese a que debían cumplir funciones bajo supervisión legislativa. El local, según el dominical, mantiene actividad interna diaria desde primeras horas de la mañana y recibe a figuras del núcleo del partido, como Keiko Fujimori.
Diversas oficinas del Congreso en las que se encontraban registrados desconocían el paradero y las actividades de estos asesores. Por ejemplo, la legisladora Auristela Obando, a quien se le asignó oficialmente a uno de los señalados, declaró no conocer a su supuesto auxiliar, a pesar de que su nombre figuraba en planilla con un sueldo mensual superior a 3.500 soles. Una situación similar se observó con Ulloa Depaz, vinculada a una comisión técnica, quien tampoco fue identificada por sus colegas en ese grupo.
En paralelo, la agrupación afronta cuestionamientos tras el reciente fallo del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo (JEE), que determinó que Rospigliosi, como máxima autoridad parlamentaria, incumplió funciones de control luego de que una cámara institucional del Congreso se utilizara en un evento de lanzamiento de la candidatura de Keiko Fujimori en Trujillo.
El fallo también responsabiliza a Jaime Abensur Pinasco y Daniel Luza Amésquita, funcionarios del Congreso, por no evitar el retiro y uso del equipo en el mitin partidario. El JEE remitió el caso al Ministerio Público y a la Contraloría para posibles investigaciones formales.
En respuesta, Rospigliosi presentó un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Argumentó que “no existió un acto concreto que favoreciera o perjudicara a una organización política, sino más bien una presunta omisión”. El recurso fue admitido y está pendiente de resolución; en caso de confirmarse la infracción, podría derivar en una sanción administrativa y la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.
